El Título 42 perderá vigencia el 11 de mayo. Fue creado en tiempos de COVID-19 durante el gobierno de Donald Trump, para contener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos con México.
Por Paolina Albani
La senadora demócrata Norma Torres, de origen guatemalteca, se ha opuesto a la continuación del financiamiento del plan del presidente Joe Biden, que atacaría las causas de la migración de Centroamérica, alegando que la “ayuda” no está desacelerando la emigración, según declaró ante el Subcomité Estatal de Operaciones Extranjeras de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
Esto ocurre a una semana de que pierda vigencia el Título 42, una medida restrictiva creada por el gobierno de Donald Trump en 2020, para evitar el ingreso de migrantes a Estados Unidos. Con lo que podría darse un incremento en el ingreso de personas a ese país del norte.
“Mis prioridades presupuestarias este año son desfinanciar a los tres países por completo de todos los programas”, dijo Torres a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha estado aceptando solicitudes de presupuesto para el próximo año.
El principal problema para Torres es que el financiamiento del plan no está llegando a los migrantes, sino que se diluye entre la élite corrupta de Guatemala.
Agregó que los fondos serían mejor gastados si se reenfocara el trabajo hacia “México para descubrir cómo podemos proteger de manera segura a esos niños pequeños, a esos solicitantes de asilo. Prefiero trabajar en países como Costa Rica, Panamá, Colombia, países sudamericanos que también están ayudando a los venezolanos a migrar a sus países”.
La agencia ofreció a Torres, quien ha apoyado programas de desarrollo social dirigidos a la región y quien, también, forma parte del Comité de Asignaciones de la Cámara, un órgano responsable de aprobar iniciativas para regular el gasto del presupuesto del gobierno estadounidense; explicar los programas que serían financiados con esa ayuda en Guatemala, El Salvador y Honduras, a modo de suavizar la postura de la senadora.
El presupuesto que Estados Unidos ha pensado destinar a la causa, en los siguientes 4 años, USD$4 mil millones (USD$1 mil millones anuales) para combatir la pobreza, violencia y corrupción en Centroamérica. Solo la asignación para USAID, en 2024, sería de USD$740 millones (Q5.9 millardos).
De momento, el gobierno guatemalteco no se ha pronunciado respecto a la postura de la senadora Torres.
Del Título 42 al Título 8
Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, en 2021, una de sus propuestas más fuertes fue reducir la inmigración irregular de la región, financiando el combate a las causas de esta problemática.
Biden dijo que anularía el plan de la construcción de un nuevo muro y pondría orden en las fronteras, crearía un nuevo sistema para gestionar su uso y protección a través del incremento de las patrullas fronterizas, además del fortalecimiento de las operaciones contra el tráfico de personas.
En 2022, de acuerdo al Congreso estadounidense y al medio “Roll Call”, más de 521 mil migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, la mayoría de los cuales fueron expulsados del territorio amparados en la política Título 42.
El “Título 42” es una política del gobierno de Donald Trump que ha ordenado la expulsión de migrantes hacia México, sin que puedan acceder a un proceso judicial, con el fin de evitar la propagación de la COVID-19. En mayo de ese año, una corte federal de Lusiana emitió una orden judicial para evitar la suspensión de la política, pese a los intentos de la administración de Biden.
Ya antes de que entrara en vigencia el “Título 42”, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) había registrado un descenso en las deportaciones. Las cifras bajaron de 105 mil 512 migrantes (2019) a 45 mil 572 (2020), y tuvieron un leve incremento (2021) con 63 mil 520. Ese aumento continuo (2022) a un menor ritmo, con 94 mil 216, pero aun sin rebasar las cifras de 2019.
Esta política expirará el próximo 11 de mayo. Cuando eso suceda, entrara en vigor el “Título 8” que ordenará la detención de migrantes dentro del territorio estadounidense hasta que puedan ser enviados a sus países de origen.
Recientemente, Biden anunció que su gobierno crearía centros de migrantes en Guatemala y Colombia, en donde serían entrevistados para conocer si cumplen con los requisitos de admisión a refugiados. Una medida para frenar la migración que se implementaría al terminar el Título 42.
Incremento en las deportaciones
De acuerdo con el IGM, en el primer cuatrimestre de 2023, 15 mil 820 personas han sido deportadas de Estados Unidos hacia Guatemala por la vía aérea, entre ellos 11 mil 95 hombres, 11 mil 699 mujeres, 937 menores acompañados y 89 no acompañados.
En el mismo plazo, 3 mil 942 fueron retornados desde México: 1 mil 320 hombres, 864 mujeres, 39 menores acompañados y 719 no acompañados. Ocho mil 424 personas han sido retornadas desde México, por la vía aérea.
Los distritos con mayor reincidencia, del 1 de enero de 2022 al 30 de abril de 2023, son San Marcos (638 casos), Huehuetenango (507 casos) y la Ciudad de Guatemala (488). Al menos 6 mil 11 migrantes retornados han vuelto a intentar llegar hacia Estados Unidos, según datos del IGM.
Desde 2021, se ha estimado que entre 3 millones de guatemaltecos han huido del país y se han refugiado en Estados Unidos, para salvar la vida y para optar a otras oportunidad de vida y, desde 2018, se han convertido en la tercera población hispana más grande en ese territorio.
