Con esta iniciativa de ley las autoridades indígenas buscan que el presidente tenga más insumos para destituir a la fiscal general y salir de la crisis política que atraviesa el país.
Por Rony Ríos
Las autoridades ancestrales del pueblo Kaqchikel presentaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). Con este proyecto de ley, los representantes indígenas buscan que se modifique el artículo 14 de la normativa y evitar que la fiscal general tenga un blindaje absoluto.
Según las autoridades del pueblo Kaqchikel exigieron a los diputados que, de urgencia nacional, reformen la ley y se pueda salir de la crisis política que atraviesa el país.
Además, los representantes de este pueblo originario indicaron que los diputados tienen el compromiso ético de responder al pueblo de Guatemala y que en sus manos está la solución y garantizar el respeto a la voluntad popular manifestada a través del voto.
Las autoridades indígenas se hicieron acompañar de los representantes de las bancadas URNG-Maíz y Winaq, quienes serán los ponentes de la iniciativa.
Los diputados anunciaron que con este proyecto pretenden establecer claramente cuáles son las causales para pedir la renuncia o para iniciar el proceso de destitución del fiscal general Consuelo Porras.
Los congresistas también buscan que se cree un procedimiento para que la ciudadanía solicite la remoción ante el presidente de la República.
En tanto, el diputado Walter Félix expresó que hay suficientes leyes para destituir a la fiscal general, pero no hay voluntad política, por ello presentan una alternativa más para encontrar una solución a la crisis que vive el país.
El diputado Pedro Saloj también aprovechó para hacer un llamado a sus demás colegas para que apoyen la iniciativa de ley que beneficiará a la población guatemalteca.
Mientras ellos presentaban la propuesta dentro del Congreso, afuera decenas de representantes de la alcaldía indígena de Tecpán, Chimaltenango exigían la renuncia de los funcionarios corruptos y golpistas.
Facultad de remoción
Actualmente la normativa establece en el artículo 14 que la causa justificada para destituir a la fiscal general se refiere a “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”, lo cual significa que hasta que la fiscal no sea declarada culpable en un juicio y su sentencia esté en firme no podría ser destituida.
La ley orgánica del MP fue modificada en 2016, donde se le concedió ese blindaje a la figura de fiscal general porque, según la Constitución Política de la República, “el presidente de la República podrá remover (a la fiscal general) por causa justificada debidamente establecida”, dejando abierto el criterio por medio del cual se puede destituir a la jefa del Ministerio Público.
