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Previo a que el Congreso de la República integre las Comisiones Pesquisidoras en los dos antejuicios tramitados contra los magistrados titulares del TSE, la magistrada Palencia acudió a la CC y busca frenar el avance de los procesos.

Por Alexander Valdéz

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar los dos procesos de antejuicio que avaló la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su contra, por denuncias del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y otro iniciado por denuncias de Giovanni Frati y Pedro Cruz.

En los dos amparos, la magistrada del TSE considera que los denunciantes no aportaron al Ministerio Público (MP) “documentos suficientes” para acreditar los hechos indicados en las denuncias, por esa razón considera que son acciones “espurias y políticas” y debían ser rechazadas por el pleno de magistrados de la CSJ.

Sobre la denuncia de la UNE, por un supuesto fraude electoral, Palencia reclamó que la CSJ inobservó que, previamente al promover el antejuicio, ni el denunciante ni el MP realizaron una investigación seria y preliminar al planteamiento del antejuicio, para constatar que lo que le fue denunciado a la fiscalía fuera veraz, sino que la fiscalía se limitó a trasladar prácticamente los hechos denunciados y los documentos acompañados por los denunciantes, sin verificarlos.

En el segundo proceso de antejuicio, por haber avalado la inscripción de Manuel Baldizón, fallo que después se anuló, la magistrada recordó que el 24 de mayo de 2023, dentro del antejuicio 76-2023, la misma CSJ resolvió por unanimidad, rechazar in limine la solicitud de que habían promovido en su contra y la de otros magistrados del TSE, por los mismos hechos.

Las acciones legales se presentan a un día de que el Congreso realice la sesión plenaria en la que integrará las dos Comisiones Pesquisidoras para que realicen la investigación y emitan el informe con la recomendación de avalar o negar una investigación contra los funcionarios electorales.

Dos procesos de antejuicio

El pleno de diputados del Congreso tiene nuevamente en sus manos la decisión de retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, ahora por dos casos más. La legislatura anterior autorizó que cuatro de ellos fueran investigados y actualmente están ligados al caso TREP y fueron suspendidos de sus puestos.

En la primera decisión realizada por la CSJ, la Fiscalía de Delitos Electorales accionó por una denuncia del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que los acusó de avalar una serie de irregularidades en los resultados de las elecciones generales 2023.

El segundo hecho denunciado está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que los señaló de haber autorizado “ilegalmente” la inscripción de Manuel Baldizón, como candidato a diputado en los recientes comicios. De hecho, eso ocurrió, pero días después los mismos magistrados se retractaron y anularon esa decisión.

De los cinco titulares, solo Blanca Alfaro está activa y ejerce la presidencia del ente electoral. En el caso TREP, un fallo de la CC evitó que fuera sometida a un proceso de antejuicio y una posible investigación.

En tanto, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, están vinculados a proceso por el delito de fraude. Además, una Sala ordenó que no se acerquen al TSE, lo que les impide ejercer su cargo.

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