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La CIDH señala aumento de criminalización y vulneración de derechos humanos en Guatemala. Para los embajadores representantes de los países miembros de la OEA, este documento confirma el deterioro de la libertad de expresión tanto en las calles como en las redes sociales. Lo que calificaron como una situación grave. El reciente caso presentado por el MP por la toma de la USAC fue calificado como una situación grave. 

Por Isela Espinoza

“Criminalizar la protesta social de manera contraria a los estándares interamericanos pone en evidencia, una vez más, un ejercicio abusivo del poder y falta de independencia en el ejercicio de la acción penal instrumentalizada con fines políticos”, dijo Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) al presentar al Consejo Permanente un informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.

Para los embajadores representantes de los países miembros de la OEA, este documento confirma que el seguimiento y acompañamiento es fundamental en la transición del nuevo Gobierno. Sin embargo, también resaltaron el deterioro de la libertad de expresión tanto en las calles como en las redes sociales. Lo que calificaron como una situación grave.

En el transcurso de 2023, la exclusión de candidatos a la presidencia para las elecciones generales, la criminalización de operadores de justicia y periodistas, así como de otras voces de la sociedad, y luego la judicialización del proceso electoral llevaron a la CIDH y a la OEA a observar con preocupación la vulneración de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.

Ante más reciente caso presentado por el Ministerio Público (MP), denominado Toma USAC: botín político, en contra estudiantes y catedráticos, defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones no gubernamentales, diputados opositores y el binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, este miércoles 29 de noviembre, el Consejo Permanente de la OEA escuchó el informe de la CIDH.

En el documento, Reneaum reiteró la preocupación de la Comisión por el deterioro del Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en el país “por las injerencias indebidas en el proceso electoral, así como de otras acciones del Ministerio Público que han puesto en riesgo el proceso de transición presidencial y el orden jurisdiccional”.

La secretaria ejecutiva dijo que la Comisión condenó las 31 órdenes de allanamientos y 27 órdenes de detención en el contexto del caso Toma USAC ya que el anuncio de la investigación ocurrió al día siguiente de que este Consejo Permanente recibiera los informes de la Misión de acompañamiento del proceso de la transición de gobierno.

“Para la Comisión Interamericana la instrumentalización del derecho penal y las injerencias indebidas del Ministerio Público en el proceso electoral y de transición es el resultado de la erosión del sistema de controles de pesos y contrapesos del Estado democrático que viene teniendo lugar en Guatemala en los últimos dos años”, manifestó Reneaum.

Desde 2017, la CIDH ha documentado el deterioro de la independencia judicial en Guatemala por la paulatina cooptación de los órganos encargados de administrar e impartir justicia y la intensa criminalización de operadores de justicia, agregó la secretaria ejecutiva. “Es sintomático la ausencia de garantías del poder judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad frente a los otros poderes públicos”, puntualizó.

Tras su intervención, los embajadores ante la OEA manifestaron su rechazo y preocupación ante lo detallado por la diplomática. La delegación de Estados Unidos llamó al Estado de Guatemala a respetar sus compromisos según la Carta Democrática Interamericana y asegurar una transición de mando pacífica.

El representante del país norteamericano también señaló que el caso de la Toma USAC llegó días después de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y recalcó que ahora estas personas tendrían que decidir si le quitan la inmunidad al presidente y vicepresidenta electos. “Esto sería abrir una caja de pandora y mostraría también una desestimación total de la función que tiene el pueblo guatemalteco”, comentó.

Estados Unidos dijo estar listo para “dar pasos adicionales, si es necesario, para respetar la Carta Democrática” con el objetivo de apoyar al pueblo guatemalteco en su lucha por la democracia.

La delegación de Estados Unidos resaltó que la comunidad internacional debe continuar su postura en contra de los actores antidemocráticos. “La OEA ha demostrado su compromiso ante la democracia y la transición pacífica de mando. Hoy es otra oportunidad para convocar a Guatemala a que respete sus compromisos según la Carta Democrática Interamericana y para asegurar una transición fluida del poder”, opinó.

Por su parte, el chileno Sebastián Kraljevich, otro de los embajadores ante la OEA, pidió a la comunidad internacional “no permanecer impávidos” ante el intento del MP de perseguir judicialmente a Arévalo por pronunciarse en redes sociales contra de la elección fraudulenta del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos.

Canadá, Costa Rica, Brasil y Surinam, se unieron a los llamados de respetar la independencia de los poderes del Estado y expresar su alarma ante el deterioro de los derechos humanos en el país.

Por aparte, el representante de Colombia Luis Ernesto Vargas dijo que, aunque mantienen la esperanza de que la situación política del país mejore con la transición de mando continúan con una “profunda preocupación” ante los continuos informes de la “excesiva judicialización del proceso electoral” y las acciones intimidatorias, selectivas y arbitrarias contra ciudadanos.

Además, Vargas resaltó el papel de las autoridades indígenas en las recientes manifestaciones en defensa del voto ciudadano que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios que atentan contra la democracia.

“Nos inquieta que en las actuales circunstancias se puedan ejercer acciones de intimidación hacia líderes indígenas en detrimento de su libertad”, resaltó el diplomático colombiano.

Sanciones para Porras y otros funcionarios

Desde el inicio de las acciones de judicialización del proceso electoral en julio pasado, el Consejo Permanente de la OEA ha realizado reuniones sobre la situación política de Guatemala. Uruguay, junto a Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, entre otros, han sido los principales impulsores para alertar a la comunidad internacional.

Este miércoles, el embajador de Uruguay, Washington Abdala, se mostró con mayor preocupación por la persecución del MP contra Arévalo y Herrera a pesar de tener inmunidad por ser las nuevas autoridades electas para gobernar 2024-2028.

“Esto es una barbaridad. Y tan barbaridad es que hace pocas horas Naciones Unidas ha estado orbitando entorno a este tema y que hace nada el Comité de América Latina de la Unión Europea, el COLAT, discutió en Bruselas sanciones para Consuelo Porras, para Rafael Curruchiche, para Fredy Orellana y Cinthia Monterroso en el marco global de los derechos humanos de la Unión Europea”, confirmó Abdala.

Según el diario DW (Deutsche Welle), los alcaldes indígenas del municipio de Sololá y Santa Lucía Utatlán, Misrahí Xoquic y Luz Emilia Ulario, viajaron a Bruselas para exponer la situación de Guatemala.

Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central, dijo a DW que podrían imponer sanciones. “Estamos en contacto permanente con nuestra delegación en Guatemala. Estamos preparando una reunión con los grupos políticos para pedir sanciones individualizadas para los responsables de estas acciones contra la democracia en Guatemala que, al parecer, sin presión no van a cesar”, aseguró Metz.

En tanto el diplomático uruguayo advirtió ante la OEA que no solo se trata de que el próximo 14 de enero el binomio presidencial electo asuma el cargo sino también que permanezca en el cargo para el periodo electo. Además, recordó que en la región existen “fracasos” por los que pidió tener “cuidado” para que Guatemala no repita esa historia.

“Es un punto de inflexión por lo que representa democráticamente, aún hoy, Guatemala. Por el lugar en el que se encuentra, por su importancia, por su volumen demográfico y por la necesidad que tenemos como continente de que Guatemala permanezca del lado de la democracia, de la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho. Estamos a un tris de que esto termine muy mal”, advirtió Abdala.

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