Esta es la primera vez que un Gobierno busca llevar desarrollo a la región Ixil desde las autoridades indígenas. La iniciativa busca atender las necesidades en justicia ambiental, educación, seguridad alimentaria, acceso a la salud, desarrollo económico, infraestructura y migración. Pero de no concretar resultados el vínculo político entre ambos podría romperse, según analistas.
Por Isela Espinoza
“Han sido muchos siglos de espera para que un presidente de la República llegue a nuestro pueblo a asumir compromisos para la construcción conjunta de un futuro”, dijo Feliciana Herrera, quien lidera la Alcaldía Indígena Municipal Ancestral del Pueblo Ixil de Nebaj, Quiché, previo a la firma de un convenio entre el presidente Bernardo Arévalo y autoridades indígenas de la región.
Analistas consultados ven la iniciativa del Gobierno como “un paso importante” para ejecutar acciones específicas en los municipios que integran el área: Chajul, San Juan Cotzal y Santa María Nebaj. Además de afianzar un vínculo político del cual se carecía entre el Estado y los pueblos originarios. Sin embargo, el lento proceso con resultados podría ser interpretado como falta de voluntad de Arévalo lo que podría romper este pacto.
En tanto, las autoridades indígenas resaltaron que el convenio no significa que dejen de fiscalizar en sus territorios y a nivel nacional las acciones del Gobierno.
El miércoles, el presidente se trasladó al territorio Ixil, un área con aproximadamente 150,876 habitantes, según el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda realizado en 2018. El 94% de la población es indígena y se distribuye en 289 comunidades.
“Después de 58 días de haber estado en resistencia y más de 106 días (frente a la sede del Ministerio Público) para evitar que el Pacto de Corruptos no nos robara la democracia, nos encontramos con la esperanza de iniciar un proceso de cambios en beneficio de nuestros pueblos maya Ixil de Nebaj, Chajul y Cotzal”, dijo la alcaldesa indígena.
Su discurso lo dio en un podio frente a alcaldes indígenas comunitarios que se encontraban como público. En otro plano, se instaló una mesa integrada por los principales y otras autoridades de la Alcaldía Indígena, así como el presidente; la secretaria privada, Ana Glenda Tager; el subsecretario, Pablo González y el alcalde municipal, Ramón Raymundo
Para la antropóloga, Aura Cumes, tras la finalización del plantón frente al MP, quedó en suspenso un vínculo concreto entre autoridades indígenas y el Gobierno. Pero el convenio permite visualizar la forma en que las autoridades ancestrales buscan concretar acciones específicas a favor de la población Ixil.
Arévalo, por su parte, mostró que busca marcar un Gobierno diferente a sus antecesores al atender el llamado de las autoridades indígenas, escuchar sus planteamientos y tener la voluntad de empezar “algo en conjunto y que permita el respeto de la calidad de gobierno que hacen las autoridades ancestrales porque finalmente han sido quienes gobiernan en sus territorios”, opinó Cumes.
#Quiché 📍 Firman acuerdo para el desarrollo integral de la región Ixil
👉🏼 La alcaldía indígena de la región Ixil, la Municipalidad de Nebaj y el presidente Bernardo Arévalo firmaron, este miércoles, un Acuerdo de Desarrollo Integral para la Región Ixil.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 13, 2024
Infraestructura y fiscalización entre los puntos acordados
Durante una entrevista con Prensa Comunitaria, la alcaldesa Feliciana Herrera dijo que entre los temas que plantearon al presidente está: la fiscalización de proyectos de infraestructura que las alcaldías municipales no concluyeron, la ejecución de sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad (CC), como en el caso de Transporte de Energía Eléctrica “Transnova S.A.”, mejoras en la salud y educación, cambio climático, soberanía alimentaria y la gobernanza.
Herrera señaló que sus “prioridades” surgieron de un plan de trabajo de las autoridades Ixil y que ahora serán discutidas en agendas de trabajo. Aunque no fijaron una fecha para una próxima reunión, las autoridades indígenas empezarán a “planificar los temas de atención urgente”.
El convenio establece que la comunicación directa con el mandatario será a través de la secretaria privada y el Gobierno tendrá que delegar a las instituciones competentes para resolver los casos planteados para beneficio de la población de la región Ixil.
“Como autoridades de los tres municipios del pueblo Ixil, esto es solo el inicio del trabajo con el Gobierno central. Vemos una esperanza en él de sacar adelante a nuestros pueblos para un desarrollo más integral desde la participación de los pueblos indígenas y no seguir siendo subordinados como en los gobiernos anteriores”, recalcó Herrera.
Para la alcaldesa indígena la función de la entidad ancestral que representa ha ayudado a impartir justicia. Pero, en las comunidades existen otros conflictos “que no están en sus manos y es responsabilidad del Estado”. Sin embargo, hasta ahora, el desafío es cómo resolverlo con consentimiento de las autoridades comunitarias sin dañar los bienes naturales en busca de un beneficio integral.
La alcaldesa resaltó que es la primera vez que se da un acercamiento entre un presidente y autoridades indígenas. Citó como ejemplo la gestión del predecesor de Arévalo, Alejandro Giammattei, quien realizó algunas visitas a la región. Pero las autoridades indígenas no fueron tomadas en cuenta para ser escuchadas sus necesidades.
Ella señala que el convenio es significativo ya que, a nivel local, las alcaldías municipales, representantes del Gobierno, forman parte del Pacto de Corruptos que se ha encargado de dividir a las comunidades, a no garantizar el desarrollo y que proyectos de infraestructura no lleguen a la población asentada en las comunidades lejanas.
Una región con necesidad de desarrollo
La pobreza, pobreza extrema, migración y mortalidad infantil son otros temas que buscan profundizar con el Gobierno desde sus propia cosmovisión y prácticas que han sido excluidas por el Estado.
En noviembre de 2022, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición publicó un Diagnóstico económico-financiero de la región Ixil, en donde se señala que el 67% de los sistemas de abastecimiento de agua está contaminado con las bacterias conocidas como coliformes fecales, entre otros, debido a la carencia de un sistema de alcantarillado.
El 52.7% de la población Ixil se encuentra en sus aldeas, esas que sufrieron masacres durante el Conflicto Armado Interno. Un estudio de la Fundación Ixil, del año 2010, reveló que las condiciones de postguerra promovieron una serie de dificultades relacionadas con: el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, entre otros.
La mayoría de viviendas son fabricadas de madera, adobe y tejas. Ubicadas entre praderas y cultivos para su subsistencia. En cuanto a la cobertura eléctrica, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), registró que solo el 68.5% de la población tiene luz.
La desnutrición crónica, por otro lado, es del 67.7%, en promedio. Los municipios de la región Ixil ocupan el tercero, décimo y duodécimo lugar a nivel departamental de desnutrición aguda, según la tasa acumulada por 10,000 habitantes. Para el caso de Nebaj, la tasa es de 86.2, seguida de Chajul y Cotzal, con 45.7 y 34.2, respectivamente, se lee en el Diagnóstico económico-financiero.
La mortalidad infantil de la región es de 16.35 por cada 1,000 habitantes. En el primer semestre de 2022, se registraron 70 defunciones. La muerte fetal es la primera causa de morbilidad infantil.
Bajo amenazas y “autoridades indígenas paralelas”
A pesar de las cifras que retratan el abandono del Estado y las consecuencias de la postguerra, la región Ixil ha logrado la gobernanza debido a la organización comunal. La población hace llegar a las autoridades indígenas sus demandas quienes ahora con el convenio buscan dar solución. Feliciana Herrera comentó que actualmente existen varios proyectos municipales que alcaldes de administraciones anteriores inauguraron sin que la obra estuviera finalizada. Ante la situación, plantearon a Arévalo fiscalizar la infraestructura en los tres municipios de Quiché.
Uno de estos, es un proyecto de alcantarillado en cuatro comunidades que, entre 2004 y 2008, fueron entregados como obras concluidas. “Prácticamente son tubos enterrados en la tierra y luego construyen plantas de tratamiento en donde no hay garantía de esos proyectos”, denunció la alcaldesa indígena.
La población presentó demandas, pero ante la negativa de las municipalidades para resolver el caso, solo la comunidad Salquil Grande, de Nebaj, continúa con el proceso y exigen la fiscalización del Gobierno central.
La justicia ambiental también es otro de los desafíos planteados al presidente Arévalo “Hemos pedido la ejecución de sentencias que han sido dictadas por la Corte de Constitucionalidad sobre tierras y el conflicto en el área protegida de Visis Cabá, en Chajul, en donde existe conflictividad”, dijo Herrera. Según contó, son 13 comunidades que forman parte de la reserva. Además, se refirió a los procesos de consulta comunitaria frente a empresas extractivistas. Estos procesos no son nuevos pero los Gobiernos anteriores no han cumplido con lo demandado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la consulta en especial en Cotzal.
El día de la firma del convenio, la primera alcaldesa de Chajul, Engracia Reina Mendoza, también denunció la falta de consulta a las comunidades que habitan cerca de la hidroeléctrica Xacbal y el conflicto en el área. Mendoza contó que la empresa ha creado la imagen de otras autoridades indígenas para defender sus intereses y callar a quienes abogan por los derechos de las comunidades.
“El Conflicto Armado Interno destruyó a nuestras autoridades. Por eso la hidroeléctrica creó otra autoridad indígena. Pero no vamos a permitirlo”, resaltó.
La alcaldesa indígena de la región Ixil se refirió a estas autoridades paralelas como parte de las estrategias de los alcaldes municipales para callar a las autoridades indígenas que velan por el bien común de la población. “Quienes se levanten o denuncien estos casos o piden que sean fiscalizados, son intimidados”, dijo. A pesar de las amenazas, resaltó que eso no les limita a seguir ejerciendo su mandato ad honorem.
Para Cumes estas prácticas de los alcaldes municipales es una muestra “de un poder abusivo” desde las empresas extractivas que se colocan como poder absoluto en las comunidades organizadas.
Herrera agregó que el trabajo de fiscalización al gobierno local y central continuará tal como lo especifica uno de los puntos del convenio que resalta que la denuncia constante de los hechos de corrupción es una “forma concreta de colaboración en la lucha contra la corrupción en los tres municipios” de Quiché.
“Estamos escuchando para aprender”
Arévalo escuchó las demandas de los alcaldes indígenas sentado en la mesa principal vestido con un koton, el saco rojo con mangas y solapas negras elaborado con lana de oveja que usan los hombres. Los colores simbolizan la sangre y la fuerza. Mientras, el negro el maíz y la tierra.
Tras la firma del convenio y escuchar las demandas de los alcaldes indígenas en idioma Ixil y en español, Arévalo dijo que con la iniciativa se están “sentando las bases para el trabajo en conjunto y el desarrollo en los próximos cuatro años de su Gobierno”.
El mandatario recordó el apoyo y el liderazgo de los pueblos indígenas en defensa de la democracia en las calles. “Muchas gracias al pueblo Ixil y sus autoridades. Y gracias a ese esfuerzo, hoy estamos aquí juntos para trabajar por el desarrollo integral, que reconozca la dignidad inherente de todos los pueblos y culturas que conformamos este país”, manifestó.
Según dijo, parte de su presencia es para confirmar que trabajará junto a las comunidades indígenas. “Estamos escuchando para aprender, para entender y para saber cómo vamos a actuar como Gobierno para atender las necesidades tan grandes que tiene el pueblo Ixil como producto de tanto olvido, tanta marginación, tanta discriminación y tanto racismo”, declaró.
En cuanto al convenio se refirió como una agenda de trabajo en común que obliga a ambas partes a hacer “su mejor esfuerzo” para atender las necesidades del pueblo Ixil. Agregó que 500 años de marginación no se resolverán en cuatro años, pero se empezarán a sentar las bases para un desarrollo integral con el avance del tiempo.
Agregó que periódicamente reportarán los avances del convenio. “Poco a poco, gradualmente, pero sin parar”, añadió. Según el convenio, los avances del proceso se evaluarán al finalizar cada año de gobierno.
Un vínculo político para cogobernar
Para el antropólogo e investigador, Rigoberto Quemé, este convenio tiene legitimidad frente a otros firmados en el pasado con personajes u organizaciones que han realizado propuestas, pero que se han aprovechado de la representatividad indígena.
Mientras, para Cumes, el gesto del Gobierno se diferencia de las anteriores administraciones que se vinculaban a los pueblos indígenas de forma autoritaria como lo hizo Giammattei o folclorizando a la población indígena, que más que marginada ha sido despojada desde hace 500 años. “Lo que está haciendo el Gobierno debió hacerse desde siempre que es: establecer un vínculo político para gobernar en favor de la población”, resaltó. Además, dijo que parte de la tarea del convenio “es armonizar los ministerios” del Gobierno para evitar futuros conflictos.
Por aparte, Quemé, también primer exalcalde indígena de Quetzaltenango, comentó que este “es el momento para que se repare emotiva, psicológica y jurídicamente a las comunidades llevándoles el desarrollo, pero desde los pueblos no desarrollo eurocéntrico que plantea grandes proyectos e inversiones de trasnacionales”, opinó.
Consideró que se debe plantear una inversión desde los pueblos. Según explicó, el presupuesto de la Nación debería de contemplar una división por territorios y no a nivel nacional ya que se diluye en sectores con menores prioridades. En este planteamiento, la división presupuestaria se traduciría en una inversión por territorios “en consonancia” con el alcalde municipal y las autoridades indígenas.
En tanto, Cumes ve al sector privado como uno de los desafíos para el cumplimiento del convenio sobre todo frente a empresas extractivas que han creado autoridades indígenas a su favor como lo denunció la primera alcaldesa de Chajul.
“Empezarán a haber reacciones de temor y de rechazo. En este caso el vínculo político de Arévalo con las autoridades ancestrales podría darle la fuerza para sostener su gestión que seguramente estará constantemente con golpes de parte de ese sector privado y de la élite política”, dijo Cumes.
Para la antropóloga, el mensaje del presidente deja una esperanza de que una posición del lado de las comunidades afectadas no va a ser igual a los demás gobiernos después de la Firma de los Acuerdos de Paz, que se mostraron favorables a los intereses del sector privado, especialmente las empresas transnacionales extractivistas.
Ambos analistas coincidieron en que uno de los problemas que visualizan es que no se ven mayores acciones concretas por parte del Gobierno. “Mucha planificación y poca acción”, dijo Quemé. Mientras, Cumes prevé que, aunque el convenio es “un buen mensaje de cogobernanza” para el resto de pueblos indígenas, este vínculo político podría fracturarse si el cumplimiento de los compromisos va lento ya que podría “desesperar a la población que quiere cambios inmediatos” por lo que podría interpretarse como falta de voluntad.
Otro factor que podría romper el vínculo político son los posibles convenios que el mandatario haya alcanzado con el sector privado que tiene presencia en el área ya que esto limitaría el cumplimiento de los acuerdos con autoridades indígenas expropiados o víctimas de genocidio como la región Ixil.
La otra barrera que enfrenta el presidente, según Cumes, son los alcaldes municipales. Mientras, las autoridades indígenas buscan el desarrollo social y el buen vivir, según lo afirmaron en el idioma Ixil, las autoridades municipales se enfocan en infraestructura y les “cuesta aceptar” la legitimidad de las autoridades ancestrales en sus territorios.
“Una de las grandes derrotas de los pueblos indígenas, vistos en la historia, es cuando no se vigila la autonomía, la soberanía de los territorios. Este es un grave problema porque terminan recibiendo migajas”, opinó Cumes.
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