Pese a que Moto estuvo prófugo por su vinculación en dos casos de corrupción, el Ministerio Público de Consuelo Porras no siguió la persecución política en su contra, lo que dio pie a que la Corte Suprema de Justicia le concediera un amparo para que vuelva a administrar justicia.
Por Prensa Comunitaria
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la debida ejecutoria de un amparo para que el Consejo de la Carrera Judicial restituya a Mynor Moto como juez, puesto del que fue apartado por su vinculación en dos casos de corrupción.
El 10 de octubre, la CSJ ya había ordenado la restitución de Moto, pero como un mes después no se ha materializado, la Corte resolvió una asistencia para la debida ejecutoria (acción interpuesta por Moto) para que sea reinstalado en su puesto.
Moto estaría volviendo a los tribunales de justicia, pese a que no ha resuelto su situación legal en los casos Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020.
MP mantiene inactivos los casos contra Moto
En 1 de febrero de 2021, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, giró la primera orden de captura contra Moto en el caso Comisiones Paralelas 2020 porque existía un requerimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval.
La FECI había solicitado la detención de Moto por su presunta participación en la manipulación del proceso de selección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.
Sin embargo, en diciembre de 2022 el juez Jimi Bremer anuló la orden de captura contra Moto por solicitud de sus abogados y ordenó a la Policía Internacional (Interpol) que dejara de buscarlo y levantó el arraigo en su contra.
Después de ser anulada la orden de captura, la FECI, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, no ha accionado para que Moto se presente ante el juez y responda por los señalamientos en su contra, lo cual fue aprovechado por el exjuez para conseguir que se ordenara su reinstalación.
Sin embargo, este no es el único proceso penal en el cual se ha querido vincular a Moto, ya que, en abril de 2021 la Fiscalía Contra la Corrupción presentó otra pesquisa en su contra, porque habría cobrado un soborno en efectivo de sindicados en el caso Libramiento de Chimaltenango.
En ese proceso se encuentra señalado el exministro José Luis Benito a quién se le vincula con el hallazgo de Q122 millones en efectivo en unas maletas localizadas en Antigua Guatemala.
Además, la Fiscalía señaló que Moto no solo habría cobrado el soborno sino que retrasó maliciosamente la investigación, dictó falta de mérito a 16 sindicados y dio medidas sustitutivas a dos grandes empresarios vinculados al caso, por lo que fue señalado de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.
Pese a los señalamientos, en febrero de 2023 el juez Geisler Samille Pérez Domínguez revocó la segunda orden de captura en contra de Moto y al igual que en el otro proceso, el Ministerio Público (MP) tampoco emprendió acciones para buscar que el exjuez fuera vinculado a proceso penal.
Moto estuvo prófugo por más de 21 meses, hasta que Bremer y Pérez anularon las órdenes de captura en su contra y después no fue ni citado a primera declaración.
Vínculos con Castellanos
Mientras resolvía su restitución como juez, Moto fue contratado como director jurídico en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), presidida por Lesther Castellanos, quien denunció a la exfiscal Virginia Laparra.
Moto, como director jurídico, devenga un salario de Q18 mil 625 mensuales por monitorear que la documentación y fundamento de soporte para la emisión de informes, opiniones y dictámenes encuadren en las disposiciones legales respectivas. Además, debe coordinar la revisión de los contratos del personal permanente que suscriba la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, elaborar memoriales y las diligencias relativas a procedimientos judiciales y legales de la institución.
Moto también presentó su expediente para intentar integrar la OPT, por lo que expediente es evaluado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para decidir si lo incorporan como relator contra la tortura para el periodo 2024-2029.
Otro de los vínculos entre Castellanos y Moto fue que el dirigente de la OPT fue referencia personal y comercial del exjuez para que éste comprara su apartamento.
Conoce más detalles acá:
Exjuez Mynor Moto es contratado en la Oficina de Prevención de la Tortura
Los familiares en el Estado
Un reportaje de Prensa Comunitaria evidenció que la esposa de Moto, Yesica Magaly Ramírez Díaz, y sus hermanos Walter Alberto y Moris Abner tienen contratos con instituciones públicas.
Walter Alberto trabaja en el Ministerio de Gobernación desde 2021 y tiene un contrato de Q6 mil 900 por apoyar a los agentes a su cargo. Este año participó en un allanamiento en el Registro de Ciudadanos dirigido por la FECI.
En tanto que, Moris Abner ha recibido más de Q425 mil por contratos con los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social. Moris Abner tiene un contrato vigente con la cartera de Desarrollo por Q11 mil 500 mensuales por “apoyar en la revisión de baterías y soportes de grabación e imagen” de cámaras de seguridad.
La esposa de Moto trabaja para el Instituto de la Víctima -dirigido por Alejandra Carrillo, también señalada en casos de corrupción- desde 2020 devengando un salario mensual de Q18 mil.
