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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

“Intentamos recuperar la tierra que dejamos cuando el Ejército de Guatemala masacró a nuestros abuelas y abuelos durante la guerra interna, ahora que regresamos para recuperarla, nos desalojan y nos quieren matar, entonces dónde queda nuestros derechos”, dijo Catarina Lucas.

Por Francisco Simón Francisco 

Las más de 130 familias asentadas en la comunidad de Kumatz, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, observaron cómo sus viviendas, pertenencias y animales fueron quemadas por personas particulares y seguridad privada de los finqueros, Roderico “Lico” Herrera, Fabián Molina y Gildardo Antulio Muñoz Ávila, quienes un día antes pidieron un desalojo.

El hecho ocurrió durante la tarde y parte de la noche de este jueves. Un día después del desalojo violento que sufrieron en manos de los más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre antimotines y antinarcóticos enviados a esta comunidad por el gobernador de Huehuetenango.

“El día del desalojo el comisario y el juez de paz dijeron que tenemos entre 15 y 20 días para recoger nuestras pertenencias, pero los finqueros incumplieron con la promesa”, señaló Mateo Esteban Caño, poblador de Kumatz.

Junto a su esposa y sus tres hijos, Esteban Caño observa desde un tramo de la Franja Transversal del Norte (FNT) a dos personas que rompieron la puerta de su casa con una motosierra, luego le prendieron fuego. “Allí teníamos ropa, nuestros animales pero no pensaron en nosotros”, dijo.

En varias fotografías enviadas a Prensa Comunitaria se observa cómo algunas personas, antes de huir, lograron tapar sus costales con ropas, maíz y uso de cocina, pero eso no impidió la quema de los mismos.

Según indican, el sueño de recuperar sus tierras se interrumpe con el desalojo, la quema de viviendas, agresiones y acoso. “Intentamos recuperar la tierra que dejamos cuando el Ejército de Guatemala masacró a nuestros abuelas y abuelos durante la guerra interna, ahora que regresamos para recuperarla, nos desalojan y nos quieren matar, entonces, dónde quedan nuestros derechos”, anotó Catarina Lucas, mientras carga algunas de sus pertenencias que logró sacar.

Durante el desalojo que ocurrió en la tarde del miércoles, varias mujeres fueron agredidas, la policía las jaló del pelo, según denunciaron. Los hombres fueron agredidos físicamente. Bajo amenazas tuvieron que abandonar el lugar, donde dejaron sus viviendas, ropas, gallinas, cerdos, perros, y sus cultivos.

Algunos pobladores que no lograron encontrar alojamiento tuvieron que dormir entre los matorrales. Uno de los agentes de la PNC dijo que podrían llegar este jueves a partir de las 8 de la mañana a recoger sus pertenencias, sin embargo a la mayoría se les negó el acceso.

Desalojo 

El miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la PNC entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados a Santa Cruz Barillas, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu.

Conoce más detalles acá:

Crónica de un desalojo contra pobladores indígenas en Santa Cruz Barillas

La tierra tiene dueños

El 30 de abril de 2022, las más de 130 familias, conformadas por personas de origen maya Q´anjob´al, Akateko y Chuj, quienes se autoidentificaron como sobrevivientes de la guerra y descendientes de personas desplazadas, retornaron a las comunidades Kumatz II y Sargentos, del municipio Santa Cruz Barillas, para recuperar sus tierras y los restos de sus víctimas, que abandonaron tras el refugio a México, durante el conflicto armado interno.

Sin embargo, “Lico” Herrera, como se le conoce comúnmente, Fabián Molina y Antulio Muñoz, tres finqueros de ese municipio, han sido señalados por la comunidad de apropiarse de estas tierras de forma arbitraria.

Antulio Muñoz también está implicado en un conflicto comunitario que provocó la empresa Energía y Renovación, S.A. a su llegada a la microrregión de Yichk’isis, en el municipio vecino de San Mateo Ixtatán. En 2011, esta empresa intentó instalar dos generadoras de hidroeléctricas sobre una finca que supuestamente pertenece a Muñoz con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante, los proyectos quedaron paralizados desde el 2017, por la oposición de la gente del lugar, que sin su consentimiento querían desviar los caudales de los ríos Pojom, Negro (Q’eq Sat) y Yalwitz para el funcionamiento de estas hidroeléctricas.

El futuro para los pobladores de Kumatz es incierto, algunas familias lograron refugiarse con familiares en aldeas vecinas, otras no corrieron la suerte y se encuentran alojadas sobre el tramo de la Franja Transversal del Norte, a 570 kilómetros de la capital, en la parte de Huehuetenango a la espera de una respuesta del Estado para apoyarlos.

Al ser cuestionados si piensan regresar a México, descartan la opción, aseguran que en el país vecino vivieron momentos difíciles para sobrevivir.

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