Por Héctor Silva
María Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, debería de tener sus días contados al frente de una de las instituciones contraloras más importantes en la vida democrática de cualquier país. No es solo que haya mentido sobre sus títulos académicos, que haya desbaratado los grandes casos anticorrupción que sus antecesores habían logrado llevar ante la justicia o que, como parte de su alianza con la red criminal que presiden los políticos y empresarios más poderosos de Guatemala, haya enviado al exilio a medio centenar de personas, entre periodistas, operadores de justicia e investigadores. Consuelo Porras se debe de ir porque, si se queda, la soberanía democrática del pueblo guatemalteco seguirá en riesgo permanente.
La victoria del Movimiento Semilla en las elecciones presidenciales, certificada por cerca del 60% de quienes votaron en segunda vuelta, se le atragantó a esa alianza criminal que desde la presidencia de Jimmy Morales ha roto leyes y socavado instituciones del Estado para huir de la persecución penal y mantener sus privilegios.
Al final, a regañadientes y arrinconados por la presión popular y en menor medida por la de la comunidad internacional, varios de los miembros de esa alianza, sobre todo empresarios, han dado marcha atrás y a regañadientes aceptaron que ganaron Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla; que no ganó Zury Ríos ni Manuel Conde, ni siquiera Sandra Torres, la otrora adversaria a cuya malograda campaña tuvo que adherirse el “Pacto de corruptos”.
Pero no todos han aceptado. Han quedado batiendo tambores de guerra los más dañinos, los menos democráticos, los más fanáticos del “Pacto de corruptos”, que no son solo los sicarios judiciales de la Fundación contra el Terrorismo y su jauría de netcenteros cobardes -ser netcentero es, por definición, ser cobarde, ser incapaz de dar la cara-, sino también los miembros de la oligarquía guatemalteca que los siguen financiando. Esos grupos, los más antidemocráticos, siguen teniendo en Consuelo Porras y sus esbirros en el Ministerio Público a sus principales aliados.
Dicen algunas fuentes guatemaltecas con las que he hablado en los últimos días que no es solo la fiscal Porras o Rafael Curruchiche, su lacayo más vocal, sino que hay, alrededor, varios mandos medios del MP, militares, operadores políticos de la derecha más rancia y, por supuesto, empresarios. Está claro que es así, pero quien se debe de ir inmediatamente es ella, al fiscal general.
En los momentos transformadores en la historia de los países centroamericanos hay siempre nombres esenciales, ya sea porque permitieron que el arco de esa historia se tensara en direcciones más cercanas al progreso y la convivencia democrática o, en el lado contrario, porque se plantaron para evitar cualquier sanación o para bloquear las salidas de pasados oscuros. No es que esos nombres hayan sido, por sí mismos, catalizadores únicos de avances, estancamientos, o retrocesos, es que sus portadores se convirtieron en símbolos de cambio o de decadencia.
Para el caso de la Guatemala actual, el nombre de Consuelo Porras, la fiscal general, es el símbolo de la decadencia, de todo lo que debe de cambiar, de lo viejo que debe de ser desechado. Por eso el arco de la historia tiene que estar, hoy, del lado de quienes desde las 6:00 a.m. del 8 de septiembre invadieron las redes sociales con la petición expresa de que Porras se vaya, que renuncie, para que Guatemala pueda decir ¡Adiós, Consuelo! y, con ello, empezar a atender todos los retos democráticos que va dejando un lustro de regresión.
La campaña #AdiósConsuelo, dicen sus impulsores, “pretende promover la destitución de la fiscal general por su desempeño ilegal e ineficiente”. Ha sido un desempeño ineficiente, sí, porque hoy el Estado de Guatemala es más corrupto que antes y sus mafias políticas tienen el poder absoluto. Y es ilegal, como lo han sido la mayoría de los casos espurios montados contra operadoras de justicia como Virginia Laparra, Leily Santizo, Claudia González, Siomara Sosa y tantas otras, como fueron los casos montados a Juan Francisco Sandoval, uno de los fiscales más valientes e incorruptibles que han conocido el país. O contra Jose Rubén Zamora, el periodista que le contó las costillas al poder desde los albores del siglo.
Y es ilegal la gestión de Consuelo Porras como ilegal es el intento de subvertir la voluntad que los guatemaltecos y guatemaltecas expresaron en las urnas, que es uno solo, incuestionable e inamovible: que sea el Movimiento Semilla el que lleve las riendas del Ejecutivo desde enero de 2024.
Dijo Rafael Curruchiche, el fiscal que enterró las investigaciones por supuestos actos criminales al presidente Alejandro Giammattei y malogró el caso por financiamiento electoral ilícito contra el expresidente Jimmy Morales, que las peticiones que ha hecho la comunidad internacional de que se respete el debido proceso y no se utilice al MP como arma política arrojadiza es injerencia, un atentado a la soberanía nacional. ¡No, señor Curruchiche, la interferencia con la voluntad del soberano es la que usted, su jefa, sus querellantes y sus netcenteros llevan meses ejerciendo con sus casos inventados, cuyo único objetivo es entorpecer la transición de poder!
Guatemala tiene un gran activo democrático, el mismo que en su momento tuvo el Chile que le dijo no al pinochetismo, El Salvador que detuvo la sangría de la guerra civil o la Argentina que juzgó a sus militares asesinos. Guatemala tiene el activo de la vocación democrática de sus gentes: la continuidad del “Pacto de corruptos” en el poder la dinamitó la voluntad soberana de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Porque esa voluntad es el valor más sagrado de la democracia, Consuelo Porras se tiene que ir.
