Los magistrados del TSE procesados en el caso TREP, podrán continuar en libertad condicional, sin embargo, la Sala Primera de Apelaciones les prohibió acercarse al TSE, lo que implica que no podrán ejercer el cargo.
Por Alexander Valdéz
La Sala Primera de Apelaciones conoció de manera exprés una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y, aunque confirmó la libertad condicional para los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco en libertad, aumentó el pago de la fianza y les prohibió acercarse al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ejercer el puesto.
La apelación se promovió ante la inconformidad de la Fiscalía de Delitos Administrativos por la resolución que dictó el Juzgado Duodécimo Penal, que procesó únicamente por un delito a los cuatro magistrados y les concedió una fianza por Q100 mil. Además, les permitió continuar con sus labores.
Sin embargo, ahora la Sala integrada por Rafael Morales Solares, Aura Marina Mancilla Solares y German Augusto Gómez, ordenaron que la caución sea de Q700 mil y no pueden acercarse al TSE, lo que implica que no puedan continuar ejerciendo el cargo.
“Parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el MP en contra de la resolución de fecha 14 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal II. como consecuencia de lo anterior, declara: a) se adiciona la medida sustitutiva de prohibición de seguir ejerciendo en el cargo de magistrados titulares del tribunal supremo electoral a los sindicados (…), y además igualmente se les prohíbe relacionarse con ningún trabajador o empleado de dicha entidad, ni presentarse a ninguna de las sedes de la misma, debiendo el TSE, integrarse como corresponde con los magistrados suplentes correspondientes”, dice la resolución.
Pero no fue solo eso, la Sala revocó la falta de mérito que había concedido la jueza Karen Chinchilla a favor de Palencia y le agregó el delito de abuso de autoridad. Los cuatro magistrados aún podrán impugnar esa decisión.
“Revoca la falta de mérito decretada en favor de la sindicada Irma Elizabeth Palencia Orellana, por el delito de abuso de autoridad. iii. se le fija al juez de la causa competente, el plazo de tres días de recibida la ejecutoria del presente fallo, para que dé estricto cumplimiento a lo aquí ordenado, dictando la resolución que en derecho corresponde, debiendo posteriormente informar al tribunal de apelaciones, sobre el acatamiento de lo resuelto en segunda instancia, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado anteriormente, se certificará en su contra por el delito de desobediencia…”, concluye.
2️⃣🧵👉🏼 El fallo emitido por la Sala Primera de Apelaciones no solo modifica la libertad condicional de los magistrados del TSE, sino que agregó el delito de abuso de autoridad a la expresidenta y magistrada Elizabeth Palencia. La resolución de Sala aún no está firme.
👉🏼 La… pic.twitter.com/pj3FYjb64F
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 5, 2024
Procesados por un delito
La jueza Chinchilla ligó a proceso, el pasado 14 de marzo, a los magistrados únicamente por el delito de fraude. En su resolución consideró que había indicios de posibles irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones para el Estado. Sin embargo, a su criterio, el Ministerio Público (MP) únicamente logró establecer la posible comisión del delito de fraude y descartó el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes.
Además, determinó que no había peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad, negando la petición de la Fiscalía para ordenar la prisión preventiva contra los magistrados.
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Una compra millonaria
El MP señaló a las autoridades electorales de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, abusaron de su autoridad e incumplieron su deber porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo que frenó la intención del MP.
Este caso ha sido cuestionado debido a que surgió después de que se oficializaron los resultados de las elecciones generales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo. Además, por las acciones del MP que buscaron anular los resultados del proceso electoral, en 2023.
