Por Miguel Ángel Sandoval
Hace algunos años leímos que, en Bélgica, un ministro del interior había renunciado debido a un escándalo por problemas en su cartera (un musulmán deportado de Turquía, etc.). Al tiempo que, en Inglaterra, varios ministros renunciaron por haber “perdido la confianza” en el primer ministro Jonhson. En este caso, me refiero a la renuncia de los ministros por perder la confianza, que se produce luego de unos escándalos “sexuales” ocurridos en la época del Covid. En un caso vemos que una ola de crímenes no aclarados es suficiente para la renuncia, en otro son los escandaletes sexuales en época de la pandemia.
El punto es que en las dos situaciones lo que prevalece es algo ligado a eso que es la moral pública, o la ética en el ejercicio del poder. Aunque también está el tema de la legitimidad en el poder o más precisamente en las acciones del poder y la permanencia en el mismo. En otras palabras, no hay esa relación enfermiza con el poder y ante la menor pérdida de confianza el camino de un funcionario público es la renuncia, voluntaria, que es aceptada o no por las autoridades mayores, sea la presidencia, el primer ministro o el rey, cuando sea el caso. Incluso se tiene noticia de suicidios ante el escándalo por mala gestión y señalamientos críticos.
Ello viene a cuento pues en nuestro país los funcionarios parece que están blindados con un caparazón de tortuga, inmunes a las críticas, indiferentes a la acción ciudadana, pero fieles al hueso carnudo o no, que los lleva a pasarse, literalmente, por el arco del triunfo toda la crítica, fundada en hechos reales y comprobables, mientras continúan en el cargo y con ello degradando cada día que pasa, las instituciones democráticas republicanas.
Un par de ejemplos de los muchos que hay. En los días de la pandemia, un ministro de salud, que en reiteradas veces fue severamente criticado por claras muestras de incapacidad. Fue relevado y colocado como asesor presidencial en temas de salud…. Y como encargado de la construcción de hospitales en número de 6 o 7. Su sucesora hizo el peor negocio del mundo con la compra de vacunas rusas, pagando por adelantado y si tener la infraestructura indispensable para almacenar vacunas, y sin recibir las mismas. Resultado: pérdida de millones de dólares, y de varios millones de dosis en las vacunas.
En ninguno de estos casos que fueron severamente señalados por los medios de comunicación, por la sociedad, por las instancias del congreso, llevó a estos a pensar siquiera un momento en la renuncia. Menos hubo por parte del presidente, el gesto de defenestrarlos por evidentes faltas en sus labores y de cara a la sociedad. Con ello degradaron un poco más las instancias de gobierno. Otro de los casos de impresionante vulgaridad es el de un ministro del Mides, que fue fotografiado en evidente estado de ebriedad con edecanes, en parrandas pagadas por el despacho. No renunció y según parece, fue premiado con una curul. Así es el trópico.
Otro ejemplo. Un ministro de cultura, que, convertido en un enemigo acérrimo del patrimonio cultural, de las expresiones artísticas, parece que se aferra al puesto por los pingues negocios que puede hacer. Le quedo grande el saco. Es publicista, no entiende de cultura. La lista de tropelías es larga. Destrucción del techo del Museo Carlos Mérida, atentado al diseño arquitectónico del Teatro nacional, intento de destrucción del ballet Guatemala, corruptelas en los parques denominados del bicentenario, despido de trabajadores, y una larga lista de anomalías.
Toda esta historia tiene relación directa con la manera en que, en la actualidad, varios funcionarios del MP se aferran a sus cargos, pero no solamente se aferran, sino que, más allá de poner en cuestión su permanencia como funcionarios, tratan de ponerle una pesada hipoteca a la democracia guatemalteca y no hay instancias que digan esta boca es mía. Se sabe que ya se han recaudado más de 200 mil firmas para pedir la renuncia de la encargada del MP. Que, en diferentes lugares del país, se han realizado plantones en oficinas del MP. Pero la funcionaria sigue aferrada.
Con lo que se señala no se implica ninguna cuestión de orden personal, ni de intereses inconfesados, solo se indica que la legitimidad democrática tiene su sentido y razón de ser, cuando los servidores públicos cumplen con ciertos códigos, con ciertas normas, con una especie de ABC en el funcionamiento de las instituciones y con el comportamiento de los servidores públicos. No se puede ejercer un cargo con la desaprobación de la ciudadanía y de las instancias sociales o políticas que dicen a pleno pulmón que no. Que el tiempo de servicio ya terminó. Y ello es una de las virtudes de la democracia: no hay cargos eternos, no existen funcionarios para toda la vida.
Es cierto que existen periodos, que hay mandatos legales, pero los mismos suponen una carga de ética en el fondo, en la base, en el ADN de los cargos. No se puede gobernar o ejercer funciones en instituciones, contra la voluntad de la gente. A modo de ejemplo, si un diputado comete faltas o no presenta iniciativas acordes con su mandato, pues tiene la obligación o al menos, tiene el deber de la renuncia. Mucho más con un ministro que no cumple con sus funciones. En cuanto al tema del MP, el mismo no puede convertirse en el ariete para dilucidar temas de orden político o ideológico. No es su función. Así de sencillo.
