Funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo presentaron una denuncia por posibles delitos en el contrato de la compra de vacunas al Fondo Ruso de Inversión Directa, sin embargo, la querella solo incluyó a la exministra de Salud, Amelia Flores y no a otros funcionarios que participaron en esta compra que costó la vida de miles de guatemaltecos tras el atraso en las entregas.
Por Regina Pérez
El procurador general de la Nación, Julio Saavedra y el ministro de Salud, Óscar Cordón, presentaron una denuncia en Gestión Penal de la torre de Tribunales en contra de Amelia Flores, la ministra de Salud del gobierno de Alejandro Giammattei, por considerar que pudo haber incurrido en delitos al firmar el contrato de compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik al Fondo Ruso de Inversión Directa por Q614 millones.
La denuncia se realizó por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos. En una rueda de prensa que se ofreció en el Palacio Nacional de la Cultura los funcionarios ofrecieron más detalles y justificaron porqué solo denunciaron a Flores y no a otros funcionarios que pudieron estar involucrados en la compra.
Saavedra señaló que la contratación de las vacunas Sputnik realizada el 30 de marzo de 2021 contrarió el decreto 1-2021 aprobado por el Congreso de la República, principalmente su artículo 4, que contempla una serie de condiciones que debían observarse como que la compra debía hacerse de manera directa con el fabricante.
Según Saavedra, el acuerdo fue en contra de los intereses del Estado y “ponen de manifiesto una contratación corrupta y opaca que debe ser investigada por el Ministerio Público)”.
Entre las anomalías mencionó que se realizó la contratación con un ente que no era el fabricante de las vacunas, Human Vaccine LLC, no se corroboró quien firmó por parte de la compañía, dónde se firmó, el contrato se hizo en idioma inglés y se negociaron regalías con el intermediario que debía pagar el Estado, lo cual para el gobierno de Arévalo es ilegal.
“Estamos convencidos de que es peculado, no puede aceptarse pagar por algo que no se está recibiendo y esas regalías carecen de un sustento jurídico”, dijo Saavedra.
Además, en el contrato se fijó que en el caso que el Ministerio de Salud quisiera reclamar a la entidad una indemnización, solo podía exigir 100 mil dólares de los Q614 millones pagados. El contrato también incluyó una cláusula promisoria de las partes a un tribunal en Singapur para dirimir cualquier controversia derivada del contrato de adquisición de las vacunas.
Entre las disposiciones se incluyó una cláusula de confidencialidad, que según la Procuraduría General de la Nación (PGN) no se justifica pues todos los actos de la administración pública “son públicos”. Agregó que se aceptó una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales.
Foto: Prensa Comunitaria
PGN dice que no le “consta” la participación de Martínez
¿Por qué en la denuncia no figura el expresidente Alejandro Giammattei; además de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, quien fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por el gobierno de Estados Unidos por recibir pagos irregulares para “facilitar la compra de vacunas Sputnitk”? fue la principal pregunta a los funcionarios del gobierno de Arévalo.
De acuerdo con EEUU, “en 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco”.
Sanción para Miguel Martínez presiona al gobierno de Alejandro Giammattei
Saavedra respondió que la responsabilidad del funcionario público debe ceñirse a lo que consta en los documentos y con base en los cuales el ministro de Salud presentó la denuncia.
“Dentro del expediente consta que el contrato lo firmó Amelia Flores como ministra de Salud. Ahí no consta que sea un acto autorizado o aprobado por el presidente de la República o en el cual haya participado el señor Miguel Martínez”, indicó.
#VacunasSputnik 🚨 PGN Julio Saavedra justifica por qué solo se denunció a la exministra Amelia Flores.
“Dentro del expediente consta que el contrato lo firmó Amelia Flores como ministra de Salud. Ahí no consta que sea un acto aprobado por el presidente de la República en el… pic.twitter.com/889QFGGkPa
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Sobre la posible participación de Martínez en el contrato señaló que escapa a las competencias de la PGN y dijo que quien tenga el conocimiento de hechos que puedan constituir delito debe presentar una denuncia en el MP.
“Por el hecho de que un Estado esté afirmando determinadas cuestiones no obliga a la PGN a plantear una denuncia, ahí el que tiene que plantear la denuncia es a quien le conste esos hechos, y a mí como procurador general no me consta”, respondió.
La compra millonaria fue sujeta de una investigación por la Fiscalía contra la Corrupción, que comenzó en mayo de 2021, luego de una publicación de desaparecido elPeriódico que señaló que el gobierno de Giammattei había adelantado más de la mitad del pago por las vacunas sin tener ningún respaldo ni capacidad de reclamo si en caso el proveedor no cumplía con la entrega.
Denuncia debió involucrar a otros exfuncionarios
En la querella no se incluyó a Pedro Brolo, excanciller, quien según publicaciones de medios viajó a Rusia, en junio de 2021, para tratar el tema de la compra de las vacunas. A decir de Saavedra, su participación tiene que ser determinada por el MP, así como la de otras personas.
“La denuncia se plantea teniendo como indicación de partícipe únicamente a la exministra, porque eso es lo que consta en el documento, ahí no consta que haya intervenido el canciller Pedro Brolo, pero insisto, esto es un asunto que deberá constatar el MP en la investigación que realice”, dijo Saavedra.
La exministra Flores ya había sido denunciada en 2021 por la Contraloría General de Cuentas (CGC), diputados también habían denunciado a otros funcionarios por esta compra, entre ellos Brolo; Giammattei; al exprocurador Jorge Luis Donado Vivar; el ministro de Finanzas, Álvaro Ricci; y el embajador de Guatemala en Rusia, Gustavo Adolfo López Calderón.
Giammattei y funcionarios señalados por cinco delitos en compra de vacunas rusas
Según el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción (FECI), Juan Francisco Sandoval, la denunciada presentada este jueves también debió ser presentada en contra de otros exfuncionarios involucrados.
En 2021, la tardanza de la llegada de las vacunas Sputnik por parte del gobierno originó protestas por parte de la ciudadanía que reclamaba la falta de vacunación. El presidente Alejandro Giammattei incluso acordó con sus ministros decretar un estado de prevención para limitar las protestas ciudadanas en contra de su gobierno.
Según datos ofrecidos en la conferencia por el comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo, se recibieron de forma tardía 8 millones 300 mil dosis de vacunas Sputnik de las cuales se suministraron un poco más de 3 millones y 5 millones se vencieron. Hasta agosto de 2022, las cifras oficiales daban cuenta de más de 20 mil muertes por COVID-19, una de las cantidades más altas en Centroamérica.
