Suiza anunció la imposición de sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, y otros cuatro funcionarios del Ministerio Público (MP); el secretario general Ángel Pineda, el jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y el juez Fredy Orellana, por socavar la democracia en el país.
Por Alexander Valdéz
Suiza anunció este miércoles la imposición de sanciones contra cinco funcionarios guatemaltecos por intentar impedir la toma de posesión del binomio presidencial Bernardo Arévalo y Karin Herrera, dicha medida ratifica la acción tomada por la Unión Europea el pasado 2 de febrero y por las sanciones previas por los Estados Unidos.
Las sanciones van dirigidas contra la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y a otros cuatro funcionarios de la Fiscalía General: el secretario general Ángel Arnoldo Pineda Ávila, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche Cucul, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y el juez Fredy Orellana.
Los funcionarios de justicia señalados “habrían intentado obstaculizar el traspaso pacífico del poder” en el país centroamericano y representan “una amenaza para la democracia y el Estado de derecho”, según el gobierno suizo.
Dicho país prohíbe a Consuelo Porras y a los otros cuatro sancionados poder ingresar a su territorio y los somete a sanciones financieras.
#AHORA 👀 Suiza sanciona a Consuelo Porras por amenazar la democracia y tratar de impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Bernardo
Las sanciones también se extienden contra los fiscales, Rafael Curruchiche y Leonor Morales, el secretario general del Ministerio… pic.twitter.com/e2i0HQJLwq
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 10, 2024
Actualmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) siguen vigentes las solicitudes de antejuicio presentadas por el MP y con las que se busca investigar al presidente y a la vicepresidenta de la República y a miembros del partido Semilla.
Esta sanción se anuncia en medio de los ataques continuados por el MP, que a través de un comunicado rechazó la consulta realizada por la presidencia a la Corte de Constitucionalidad sobre la situación actual de la fiscal general, esto aumenta la expectativa de removerla del cargo.
Incrementa la lista de sanciones
En febrero, la Unión Europea (UE) informó de las sanciones contra la fiscal general y varios de sus fiscales, así como el juez séptimo Fredy Orellana, quienes han estado a cargo de la investigación que buscó anular los resultados de la elección presidencial de 2023.
Según informó la UE, el Consejo decidió imponer medidas restrictivas contra los cinco funcionarios guatemaltecos por “las acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.
Informaron que dichas personas son responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en nuestro país. Y por esa razón, ahora estarán sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición; también se les restringirá el ingreso o tránsito por territorio de la UE.
Acá otra nota que puedes leer:
Unión Europea sanciona a Consuelo Porras, Fredy Orellana y a fiscales del caso Semilla
La UE se sumó a las sanciones de los Estados Unidos, que fue el primero en aplicar sanciones para funcionarios guatemaltecos que han sido señalados en actos de corrupción y que han apoyado las acciones de criminalización contra operadores de justicia, abogados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.
Quienes fueron incluidos en la primera lista de la UE ya enfrentan sanciones por el gobierno estadounidense, e incluidos en la lista Engel de actores corruptos. Es decir, dichos funcionarios ahora no solo no podrán visitar EE.UU. sino los países antes citados.
A raíz de las acciones de criminalización promovidas por el régimen de Alejandro Giammattei, actualmente más de 70 guatemaltecos están en el exilio, entre políticos, activistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas.
