La sublevación de los pueblos indígenas en Guatemala: del poder local a la resistencia nacional
Por Irmalicia Velásquez Nimatuj*
Una de las tácticas de las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán desde la época colonial hasta el presente ha sido saber mover, de manera estratégica, la lucha local al espacio nacional cuando las condiciones lo han demandado. Por eso, el liderazgo nacional que hoy ejercen al paralizar Guatemala y demandar, junto a otras autoridades indígenas, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana es parte de la identificación que han hecho de la crisis de abuso de poder del sistema de justicia ordinario, que en su momento denunciaron.
Pero ante la complicidad del presidente Alejandro Giammattei buscan ponerle fin con sus propios medios, usando el poder que poseen como pueblos indígenas. Y lo hacen porque estos funcionarios, incluido Giammattei, no han cumplido con ejercer su mandato sino han usado la función pública para aumentar los privilegios de las rapaces elites nacionales e internacionales y han traicionado el principio elemental de que nadie es superior a la ley.
O sea, los 48 Cantones están señalando que ni los mismos funcionarios cumplen con el sistema de justicia que ellos mismos crearon y que tanto defienden. Visto así, en el largo hilo del tiempo, la resistencia de los 48 Cantones no debe asumirse como un acontecimiento extraordinario sino como uno más en su larga capacidad de saber moverse entre el derecho indígena y el derecho ordinario, entre la ciudad y el campo, entre la castilla y el k’iche’, entre el terror y la negociación, entre la represión y el resguardo de la vida colectica, entre defender al rey en 1820 para acabar con el gobierno de los criollos que les exigían el pago de impuestos abolidos por las Cortes de Cádiz en 1811, siendo, entonces, su consigna que “Viva el rey, muera el mal gobierno”.[1]
Y aunque parecieran acciones contradictorias, no lo son dado que una de las funciones principales de los 48 Cantones en la vida local o nacional es buscar, en momentos de crisis, como el actual, restituir el equilibrio entre gobierno y pueblos en donde las autoridades deben escuchar más no ignorar, proponer más no imponer, obedecer la voz colectiva más no aterrorizar a quienes producen la riqueza nacional.
Por eso, estando las autoridades indígenas a la cabeza de la resistencia nacional, no es extraño que Guatemala inicie hoy el día once de paro en casi todo el territorio nacional, el cual, a pesar de la represión estatal, ha ido ampliándose con la incorporación de pueblos, comunidades, sectores y lideres locales, regionales y nacionales. Fueron convocados por el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán a raíz de que miembros del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que dirige el servil Rafael Curruchiche, ingresaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con violencia, insultos y en un asalto público e ilegal extrajeron documentos originales que respaldan la primera vuelta electoral realizada el 25 de junio pasado.
El objetivo era acusar de fraude al partido Movimiento Semilla, cuyo candidato Bernardo Arévalo -quien no tiene la bendición de los grupos de poder pero sí la de los pueblos- fue electo presidente el 20 de agosto, en la segunda vuelta electoral con más de 2 millones 400 mil votos, y a quien buscan impedir que tome posesión el 14 de enero de 2024.[2]
Los 48 Cantones actuaron saturados de que los grupos de poder tradicionales junto al crimen organizado, que controla significativas regiones del país, especialmente entre la frontera entre México y Guatemala, puedan acabar con la débil democracia. En ella viven más de 8 millones de indígenas en Guatemala, quienes en algunas regiones son la mayoría poblacional pero han sido convertidos y mantenidos a nivel nacional en una minoría política, gracias a las corruptas políticas de exclusión e inequidad racial que se impulsan desde el ejecutivo y el legislativo, con el apoyo coercitivo del sistema judicial, abonando así a una peligrosa realidad explosiva y en ebullición que tiene poco que envidiarles a los países africanos.
Las autoridades indígenas de Totonicapán son herederos de una histórica experiencia política y de una larga resistencia, pues sus raíces están en la cruenta época colonial.[3] Identificaron que el límite de la aceptación política de las acciones represivas, farsantas y corruptas del gobierno de Giammattei, que no ha hecho sino empobrecerlos, obligarlos a emigrar, ignorarlos y despreciarlos racialmente, había rozado el límite de lo que la dignidad indígena colectiva puede soportar.
Por eso, con conocimiento de causa, convocaron el pasado 1 de octubre a otras autoridades indígenas y comunitarias de las tierras altas de Guatemala y de otras regiones para ejercer el derecho de mando que poseen sobre sus territorios comunales y exigirle a Giammattei la destitución de Porras y la renuncia de Curruchiche y Monterroso y del juez Orellana por ser los responsables de los allanamientos o de emitir las órdenes para perseguir a los magistrados del TSE, al Movimiento Semilla, al binomio electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como a jueces independientes, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos, muchos de ellos ahora en el exilio mientras otros y otras están detrás de las rejas por cumplir la ley o por denunciar la corrupción estatal.[4]
En una Guatemala que va rumbo al despotismo, las autoridades indígenas de Totonicapán, junto a las autoridades indígenas de Nebaj, Palín, Sololá, Chuarrancho, Chichicastenango, Rabinal y de muchas otras comunidades, han pasado a asumir el rol de guardianes del sistema democrático, a pesar de que han buscado mantenerlos de rodillas por ser “indios e indias rebeldes”. Sin embargo, con una actitud sosegada, las autoridades indígenas han convocado a miles, sin que medien regalos o pagos, e impedir que se pisotee su decisión expresada en las urnas, que se imponga en Guatemala un sistema totalitario que los lleve a perder sus territorios, sus bienes naturales, de vida y sobre todo su derecho a garantizar la sobrevivencia y vigencia de sus pueblos culturalmente diferentes.[5]
Para quienes viven colonizados o sólo han respirado dentro del extractivo sistema capitalista, les es imposible comprender cómo unas “indias e indios rurales”, muchos de ellos casi analfabetos, que no dominan el español y que no poseen grados académicos, pueden poseer un estratégico y envidiable poder de convocatoria que resulta siendo espontáneo y consecuente con la tenaz represión que no cesa y que se ha intensificado desde 2019 con el gobierno del cómico Jimmy Morales y pueden paralizar sus regiones y contagiar a otras áreas de Guatemala para juntos expresar su insatisfacción y defender con su cuerpos y en sus territorios sus propios sistemas de vida.
El poder que en este momento están ejerciendo las autoridades indígenas en las montañas, las planicies, las carreteras o en algunas ciudades de Guatemala, no hace sino ensanchar el trágico rol que ha desempeñado Giammattei y los sectores que lo sostienen a él y a Porras, dándoles una lección histórica que jamás olvidarán, porque les están enseñando que el valor de quien ejerce el poder no radica en los placeres fugaces de los que pueden disfrutar ahora, en los bienes materiales que les facilita la corrupción o en el uso de la violencia que les dan las armas para acabar con la vida de quienes se levantan y denuncian.
Las autoridades indígenas les están enseñando que la desobediencia y el levantamiento terminan siendo una obligación colectiva cuando las crisis económicas, políticas o raciales se traslapan y buscan aniquilarlos a pesar de que son los pilares de la economía nacional.
Precisamente, en su capacidad de generar alianzas con iguales o con sectores distintos está el éxito político de las autoridades indígenas en este paro nacional que no tiene precedentes en el siglo XX y en lo que va del XXI, pero que muestra que a pesar de la continua represión estatal nunca pudieron matar las raíces y la tenacidad que ejercieron durante la época colonial y el primer siglo de la época republicana, en donde se rebelaron para provocar el debate, evidenciar la imparable ambición de quienes ostentaban el poder y lograr la dimisión de los opresores, aunque para conseguirlo recurrieran a respaldar a una parte de la institucionalidad, porque a través de esa vía lograban que cayera “el mal gobierno.”
Este paro nacional, además de luchar porque muera el deplorable gobierno de Giammattei y acabar con la represiva gestión de Porras, está dejando claro a todo el país que ninguna propuesta de nación puede ser ya viable sin la participación activa del sujeto indígena, entendido como múltiples sujetas/sujetos históricos, colectivos, diversos y que algunas veces actúan de manera contradictoria.
* Periodista y antropóloga maya-k’iche’
[1] Véase el libro, Levantamiento K’iche’ en Totonicapán, 1820: Los lugares de las políticas subalternas. Aaron Pollack. Guatemala, AVANCSO, 2008.
[2] Rafael Curruchiche Cucul: del racismo internalizado al abuso del poder. Irmalicia Velásquez Nimatuj. Revista APG No.145 Agosto-septiembre 2023.
[3] A History of Los Altos, Guatemala: A Study of Regional Conflict and National Integration, 1750-1885”. Jorge H. González. Tulane University, 1994.
[4] Golpe Judicial en Guatemala: fiscal y jueces deben de ser sancionados por violar el sistema electoral. 03/10/2023. Federación Internacional por los Derechos Humanos (fidh). Consultado 9 de octubre de 2023. https://www.fidh.org/en/region/americas/guatemala/golpe-judicial-en-guatemala-fiscal-y-jueces-deben-ser-sanctionados
[5] Elecciones comprometidas y justicia secuestrada: Guatemala corre el riesgo de la dictadura. 21/06/2023. Federación Internacional por los Derechos Humanos (fidh). Consultado 9 de octubre de 2023. https://www.fidh.org/es/region/americas/guatemala/elecciones-comprometidas-y-justicia-secuestrada-guatemala-corre-el
