La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció que la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Jimi Bremer tienen prohibido el ingreso a ese país.
Por Alexander Valdéz
Los funcionarios sumaron una nueva sanción internacional tras ser considerados por Estados Unidos como “actores corruptos y antidemocráticos”, luego de que Canadá anunció la imposición de restricciones en contra de ellos.
“Las sanciones de hoy se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y más allá. Las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder. Estas sanciones servirán para disuadir acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Arévalo”, anunció Joly.
#Urgente ? Canadá revela los nombres de los “actores antidemocráticos”sancionados
Los sancionados fueron: Consuelo Porras (fiscal general), Cinthia Monterroso (fiscal), Rafael Curruchiche (jefe de la FECI), Jimi Bremer (juez).
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 20, 2024
Según Canadá, a los funcionarios judiciales de Guatemala se les aplicó el Reglamento de Medidas Económicas Especiales, que impone una prohibición sobre las transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, congelando efectivamente cualquier activo que puedan tener en ese país. Las personas incluidas en la lista también tienen prohibido el ingreso a Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados.
Esas sanciones se suman a las impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, que vedó el ingreso a esos países por su participación en actos de corrupción e intentar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera llegaran al Ejecutivo.
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Las sanciones contra los funcionarios del MP y del Organismo Judicial (OJ) surgen ante constantes actos de criminalización dirigidos contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas, y periodistas; algunos en el exilio o enfrentando procesos penales por la fabricación de casos.
