El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó el reporte anual sobre la situación de Derechos Humanos en Guatemala 2023. Señala a Giammattei y Consuelo Porras de socavar casos e investigaciones contra la corrupción. Destaca el caso de Jose Rubén Zamora y Virginia Laparra, como presos políticos. “En general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de los jueces”, indica el informe.
Por Prensa Comunitaria
El secretario del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó el miércoles pasado en Washington el reporte anual sobre la situación de Derechos Humanos en Guatemala 2023. “Estados Unidos está trabajando para promover el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas. Tenemos una visión más clara de las condiciones de los derechos humanos como son, así como una determinación renovada de fortalecerlos para el futuro”, dijo Blinken tras presentar el reporte.
El informe contiene reportes del último año de la administración de Alejandro Giammattei, quien dejó de ser presidente el pasado 14 de enero.
En el mismo se destaca que para el reporte se incluyeron informes creíbles de: “tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno de Alejandro Giammattei; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; represión transnacional contra personas en otro país;
También destaca graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluidas amenazas de violencia contra periodistas y arrestos o procesamientos injustificados de periodistas; grave corrupción gubernamental; grave acoso gubernamental a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; violencia de género generalizada, incluido el femicidio y otras formas de violencia de este tipo; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos indígenas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales”, explica en el informe.
Además señala que el gobierno de Giammattei no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Corrupción en el gobierno de Giammattei
Los procesos de contratación pública siguieron siendo un mecanismo frecuente de corrupción, dice el informe.
“A pesar de las numerosas acusaciones de corrupción en todas las ramas del gobierno, se investigaron pocos casos de alto nivel y los esfuerzos anticorrupción dentro del poder judicial se estancaron”, indica el informe.
Enfatiza que “destacados fiscales anticorrupción” fueron arrestados, despedidos o removidos de casos importantes, y actores corruptos amenazaron a jueces independientes presentando denuncias basadas en cargos espurios para despojar a los jueces de inmunidad procesal.
El documento incluye casos sobre corrupción que fueron dados a conocer por la desaparecida CICIG y los fiscales de la antigua FECI y que “a pesar de estas investigaciones relativamente raras sobre corrupción gubernamental, la fiscal general Consuelo Porras socavó activamente los esfuerzos para combatir la corrupción al intimidar o arrestar a personas prominentes involucradas en actividades anticorrupción”.
Sobre los casos sobre genocidio y desapariciones forzadas durante el conflicto armado el informe se señala que la fiscal general “María Consuelo Porras paralizó los avances en casos de genocidio y desapariciones de ese período”.
En el caso del periodista Jose Rubén Zamora el Departamento de Estado destaca que hasta antes de junio del año pasado estuvo en aislamiento durante más de 10 meses “en condiciones espantosas”.
En el informe se identifican detenciones arbitrarias como las de Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito cuando se desempeñaban como abogados de Zamora. Enfatiza que en muchos casos los detenidos no podían acceder a sus expedientes o conocer las razones por las cuales se les acusaba, además que se les retenía fuera del plazo legal para que se les diera a conocer las razones por las cuales se les acusaba y los procesos se extendían por incomparecencia de los fiscales.
“En general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de los jueces. Sin embargo, el Ministerio Público obtuvo rápidamente órdenes de arresto contra fiscales anticorrupción anteriores y en ejercicio, pocos días después de recibir denuncias legales en su contra”, señala el informe.
El caso de Virginia Laparra también se expone en el documento como parte de los presos y detenidos políticos.
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“Acoso, vigilancia, coacción y represión a exfiscales y sus familias”
El reporte presenta por el secretario del Departamento de Estado incluye que el Ministerio Público continúo con los procesos judiciales en contra de exfiscales anticorrupción “funcionarios de alto nivel que se encontraban fuera del país, incluido el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la exfiscal general Thelma Aldana y defensores de derechos humanos, además de acosar a sus familias.
El MP también hizo un uso indebido de herramientas de aplicación de la ley internacional.
El documento cita que el Ministerio Público trató de prohibir las manifestaciones realizadas por pueblos indígenas y pobladores en todo el país que pedían el respeto a los resultados electorales y la renuncia de Consuelo Porras.
Acoso y persecución de periodistas y activistas
El informe señala presión, violencia, acoso, amenazas y persecución contra los principales medios independientes, periodistas y defensores de la justicia “especialmente sobre aquellos que hablaron abiertamente sobre la corrupción de alto nivel, así como las acciones de actores malignos, los militares, las organizaciones criminales y las autoridades regionales y nacionales que recuperó el poder durante la administración de Giammattei”.
Por esta razón muchos periodistas salieron del país o enfrentaron amenazas.
“Los ataques en línea contra periodistas y medios de comunicación independientes continuaron durante todo el año. Estos incluyeron piratear cuentas privadas de redes sociales de periodistas, publicar información personal robada o falsificada y realizar intentos aparentemente coordinados para socavar a periodistas y medios específicos”.
Estas acciones provocaron que al menos 30 periodistas abandonaran el país hasta el 10 de septiembre, la mitad de ellos en la última semana de marzo.
Lee el informe completo aquí
https://gt.usembassy.gov/2023-human-rights-report-guatemala/
