Por Héctor Silva
No hay tanques en las calles y, que sepamos, los cuarteles no se preparan aún para disparar contra quienes exigen que se respete el más básico de sus derechos democráticos, que se respete la voluntad que expresaron en las urnas el 25 de junio. Esa voluntad está clara: Guatemala votó porque dos expresiones políticas se midieran de nuevo en segunda vuelta, la prosistema que representan Sandra Torres y la UNE y la antisistema que encarnan Bernardo Arévalo y Semilla.
No hubo tanques, pero sí intentos de golpe al orden constitucional y a la voluntad de quienes votaron. Esta vez los ejecutores del despropósito no son todavía los uniformados, o al menos no son ellos los más visibles. Esta vez los golpistas son los políticos y empresarios del pacto de mafias políticas que ha gobernado Guatemala desde hace años.
Los fiscales que dirigen Consuelo Porras y Rafael Curruchiche son dos de ellos, de los golpistas. Ahí también se cuenta al presidente Alejandro Giammattei, quien a pesar de asegurar en una carta reciente que no se mantendrá en el poder mueve los hilos de ese poder que hoy tiene para malograr la democracia en Guatemala. Giammattei está muy comprometido, con sus propias culpas, con sus tratos, con Miguel Martínez, con todos los políticos con los que transó en estos cuatro años, como para irse en paz.
Sobre Giammattei pesa la imagen aquella de su predecesor, Jimmy Morales, a quien apenas le alcanzó el tiempo para irse a refugiar entre las ruinas de esa bestia obsoleta que es el Parlacen para evadir la persecución por sus crímenes.
También debemos contar entre los golpistas, entre los asesinos del precepto constitucional, a todos los intereses privados que llamaron a la mesa a los políticos, a los operadores, a los presidentes y fiscales para mantener intacta su capacidad de hacer trampa, de extraerle a Guatemala todo lo que tiene para seguirlo metiendo en sus bolsillos, y de hacerlo todo con una sonrisa de desdén.
A todos ellos, representados en sus partidos políticos que fueron y vinieron, las gentes de Guatemala les dijeron que no. No es a ellos a quienes quieren gobernándoles.
Una buena parte de Guatemala votó por una alternativa, por un pequeño partido, el Movimiento Semilla, que surgió de la protesta ciudadana de 2015. Por ellos y por Sandra Torres, la mujer que se transformó a sí misma mil veces para mantenerse vigente, la que creció a pesar del sistema y terminó aliándose con él. Y esa es la voluntad de Guatemala, que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de Semilla, se enfrenten a Sandra Torres y Romeo Guerra de la Unidad Nacional de la Esperanza el 20 de agosto en la segunda vuelta. Todo lo demás es un intento de subvertir la voluntad de los votantes de Guatemala y de las leyes e instituciones del país que ya dieron por buena esa decisión.
No es ninguna sorpresa que el último cancerbero del pacto gobernante sea el Ministerio Público. Tampoco es sorpresivo que sus acciones estén al margen de la ley y recurran a la más vil matonería política. La imagen de la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso ingresando con agentes armados a la sede del Tribunal Electoral para intentar detener el proceso electoral con un caso penal espurio es contundente; esa imagen resume la falta de escrúpulos, el uso político de la justicia y la vocación antidemocrática de los jefes a los que Monterroso responde.
Algo cambió después del 25 de junio, cuando un buen porcentaje de guatemaltecos y guatemaltecas marcaron a Semilla mientras otros se abstuvieron o anularon su voto. Había dos mensajes ahí, poderosos, posibles solo en una democracia: el rechazo a lo viejo podrido, representado por el pacto de poder actual, y la opción de votar por el mejor binomio, el que mostró, de verdad, vocación democrática.
Las segundas lecturas y los bulos paranoides de la derecha guatemalteca, de sus satélites y de las mafias políticas que pueblan los tres órganos del Estado se empezaron a quedar sin espacio.
Como suelen, estas mafias, sus fundaciones y sus netcenters volvieron a las viejas tácticas del miedo, la difamación, la desinformación y a ellas añadieron la más reciente de usar el derecho penal como arma política para intentar revertir lo dicho en las urnas. Hicieron de todo, y la mayoría de lo que hicieron fue ilegal, como dar a la Corte de Constitucionalidad atribuciones que no tiene o pretender que el Ministerio Público asuma funciones que corresponden al Tribunal Supremo Electoral.
Lo grave es que han estado a punto de lograrlo. Su intentona de suspender la personaría legal a Semilla para bloquearla de participar en la segunda vuelta incluso recibió un apoyo, tímido pero real por ahora, de la fuerza letal del Estado, con los agentes armados que acompañaron a la fiscal Monterroso al allanamiento al TSE o los que la mañana del jueves 13 de junio se acordonaban el Palacio de la Cultura en la zona 1 de la capital. El golpe al orden político establecido en la Constitución, que garantiza la alternancia pacífica en el poder y el respeto a la voluntad del soberano, que son los guatemaltecos y guatemaltecas, lució por un rato sus vestimentas tradicionales.
Las aguas parecen haber vuelto al cauce, pero la amenaza no se ha disipado. Basta leer a los portavoces y acólitos de aquello viejo podrido, escuchar sus pataletas, para entender que para esta gente el único escenario posible es mantenerse en el poder. La comunidad internacional ya les respondió que no -especial efecto ha tenido la advertencia estadounidense de más sanciones, y todas las voces políticas serias del mundo los han condenado, pero quienes de verdad los mantendrán a raya son los mismos guatemaltecos que votaron para sacarlos del poder, los mismos que llevan cinco días frente al Ministerio Público en pie contra cualquier intento de golpe.
