Aura Cumes*
Hace más de una semana las autoridades ancestrales de 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, el Parlamento Xinka, la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, la Alcaldía Poqoman de Palín, las autoridades Ixil, las autoridades Mam, las autoridades Achi, entre otras, se unificaron para sumarse a la demanda de renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mediante maniobras de mala fe, han querido obstruir el recambio de gobernantes en el país.
Pero desde que las autoridades ancestrales se instalaron frente al Ministerio Público cumpliendo con su promesa de no moverse del lugar hasta lograr las renuncias de los indicados, se acercaron más a una población que no los había visto ni escuchado de cerca. En varios programas de radio oí a analistas políticos de recurrente consulta hablar con sorpresa sobre las autoridades indígenas, denotando que es hasta ahora que los voltean a ver, a pesar de que siempre han estado en la escena pública.
Las castas criollas que se han creído dueñas de este país y quienes gobiernan por ellos, han difundido una falsa imagen sobre los Pueblos Indígenas, atribuyéndoles las peores limitaciones humanas, ideas que han servido para el genocidio y una larga criminalización de las autoridades ancestrales. Pero ahora que mucha gente ha visto con sus propios ojos la forma en que luchan las autoridades indígenas junto a los pueblos a los que representan, han sentido inspiración y contagio. Al menos, en este contexto el racismo se ha visto sacudido y las autoridades indígenas, sin pedirlo, han sido voceras de los pueblos tanto indígena como mestizo.
48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena Sololá son dos organizaciones comunales muy antiguas y con gran solidez. En los municipios de Totonicapán y Sololá, son la autoridad respetada, aunque las municipalidades oficiales reciben el dinero del Estado. ¿De dónde surgen? No se conformaron de la noche a la mañana, ni tampoco las organizó la cooperación extranjera como dice el régimen decadente y corrupto que se aferra al poder. Son, más bien, una continuidad de las formas organizativas antiguas que regulaban la vida colectiva antes de la colonización en 1524. Al llegar los colonizadores, no las eliminaron debido a su eficacia, pero procuraron alterarlas. Usando la ley y la violencia las convirtieron en recolectoras de tributos y de trabajo forzado. Para sobrevivir, las comunidades indígenas cumplían los mandatos españoles y al mismo tiempo siguieron funcionando para sus pueblos.
Cuando se creó el Estado guatemalteco (1821) las municipalidades fueron conformadas como la única forma oficial de gobierno local; los ladinos serían sus dirigentes aún en comunidades de gran mayoría indígena. Pero muchas comunidades continuaron tomando decisiones tal como lo hacían antes de que existieran las municipalidades. Al Estado no le quedó más remedio que aceptar la “inclusión” de autoridades indígenas a las municipalidades oficiales, creando así las municipalidades mixtas. Sin embargo, el Estado usó inmediatamente otra fórmula racista y en estas municipalidades mixtas los puestos decisión fueron dados a los ladinos y los de servidumbre a los indígenas. Además, las municipalidades, como todo el Estado guatemalteco, quedaron al servicio de las grandes fincas.
De ello se salvaron 48 Cantones de Totonicapán y Sololá, que, en diferentes momentos, no quisieron mixtificarse para mantener autonomía. A las autoridades indígenas subordinadas a las municipalidades oficiales, se les cargó con el peso de fungir como “agarradores de mozos” para trabajar en las fincas, abrir carreteras y caminos, distorsionando por completo su sentido originario. Este trabajo sucio y de servidumbre fue desechado por la población que paulatinamente buscó anular a las alcaldías indígenas, para sumarse al lugar donde se tomaban las decisiones: las municipalidades oficiales.
Los primeros alcaldes indígenas en municipalidades oficiales llegaron en la década de 1945-1954, tal es el caso de Rabinal, Patzún y San Juan Sacatepéquez. Sin embargo, el duro racismo de la época los expulsó de sus cargos. Volvieron a llegar en las décadas de 1960, 1970, pero la represión política estatal los eliminó a ellos primero y seguidamente a sus comunidades. Muchos de estos alcaldes estaban retomando el ejercicio antiguo maya de la autoridad, dentro de las municipalidades oficiales, situación que no fue grato para el Estado contrainsurgente; los asesinó como hizo con gran cantidad de valiosos dirigentes en todas las comunidades indígenas.
Luego de la firma de la paz y a través de una gama de partidos políticos clientelares, otra generación de indígenas empezó a llegar con mayor posibilidad a las alcaldías oficiales. Ya tenían abierto el camino, al cabo de que actualmente la mitad de los alcaldes del país son indígenas, pero en su gran mayoría, serviles a sus partidos políticos y a quienes financian sus candidaturas. Las municipalidades, como toda la institucionalidad del Estado, se han convertido en espacios de clientelismo, corrupción e impunidad.
¿Qué diferencia hay en el ejercicio de la política desde las autoridades ancestrales? La diferencia es grande. El Estado funciona a través de un marco filosófico, político y técnico occidental, que se nos enseña en las escuelas y universidades como único y universal. Las autoridades indígenas se inspiran en un marco cosmogónico, con valores y principios propios de larga data, que nombrados en los idiomas mayas, tienen un sentido profundo. Además, no desconocen las leyes nacionales y la normativa internacional. Y como se ha visto en público, respetan la pluralidad religiosa y espiritual, pues son parte de ello.
Volviendo a las diferencias sustantivas, en el ejercicio de la política comunal maya ancestral, las comunidades son la máxima autoridad; reunidas en asamblea eligen a sus autoridades, que las representan llevando su voluntad, decisiones y palabras, y regresan a dar cuenta de sus acciones. Es decir, las asambleas son constantes y de esta manera comunidad y representantes están comunicados. Para ser autoridad se necesita tener una trayectoria de servicio y honorabilidad. El servicio se empieza, por ejemplo, barriendo las calles, limpiando el cementerio, llevando la correspondencia o haciendo las actas, y eso garantiza que las autoridades sean responsables.
La autoridad se entiende como servicio, su sentido más claro se encuentra en la manera de nombrarse desde cada idioma (k’axkol, pa’tan, samaj’, etc.). Toda persona nace para servir y de esa manera se beneficia del servicio de los demás, hay un principio de reciprocidad. Las autoridades no cobran, por el contrario aportan, pues dar es un principio de honorabilidad. Cuando se llega al turno de servir, la familia se reúne y se compromete a que sus miembros colaborarán para sostener a quien sirve, porque durante ese tiempo no podrá generar suficientes ingresos debido a su ocupación completa en el servicio comunitario.
Al terminar sus cargos, de uno o dos años, según sea el reglamento de la comunidad, las autoridades regresan a sus antiguos oficios. Las y los agricultores a sus siembras, las y los comerciantes a sus comercios, las y los profesionales a sus profesiones. En algunas comunidades quienes terminan sus cargos, forman parte de los Principales, figura antigua que reúne a quienes tienen experiencia en el servicio comunal y se convierten en consejeros.
El Estado ha sido el peor enemigo de las comunidades indígenas; no ha llegado a éstas en forma de bienestar, sino de represión y despojo. Si la vida se conserva en las comunidades indígenas es gracias a la regulación de su propia existencia: cultivan sus alimentos, tejen su ropa, cuidan el agua, cuidan los bosques, resuelven sus conflictos, las comadronas reciben a las nuevas generaciones; aunque debilitados, siguen funcionando sus sistemas de salud y de educación. Las escuelas, los caminos, el agua domiciliar, los salones comunales, son realizados gracias al esfuerzo de las comunidades que con grandes sacrificios han logrado que el Estado invierta algo. Así, si las comunidades y los pueblos indígenas no se autorregularan ya no existirían.
Esta autorregulación ha sido perseguida y destruida sistemáticamente por el Estado colonial durante estos cinco siglos, porque una comunidad que genera todas las condiciones para vivir, no necesita depender de nadie más que de sí misma. Por eso, el Estado finquero destruyó los mecanismos de autonomía, eliminando la autoridad ancestral, quitando las tierras comunales, implementando leyes de trabajo forzado y usando la violencia para hacer caminar una economía política colonial que permitía una acumulación desmedida. Así se fueron quitando a gran cantidad de comunidades indígenas las bases de su autonomía, para destruirlas, empobrecerlas y hacerlas dependientes de las fincas. Pero las comunidades, aún golpeadas fuertemente se recuperan, y así lo hicieron en los años previos al genocidio, había una pujanza que fue vista con temor y aplacaba con crueldad.
Hoy puede verse con entusiasmo cómo muchas comunidades están reconstituyendo sus formas antiguas de autoridad y, de esa manera continúan protegiendo lo que aún les queda, tal como lo hizo el Pueblo Xinka, representados ahora con el Parlamento Xinca. Los pueblos Ixil, Kaqchikel, Poqoman, Mam, Achi, Q’eqchi, Akateco, Chortí, Chuj, Itza, Jakalteco, Qánjob´al, Mopan, Poqomchi, Tujaal, Sipakapense, Tektiteko, Tz´utujil y Uspanteko, todos tienen luchas dignas a través de su reconstitución, derecho otorgado por su preexistencia al Estado.
Democracia es una palabra manchada de sangre, en Estados Unidos y Europa se levantó sobre colonialismo, el saqueo, el genocidio de los pueblos originarios y la esclavitud de los africanos. En Guatemala se reduce al voto a cada cuatro años, pero ahora ya ni a eso. Más allá de mi desconfianza a esa palabra, al escuchar y ver el contenido que las autoridades originarias le dan al concepto entiendo su defensa de la democracia.
Una autoridad de los 48 Cantones explicaba a unos “periodistas” arrogantes de un medio de ultraderecha, que la decisión de salir a la protesta en las carreteras, la tomaron en asamblea. Interrogado sobre ello explicó que la asamblea misma decidió qué sanciones tendrían quienes se comprometían y no cumplían. Entre aspavientos, los “periodistas” no salían de su asombro de lo que llamaron “una dictadura de las mayorías”. ¿En qué quedamos? El Estado republicano en buena medida se inspira en los postulados de Aristóteles, quien su Política, dijo que en la democracia los pobres son soberanos porque son el mayor número y porque la voluntad de la mayoría es ley. Pero claro que no les suena, porque están acostumbrados a que, en este país, la voluntad de la minoría es ley, y la democracia es un enemigo directo de sus intereses.
La fuerza de las autoridades indígenas no está solamente en sus representantes, sino en el tejido comunal. En estos días de manifestaciones, la asamblea de 48 Cantones concentrada en las carreteras se comunicaba todo el tiempo con sus representantes en la capital para ponerse de acuerdo y para informar sobre las acciones que estaban realizando. En la asamblea había voces firmes, que exigían cuidado “no se vendan”, “infórmenlo todo”, “consúltenlo todo”, “represéntenos bien”. Nadie está diciendo que son organizaciones perfectas, pero tal como han funcionado, están por encima de la democracia, no digamos del Estado desastroso que ahora tenemos. Esto no se enseña en las escuelas, pero por fortuna, la escuela no ha sido el único lugar donde se aprende.
En contraposición, como decía José Saramago, en el exacto momento en que el voto es introducido en la urna, el elector transfiere en otras manos la parcela del poder político que hasta en ese momento le había pertenecido como ciudadano. La voluntad política que el elector expresó en el voto ya no le pertenece, el partido beneficiado usará ese voto según sus intereses que, en muchísimos casos, no son los de la persona que ha votado. De esta manera, electores y elegidos están completamente separados. En el ejercicio comunal en cambio, asamblea y representantes tienen vínculos permanentes.
Las autoridades indígenas no se han quedado en su demanda contra la corrupción y la defensa de la democracia electoral, esto debe quedar suficientemente claro. Se han posicionado en contra de la conocida Ley Monsanto, que estaría robando a los pueblos sus semillas y formas ancestrales cultivo, que sostienen su vida. Se han posicionado también en contra de la ley que pretende dar amnistía a quienes están acusados de crímenes de lesa humanidad, por mencionar solo dos. Tales demandas se suman a otras que insistentemente han colocado otras autoridades y movimientos indígenas, como la defensa de la tierra y el territorio, el agua, los textiles, etc.
Seguramente, en adelante, el Estado colonial querrá desarticular a las autoridades que hoy han logrado unificar grandes intereses del pueblo de Guatemala. El Estado es experto en la destrucción de la vida, tal como dijo entre lágrimas una señora en las protestas: “Los hemos elegido para escucharnos, no para matarnos”. Por ello, ayer como hoy, es necesario aprender de nosotros mismos, de seguir protegiéndonos como pueblos. Que sigan prosperando las rearticulaciones de autoridades indígenas en profunda conexión con las comunidades, escuchando la pluralidad de voces a su interior. Se ha dignificado una vez más a Atanacio Tzul y todas las y los dirigentes de aquel movimiento de 1820, que fundaron lo que hoy es 48 Cantones de Totonicapán. Las autoridades kaqchikel han honrado la memoria de muchas personas, entre ellas a Beleje’ K’at y Kaji’ Imox, grandes Ajpop que resistieron a los españoles desde su llegada en 1524.
* Pensadora, escritora y activista maya Kaqchikel. Vindica el pensamiento crítico y la palabra enérgica como vehículos para poner al desnudo los poderes que dan forma a la realidad de despojo que marca la vida de las mujeres y de los Pueblos Indígenas. Doctora en Antropología por el CIESAS, México (2014).
