Casi ochenta años después de la Revolución de Octubre, tras varios periodos de gobiernos corruptos, hoy el presidente electo Bernardo Arévalo de León y su equipo de gobierno, se encuentran con un escenario educativo complejo.
Por Ana Lucía Ramazzini Morales
Nos encontramos a las puertas de un nuevo gobierno, momento histórico en el cual resuenan las palabras del pedagogo brasileño Paulo Freire cuando decía que la educación no es neutral, sino un acto profundamente político para la domesticación o para la emancipación.
Y es que la institucionalidad pública, particularmente el Ministerio de Educación (Mineduc) que tiene por mandato ser el ente rector de la educación escolar y extraescolar en Guatemala, constituye un campo de disputa que diversos grupos lo han buscado cooptar. La educación -y quienes se encargan de su gestión- tienen el poder de reproducir imaginarios y sentidos, a través de educar a generaciones.
De ahí que sean muchos los retos a enfrentar y también sean urgentes las prioridades a definir para concretar una educación de calidad; una educación que posibilite las condiciones para el ejercicio pleno de derechos humanos, lo cual constituye una deuda histórica, particularmente con la niñez y juventudes de este país.
Los antecedentes del gobierno de un pedagogo en el marco de la revolución
Desde una perspectiva histórica, solamente una vez ha confluido un presidente que fuera pedagogo, que un pedagogo se haya convertido en presidente. Juan José Arévalo Bermejo, doctor en filosofía y ciencias de la educación, fue electo presidente en 1945, en el marco de la Revolución de Octubre.
Tras 14 años de la dictadura ubiquista, Arévalo Bermejo impulsó políticas educativas de corte humanista, buscando favorecer aspectos cuantitativos y cualitativos de la educación, tanto en áreas urbanas como rurales. En este terreno, su foco central de acción fue la educación pública, así como, entre otras, la desmilitarización de la educación; la actualización de planes de estudio incluyendo la didáctica y formas innovadoras de evaluación; la creación de escuelas tipo federación, escuelas nocturnas y escuelas normales, fortaleciendo la formación magisterial; y el establecimiento de la democracia en la estructura escolar, mediante el autogobierno y las cooperativas escolares.
Casi ochenta años después, tras varios periodos de gobiernos corruptos, hoy el presidente electo Bernardo Arévalo de León y su equipo de gobierno, se encuentran con un escenario educativo complejo.
Un contexto educativo violento, antiderechos y que no cumple
En muchas escuelas e institutos existen riesgos y diversas manifestaciones de violencia que hacen que se constituyan en espacios inseguros y que los procesos de enseñanza-aprendizaje se vean comprometidos y queden relegados.
Esto ocurre por la precariedad de la infraestructura, no solo en la construcción sino en la garantía de servicios mínimos, como agua potable o energía eléctrica. A ello se suma la falta de funcionabilidad de muchas de ellas, por carecer de maestros y maestras -quienes ejercen esta profesión, en muchos casos en condiciones laborales mínimas-. Además, del retraso en entrega de los libros de texto los cuales llegan casi al final del ciclo escolar, como se evidenció en 2023.
Ejemplos ilustrativos de lo anterior, existen muchos. Uno significativo es el caso de tres escuelas en Ciudad Peronia, en Villa Nueva, donde los estudiantes se tuvieron que retirar en su primer día del ciclo escolar 2023 debido a que los drenajes no funcionaban y no había personal docente para impartir clases.
Tampoco resulta nuevo el peligro que representa la llegada a las escuelas, especialmente las de áreas rurales, debido a las grandes distancias que deben recorrerse por caminos desolados, lo que ha implicado violencia, sobre todo para niñas y adolescentes. Y en las áreas urbanas, la movilidad mediante el transporte público tampoco es alentadora frente a las condiciones en las que se encuentra el mismo. A esto hay que agregar las amenazas de los alrededores de las escuelas, por el pago de extorsiones y el acoso constante.
Sin embargo, dentro de las escuelas y centros educativos, la vivencia cotidiana de la violencia es aún más preocupante. Una violencia que refleja las relaciones de poder patriarcales, racistas, colonialistas, heteronormadas y clasistas sobre las cuales está construida la sociedad, y que impacta en el tránsito de varias poblaciones por el sistema educativo, no solo su ingreso, sino también su permanencia y promoción.
Entre ellas, se puede mencionar el caso de Alta Verapaz, donde en el año 2020 se dieron a conocer más de una veintena de denuncias contra maestros de escuelas públicas por agresión y violencia sexual contra niñas. No es el único caso a nivel nacional y la información muestra que, en ocasiones, profesores que incluso son condenados por delitos sexuales no son despedidos, sino únicamente trasladados a puestos administrativos.
Evidencia de otras violencias que se viven también la proveen investigaciones recientes, que muestran hechos de violencia en centros educativos contra personas de la diversidad tanto de parte de sus pares como del profesorado buscando “disciplinarles” y “corregirles” (Flacso, 2021 y 2023); así como violencias derivadas de situaciones como embarazos en niñas y adolescentes, en donde 9 de cada 10 de las que estaban en el sistema educativo se vieron obligadas a dejarlo (Flacso, 2015); e incluso, suicidios por embarazos no deseados/no planeados y forzados de adolescentes que se encontraban escolarizadas (Flacso, 2019).
También es evidente la violencia que existe frente a una estructura escolar y organización curricular que no se da en idiomas maternos y no toma en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios.
La escuela debe representar un espacio de protección y desarrollo pleno. No obstante, la responsabilidad de estas violencias, particularmente contra las niñas, adolescentes, juventudes, pueblos originarios y personas LBGTIQ+, se acrecienta y normaliza frente a silencios e inacción institucional, muchas veces intencionada.
Una muestra de esto es la resistencia, sobre todo en años recientes, a la implementación de la educación integral en sexualidad, pese a la existencia de una estrategia provista por el Ministerio de Educación. La educación integral en sexualidad es un derecho humano que el Estado -y su institucionalidad- debe garantizar, porque proporciona conocimientos y habilidades para identificar las diversas manifestaciones de violencia, y posibilita que cada quien construya su propio proyecto de vida.
No obstante, lo relacionado a esta estrategia ha sido negado y limitado por grupos antiderechos en los que se encuentran articulados, entre otros, políticos vinculados al Pacto de Corruptos y religiosos fundamentalistas -posicionándose en contra de los derechos sexuales y reproductivos- que han ido cooptando la institucionalidad pública y ubicando su manera de ver, percibir y vivir en el mundo.
De hecho, el Ministerio de Educación es el ente rector de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032, que despliega una serie de programas y acciones no solo para trabajar a través del Curriculum Nacional Base (CNB), sino con cada uno de los ministerios mediante comités técnicos, irrespetando el principio de la laicidad del Estado, pilar fundamental de la democracia.
Por otro lado, es importante señalar la reciente publicación de los resultados del informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA), que evidenciaron el estancamiento de habilidades en matemática, lectura y ciencia de la población estudiantil guatemalteca. Los resultados les posicionan por debajo del promedio en estas tres áreas y con un rendimiento inferior al de los 81 países de la prueba. Si bien se reconoce el impacto de la pandemia COVID-19, muchas de las problemáticas referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, únicamente las vino a profundizar, porque cuentan con décadas de existencia.
Las problemáticas planteadas son sólo algunas de las más evidentes que se ubican en el contexto educativo que deberá enfrentar el nuevo gobierno. La intención de nombrarlas es hacerlas visibles. En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un nudo toral al que se necesita poner atención no sólo para los siguientes cuatro años, si no en términos de largo plazo.
El reto de la propuesta educativa del nuevo gobierno 2024-2028
El plan del nuevo gobierno reconoce a la educación como prioritaria para el desarrollo social. Enuncia la necesidad de “otra” educación, para lo cual se plantea “una reforma educativa incluyente” que alcance un Pacto Nacional por la Educación, uno de los cuatro acuerdos nacionales que se proponen hacia 2056. Además, explicita el compromiso de un Ministerio de Educación que atienda la cobertura y la calidad educativa.
Su propuesta se concreta en metas relacionadas con el aumento de población estudiantil en educación pública, especialmente en educación media, que ha estado ubicada en manos privadas; nuevas aulas, salas y laboratorios, así como baños y servicio de agua garantizado; libros y guías impresas y entregadas; cambio del Programa de Formación Inicial Docente (MINEDUC/USAC), donde vale la pena mencionar que no se cuenta datos de contratación de las y los egresados y la demanda ha disminuido considerablemente. También se habla del fortalecimiento o generación de otros como el programa de evaluación y mejora continua de la calidad de la educación en Guatemala; programa de atención especial para evitar la deserción y el fracaso escolar; y la creación de institutos regionales de excelencia con becas estudiantiles y contratando a quienes sean mejores docentes para ser profesores y profesoras.
Unido a lo anterior, en el marco de Protección, Asistencia y Seguridad Social, se establece la creación de una Red Nacional de Centros de Cuidado Infantil para apoyar especialmente a las madres que trabajan o desean trabajar, estudiar y participar en otros ámbitos de la vida social. Y se plantean programas de transferencias condicionadas en efectivo destinadas a atender niñas, niños y adolescentes con riesgo de hambre, enfermedad y/o deserción escolar.
En Tecnología e Innovación, se propone disminuir la brecha digital, incentivando las ciencias, la tecnología, la educación, la capacitación y la transformación productiva hacia estándares de sostenibilidad e inclusión, mediante un programa de acceso a equipo tecnológico para adolescentes, maestros de educación pública y personas incluidas en los programas de formación.
De manera muy sintética, aquí planteadas, están las propuestas del plan del nuevo gobierno, las cuales generan altas expectativas para el abordaje de problemáticas educativas que han estado enquistadas por años en la estructura de la gestión institucional. Gestión que, a su vez, se amarra con el rechazo generalizado ante un presupuesto 2024 aprobado con irregularidades por el oficialismo, y con reducciones arbitrarias en temas estructurales como el educativo, que no permitía alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, en los últimos días, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un amparo provisional que lo invalida.
Para el abordaje del contexto educativo violento que se presentó anteriormente, que está asentado en sociedades atravesadas por relaciones de poder; los términos y significados también son fundamentales para orientar las prácticas educativas. Los conocimientos que subyacen y dan forma a las propuestas curriculares impactan en la vida cotidiana de la población estudiantil. De ahí la insistencia político-pedagógica de desentrañar y atender el curriculum oculto.
En este sentido, resultaría importante para el Pacto Nacional por la Educación que se pretende, resignificar, por ejemplo, qué se entiende por “excelencia” y “calidad”, al ser términos que se incorporaron al escenario educativo desde las políticas neoliberales de la década de los noventa, junto a otros como “eficacia, eficiencia y productividad” con una lógica determinada para mercantilizar la educación.
Por eso es preciso resignificar el contenido -desde el enfoque de derechos humanos- en términos como calidad educativa, para que sea relacionada con la dignificación de la vida. Por ello, la importancia epistemológica de la gestión pública, en aspectos administrativos y pedagógicos.
En concreto, en educación, los retos son muchos, históricos y profundos. Hay caminos andados que son necesarios de retomar, entre los que se encuentran, por mencionar algunos, la estrategia de educación integral en sexualidad y la olvidada política de igualdad educativa para las mujeres, que el gobierno actual tampoco implementó.
Pero existen, también, encrucijadas y caminos nuevos por recorrer para hacer realidad el derecho humano a la educación, que no se reduce a su acceso, sino también a la calidad de los procesos pedagógicos libres de violencia. Y esto, sin duda, va más allá de los cuatro años del periodo de gobierno. Como en todas las transiciones, los desafíos y las oportunidades confluyen.
Autora
Educadora, socióloga e investigadora. Sus líneas de investigación se han orientado a la educación, violencia epistémica y pedagogía feminista; violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos; violencia contra población LGBTIQ+.
