Por Regina Pérez
Jacobo Esdras Salán Sánchez, un coronel del ejército que es señalado por el Ministerio Público (MP) de haber formado parte de una estructura clandestina que desapareció a opositores políticos entre 1983 y 1985 accionó en contra de la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez que lo envió a juicio el pasado 6 de mayo en el caso conocido como Diario Militar.
El amparo fue conocido por la Sala Primera de Apelaciones para Procesos de Mayor Riesgo, donde la defensa de Salán Sánchez, Edy Herrera López, argumentó que el amparo es porque ni el 4, 5 o 6 de mayo, cuando fue emitida su resolución, el juez Gálvez no dio una sola respuesta a los planteamientos de la defensa en contra de la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Salán, un coronel que fue parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2) y exasesor del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), fue acusado de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada y fue enviado a juicio el pasado 6 de mayo por el juez Gálvez, señalado de ser parte de un grupo clandestino que desapareció a 183 opositores políticos, cuyos nombres aparecieron en el documento Diario Militar o “Dossier de la Muerte”.
Según el abogado defensor, una de las objeciones planteadas es en relación al delito de asesinato en agravio de Silvio Matricardi Salán, cuyo nombre apareció en el documento. “Pedíamos el sobreseimiento de ese delito porque el MP no acreditó ni el nacimiento ni la defunción de esa presunta víctima, suficiente para sobreseerlo”, dijo Herrera, quien asegura que el juez no resolvió sobre ese tema.
Matricardi Salán era miembro del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). Según la ficha 92 del Diario Militar fue detenido el 13 de marzo de 1984 y en un intento por escaparse fue asesinado por la estructura clandestina
De acuerdo con el defensor, el juez le indicó el 5 de mayo, poniendo a la vista un legajo de hojas, que iba a resolver sus planteamientos, pero “jamás dio respuesta”. Salán Sánchez también intervino y manifestó que se presentó voluntariamente al juzgado, sabiendo la gravedad de las acusaciones en su contra. El militar tenía una orden de captura la cual se hizo efectiva en el Juzgado B de Mayor Riesgo.
El coronel también se refirió al caso de Matricardi Salán y otras objeciones que, según él, si el juez las resolvía, tenía que darle su libertad inmediata.
Sobre lo expuesto por Herrera, el MP y los abogados querellantes pidieron a los magistrados de la Sala declarar sin lugar el amparo. Francisco Vivar, defensor de Paulo Estrada y Ana Eliza Meza Paniagua, manifestó que esto no se trata de un caso ideológico, sino de justicia.
Vivar indicó que al escuchar los argumentos de los amparistas, se advierte que quieren forzar a la Sala para que analicen medios de investigación. Es el juez contralor el que tiene la facultad de poder analizar dichos medios, afirmó.
#DiarioMilitar🚨El abogado Francisco Vivar informó que el amparo presentado por el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, que fue conocido hoy, atacó la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, que envió a juicio a militares y expolicías el 6 de mayo pasado.
📹 Juan Rosales pic.twitter.com/cmIjcgl5Vq
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) August 23, 2022
El abogado Javier García, quien representa a Salomón Estrada Mejía, hermano de Félix Estrada, señaló que con su resolución de ninguna manera el juez se adelantó a sentenciar a Salán, “no se ha declarado ni la inocencia ni la culpabilidad, estamos en un proceso cuya consecuencia se debe dilucidar en un Tribunal de Sentencia”, afirmó.
García también se refirió a una sentencia de la Corte Interamericana, en el Caso Las Dos Erres, donde hace referencia a que el amparo en Guatemala se ha convertido muchas veces en un obstáculo para el acceso a la justicia de víctimas, por lo que pidió que se deniegue el mismo.
Además de Salán, se adhirieron al amparo los acusados Enrique Cifuentes de la Cruz, quien fue sargento especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP) y Juan Francisco Cifuentes Cano, exjefe de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía Nacional (PN), también enviados a juicio.
En caso de otorgarse el amparo, se suspendería la resolución del juez que envió a juicio a los militares que accionaron.
En este caso, el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo ha recibido amenazas en redes sociales, así como los fiscales del MP. Gálvez también fue denunciado y enfrenta un antejuicio que está siendo analizado por el juez pesquisidor Isaías Roaldo Chávez, mismo que conoció el expediente de la exjueza Erika Aifán.
