Los magistrados del TSE serán investigados por el delito de fraude en la compra del sistema TREP, pero podrán continuar en arresto domiciliario. La jueza determinó que no había peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad, negando la petición de la fiscalía.
Por Alexander Valdéz
La jueza “B” del Juzgado Duodécimo Penal, Karen Chinchilla, ligó a proceso p
nal a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes voluntariamente se presentaron a la Torre de Tribunales para aclarar su situación en el caso por el que la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió su captura el pasado 11 de enero.
Chinchilla consideró que hay indicios de posibles irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones para el Estado. Sin embargo, a criterio de la jueza, el Ministerio Público (MP), únicamente logró establecer la posible comisión del delito de fraude y descartó el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes.
La jueza determinó que no había peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad, negando la petición de la Fiscalía para ordenar la prisión preventiva contra los magistrados. Los cuatro magistrados procesados podrán continuar en libertad condicional y deberán cumplir con las medidas sustitutivas impuestas.
🧶La jueza impuso a los cuatro magistrados las siguientes medidas en sustitución de la prisión preventiva pedida por el MP:
1️⃣ Arresto domiciliario,
2️⃣ Obligación de acudir al MP cada mes,
3️⃣ Prohibición de salir del país,
4️⃣ Prohibición de comunicarse con otros señalados,
5️⃣… pic.twitter.com/I11K7bRh8L— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 15, 2024
Las cuatro autoridades electorales se encontraban en el exilio, luego de las amenazas y la criminalización que se iniciaron desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía de Delitos Administrativos.
El MP, incluso, allanó la sede del TSE e hicieron diferentes solicitudes de información. Las acciones de las fiscalías empezaron tras avalar los resultados electorales que dieron la victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El MP tendrá cinco meses para desarrollar la investigación, durante ese plazo debe recolectar los medios que considere necesarios para la siguiente etapa del proceso, donde se decidirá si los cuatro funcionarios electorales enfrentan o no un juicio.
#CasoTREP 🚨 Los magistrados del TSE serán investigados
Los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco serán investigados por el delito de fraude. A criterio de la jueza hay indicios de posibles anomalías en la adquisición millonaria del sistema… pic.twitter.com/VXWeP4ZDBJ
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Reaccionan al fallo del juzgado
El magistrado Gabriel Aguilera dijo que la intención es que haya un debido proceso y fue una de las razones por las que decidió ponerse a disposición del juzgado y aclarar su situación jurídica para enfrentar los señalamientos del MP.
#CasoTREP ⚠️⚖️ Magistrados se pronuncian tras fallo de jueza
El magistrado Gabriel Aguilera indicó que lo decidido es parte del debido proceso y para eso acudieron voluntariamente al juzgado.
📹 Prensa Comunitaria pic.twitter.com/DJkLc3vPmg
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La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, expresó el apoyo a sus colegas. La funcionaria estuvo presente en la audiencia de primera declaración de sus colegas.
#CasoTREP ⚠️⚖️ Presidenta del TSE expresó el apoyo a sus colegas
La magistrada Blanca Alfaro estuvo presente en la audiencia donde sus cuatro compañeros fueron ligados a proceso por el caso TREP.
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Por su parte, la magistrada Irma Palencia destacó la resolución de la jueza Chinchilla, quien decretó falta de mérito por otros delitos que le imputó la fiscalía en la audiencia de primera declaración.
#CasoTREP ⚠️⚖️ Magistrada es desligada del delito de abuso de autoridad
La magistrada Irma Palencia aseguró que la jueza emitió una resolución acertada en cuanto a decretar falta de mérito por el delito de abuso de autoridad.
📹 Emmanuel Andrés pic.twitter.com/qfJPBsR6iW
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Los hechos investigados
Este caso ha sido cuestionado debido a que surgió después de que se avalaron los resultados de las elecciones generales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo. Además, por la intención del MP de anular el proceso electoral.
Cuando se presentó la solicitud de retiro de inmunidad de los magistrados electorales, el MP los señaló de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, abusaron de su autoridad e incumplieron su deber porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo que frenó la acción del MP.
Por esa compra, el 25 de noviembre de 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras detectar supuestas irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
Según informó la CGC, la denuncia se presentó luego de un proceso de auditoría, donde se consideró pertinente que los hechos se resolvieran mediante una investigación a fondo de parte del Ministerio Público. El TREP tuvo un costo de Q148 millones.
Entérese más aquí:
Ministerio Público acciona contra presidenta del TSE y presiona para anular las elecciones
