Por Miguel Ángel Sandoval
El día primero de enero del año 2024, tuvo lugar un acontecimiento que puede ser definitorio de una nueva época de relaciones entre dos grandes componentes de la vida nacional. De un lado, las autoridades ancestrales de Totonicapán, y sus representantes aglutinados en los denominados 48 cantones, que recibieron el día de su cambio anual de autoridades, a la vicepresidente del gobierno nacional, electo de nuestro país, por la vía de las elecciones generales del 25 de junio y 20 de agosto de este año.
Las nuevas autoridades de los 48 cantones ratificaron su compromiso con la defensa de la democracia, del voto y de los resultados electorales. Y ello en sí, es portador de esperanzas para nuestro país pues el relevo de autoridades no deja lugar a dudas sobre el momento que se vive en los pueblos indígenas, pues saben que hay las condiciones para intentar construir una nueva relación con el poder central que viene de ser ratificado.
En otra perspectiva, la delegación del gobierno electo, encabezada por la vicepresidente Karin Herrera, hizo un reconocimiento explícito de la importancia que ha tenido y tiene, la participación de los pueblos indígenas. Quizás era necesario un poco de mayor puntualidad en los reconocimientos, pero a buen entendedor pocas palabras. Al grado que ya en las redes sociales la derecha dinosáurica, ya anda con la espada desenvainada, pues consideran inaceptable el nivel de la visita del nuevo gobierno a la ceremonia de investidura de las nuevas autoridades de los 48 cantones de Totonicapán.
A momento de escribir estas notas, veo un documento dirigido a la vicepresidencia de la república y la dirección del movimiento Semilla, que textualmente se titula: “Primeros pasos hacia la co-gobernanza en nuestro propio territorio. Hay Ejes programáticos y mecanismos hacia la plenitud de vida de los Pueblos”. En la lista de grupos que suscriben el documento hay una ausencia relevante: es la de los principales animadores del levantamiento indígena que desde octubre tiene lugar en todas las discusiones del país.
Me refiero a las alcaldías indígenas y centralmente a los 48 cantones, que constituyen la fuerza social que en el marco del levantamiento le dio perspectiva, no solo a el binomio electo, sino principalmente a la sociedad guatemalteca entera. La propuesta que refiero, da seguimiento a otras que ya se produjeron en los meses anteriores. No estaría fuera de análisis señalar que desde la firma del acuerdo de identidad y derechos del os pueblos indígenas-AIDPI-, hubo propuestas diversas, con más o menor asidero social, con más o menos sentido político. Pero sin duda, salvo la coyuntura excepcional de la firma de la paz, no había existido otro momento como el actual que permite hacer propuestas y pensar en un rumbo nuevo para las relaciones entre el poder y los pueblos indígenas. Es des claro que habrá que esperar las políticas concretas del nuevo gobierno para poder así establecer el rumbo que tendrán las relaciones entre pueblos indígenas y gobierno central.
Cuando hablo de una nueva época, por razones que, a quienes vivimos de manera intensa el 2023 no pueden escapar. Lo primero en el tiempo fue la victoria electoral muy sorpresiva del binomio Arévalo-Herrera impulsados por el partido Semilla. Y a continuación todas las maniobras imaginables para tratar de impedir que la victoria electoral del binomio ganador culminara con la asunción al poder de los legítimos ganadores de una elección con muchas anomalías, es cierto, pero contra todo pronóstico, que, además, fueron ganadas de manera categórica.
El colmo de ello fue la conversión del Ministerio Publico que, de un organismo creado para la persecución penal, se transformó en el perseguidor de los resultados electorales de una forma que rayó en el delirio represivo. Las imágenes de los agentes fiscales acompañados de policía llegando en zafarrancho, a las puertas del Tribunal supremo Electoral, para secuestrar, no en lenguaje figurado, los resultados electorales, indignaron a la ciudadanía entera.
