El Gobierno presiona para retirar a los manifestantes frente a la sede central del Ministerio Público. Pero la respuesta de las autoridades indígenas es tajante: si ellos se retiran del lugar solo será para retomar las manifestaciones en las carreteras.
Por Rony Ríos
El 18 de octubre pasado las autoridades indígenas que mantienen desde hace más de 40 días un plantón frente a la sede central del Ministerio Público (MP) accedieron a correrse unos metros de la entrada del edificio para que los trabajadores del MP o las personas que tenían que realizar alguna diligencia pudieran pasar sin ningún problema. La decisión se tomó pese a que en ningún momento los manifestantes han interrumpido la circulación del personal del Ministerio Público. Pero esos metros que se corrieron no son suficientes para el gobierno de Alejandro Giammattei, ahora piden a los manifestantes que se corran cien metros más.
Este martes 14 de noviembre, en una nueva sesión en la mesa de diálogo entre los representantes del Ministerio de Gobernación (Mingob) y las autoridades ancestrales, el tercer viceministro de Gobernación, Ronald Yomelfy Portillo Cordón, planteó tres propuestas para liberar el paso frente al Ministerio Público.
El viceministro Portillo dijo que habían recibido denuncias de ciudadanos capitalinos en las que aseguran que se les complica el ingreso al MP.
Portillo ofreció tres alternativas a los manifestantes para que liberen el paso, sin embargo, Luis Pacheco de los 48 Cantones de Totonicapán replicó que el paso estaba habilitado y no interrumpía las labores de los trabajadores o personas particulares que querían llegar al edificio del MP situado en el barrio Gerona.
Desde antes del 2 de octubre, la calle al frente de dicho edificio ha sido el escenario donde han empezado o terminado las protestas contra las acciones antidemocráticas dirigidas por la fiscal general, Consuelo Porras, sus fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana. Este 14 de noviembre, se cumplieron 44 días de protestas continuas, y el frente del edificio del MP se ha convertido en un espacio de protesta ciudadana, desde el cual se han lanzado eufóricos mensajes contra la corrupción y se han rechazado las acciones que pretenden dar un golpe a la democracia.
La protesta permanecerá en el lugar hasta el 14 de enero de 2024 fecha en la que debe asumir el nuevo gobierno, han anunciado ya las autoridades indígenas y ancestrales.
“Es más fácil que se remueva a las cuatro personas”
“El acceso ya está, incluso pasan los abogados, algunos nos saludan y otros nos hacen caras, pero hemos respetado. La calle es ancha y hemos ocupado menos de la mitad, adelante hay un parque e ingresan”, dijo Pacheco al viceministro, a los integrantes de la Policía y al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, quienes conformaban la mesa de diálogo.
Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá, señaló que “estuvimos en las carreteras y nos dijeron que era un delito, estamos acá y también dice que es un delito; ustedes nos tienen como de Pilatos a Herodes, es una humillación para el pueblo”.
“El pueblo ya ha accedido muchísimo, tan fácil que es que se remueva a las cuatro personas y cada uno a su casa”, enfatizó Ulario. En el mismo sentido Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinka, indicó que quieren regresar a sus casas, pero es importante la defensa de la democracia.
Durante la discusión el PDH no se salvó de las críticas a su desempeño en el cargo.
#GuateResiste ✊🏽 Las autoridades indígenas se reúnen esta mañana con personal de la PDH.
En el día 44 de la resistencia se lleva a cabo este diálogo en el que participará el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 14, 2023
“A mí me indigna cuando veo que usted gana Q50 mil de bono que son 20 meses de salario de un campesino. ¿Usted dígame cuál es su función?, ¿Está cumpliendo realmente con su trabajo?”, preguntó Ángel Sapón, autoridad indígena de San Cristóbal Totonicapán a Córdova.
Además, Sapón dijo “hemos estado acá desde el 2 de octubre y ¿el salario de nosotros qué, no tenemos familia, de qué vivimos? Lo hemos dejado todo para defender nuestra democracia”.
Sapón continuó pidiendo al viceministro que haga su trabajo como debe ser y que no los trate de intimidar.
“Para qué servimos los pueblos originarios, solo para las votaciones cada cuatro años porque después ya no nos conocen. El otro día usted llegó al MP y se dio cuenta cómo está la población porque la población se ha dado cuenta que su trabajo no ha sido como debería”, recalcó el representante de San Cristóbal.
Sapón también señaló que “ustedes solo quieren apantallar, hacernos a un lado, tener el acceso, que entre uno y otro carro. El otro día como a las 21:30, 22:00 horas estaban entrando carros, pero uno llega al MP hay horario laboral, de 8:00 a 16:00 horas, que triste”.
Otro de los representantes de Totonicapán invitó al viceministro a presentarse al MP para que se dé cuenta que sí hay acceso al edificio y le pidió que no se deje engañar por los corruptos.
“Habla de la petición del pueblo capitalino y ¿la petición del pueblo de toda Guatemala, no se da cuenta de eso? Nunca se sienta grande”, le increpó el dirigente comunitario.
Además, el representante de Totonicapán indicó que “muchos dicen que no tenemos educación, pero discúlpeme, ustedes tienen un papel donde los acredita que son licenciados, abogados, doctores o todo lo que ustedes quieran, pero no ejercen lo que han recibido de educación. Sin embargo, nosotros somos campesinos, pero hemos aceptado y la educación que tenemos la hemos ejercido”.
Asimismo, las autoridades comunitarias le recordaron al PDH, Alejandro Córdova, que en una de sus funciones está la emisión de censura pública a actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales.
Sololá responde
Edgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá señaló que, si el gobierno les daba tres opciones para desalojar el MP, ellos les proponían la cuarta opción, que era que se regresaban a sus comunidades y volvían a tomar las calles.
Además, Tuy invitó al viceministro a llegar a Sololá y hablar con las comunidades, para que escuche lo que el pueblo dice. “La población está ansiosa de salir otra vez, pero esta vez no creo que sea un mes si no tal vez dos, eso es lo que va a pasar”.
“Mientras los altos mandos bien cubiertos con cuatro seguridades encima, mientras que la población sin nada, eso también es violación a los derechos humanos. Estamos sucumbidos en una crisis política y si no hay nada en las carreteras es porque hay que sacrificar algo y eso es la sede del MP, pero si lo que quieren son esos 100 metros a cambio de las carreteras no hay ningún problema, volvemos, no tengan pena”, dijo Tuy.
En el mismo sentido, Ulario Zavala dijo que el fin de semana llegaron seis o siete camionetas con gente para manifestar, pero si lo que quieren es que se libere el MP ellos regresan a sus comunidades y desde ahí manifiestan. “Es más fácil porque ahí sí salen todas las comunidades, ahí somos miles”, enfatizó la alcaldesa.
