Por Nancy Rodríguez
El proceso de elección para las 22 Gobernaciones Departamentales despertó el interés para la sociedad guatemalteca. Fueron 1,516 personas que se postularon en todo el país. Las reformas al proceso, aunque confusas, que hizo el presidente Bernardo Arévalo permitió una amplia participación de autoridades ancestrales, dirigentes comunitarios, activistas, mujeres y sectores académicos, que se postularon a los cargos de gobernador o gobernadora. Sin embargo, la conformación de las ternas titulares y suplentes por parte de los miembros de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) decepcionaron a la población.
La mirada de la gente ha estado en los electores, es decir, en los representantes de la sociedad civil ante los Codedes, que actuaron de forma antiética y poco transparente, dado que en la selección de las ternas no encarnaron las demandas y aspiraciones de las poblaciones en sus territorios, principalmente los que vieron en el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera una promesa de cambio.
El Decreto No.11-2002, de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de Guatemala, tiene sus aciertos democráticos. El espíritu de esta Ley era promover la participación ciudadana, de mujeres y de los pueblos originarios, según sus propias formas de organización. Sin embargo, esta lógica no fue capaz de corregir por sí misma los vicios antidemocráticos que hemos visto en la elección de representantes, como el de acarreados K’iche’ para elegir a los representantes de pueblos maya Tz’utujil en Sololá.
Otro ejemplo en este contexto, es la elección del representante actual de las oenegés ante el Codede de Sololá, que quedó a criterio del gobernador Rodolfo Alejandro Salazar De León.
En el caso de Sololá, las motivaciones de los cacicazgos para cooptar a los representantes de sociedad civil han sido evidentes. Primero, no tienen oposición en la asignación de los recursos millonarios del Codede. Segundo, influyen en la elección del gobernador o gobernadora. Son estas prácticas las que agreden el espíritu de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y la legitimidad del proceso.
De acuerdo a la Comisión Ciudadana por la Transparencia, del municipio de Santiago Atitlán, el proceso de selección de la terna para la Gobernación Departamental de Sololá fue un proceso viciado y cooptado. Denuncian que las oenegés ante el Codede tienen vínculos directos con funcionarios públicos señalados en actos de corrupción, algunos son trabajadores de instituciones públicas y otros que actualmente ocupan cargos en corporaciones municipales. Además, expusieron los vínculos que tienen los miembros del Codede con el diputado Allan Rodríguez del partido Vamos.
Con esta treta política, buscan acomodarse estratégicamente los cacicazgos que han gobernado en últimos dos gobiernos, en una coyuntura adversa a sus intereses, porque saben que no la tienen fácil. Si los intereses del “Pacto de Corruptos y los cacicazgos territoriales se ven en riesgo no se descartaría una ofensiva legal con el objetivo de perjudicar e incluso repetir el proceso, de esta forma aplazarán el nombramiento de las y los gobernadores departamentales.
La reciente elección de las Gobernaciones Departamentales permite una descripción precisa y realista del actual escenario, incluso, se podría considerar como una antesala a las elecciones de magistrados titulares, suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones programadas para mayo de este año.
Esto significa que Bernardo Arévalo y Karin Herrera deben prestarle más atención a la vida política departamental y municipal, además de orientar a los Ministerios, Secretarías y a las Gobernaciones Departamentales para que garanticen sus funciones de forma democrática y transparente.
En este contexto, las organizaciones de mujeres de Sololá establecieron un interesante mecanismo de vigilar, fiscalizar y denunciar los procesos o decisiones que tienen que ver con el departamento. A la ciudadanía, a las organizaciones sociales y autoridades indígenas o ancestrales nos toca estar atentos y participar en las convocatorias de este año.
En esta coyuntura me pregunto: ¿Cómo corregir estos procesos sin caer en un caos social, sin retroceder en los mínimos avances en la promoción de la participación y la democratización del poder que establecieron los Acuerdos de Paz? ¿Cómo corregir sin contaminar el proceso tal y como sucedió con las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que terminó blindando a la actual fiscal general Consuelo Porras?
Se trata de seguir buscando caminos que hagan sentido profundo a la democracia, de mejorar el proceso que implique empoderamiento de la ciudadanía y superación de las asimetrías en la toma de decisiones.
