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La orden de desalojo fue autorizada por la jueza Úrsula Magnolia Cristina Teyul Yat, del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad, de Alta Verapaz, el pasado 10 de abril, a petición del señor Marco Antonio Reyes Izaguirre, quien dice ser el dueño de una finca ubicada en el caserío Watzaqka, conocido como El Conde.

Por Simón Antonio Ramón

A primeras horas de este miércoles 26 de julio, se reportó la presencia de radiopatrullas y cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Tactic, Alta Verapaz, para ejecutar una orden de desalojo en el caserío Watzaqka conocido como El Conde, solicitado por el señor Marco Antonio Reyes Izaguirre, quien reclama como propia una finca que ocuparon unas veinte familias maya Q’eqchi’, que fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, en noviembre de 2020.

El desalojo fue autorizado por la jueza Úrsula Magnolia Cristina Teyul Yat, del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Alta Verapaz, el pasado 10 de abril. Sin embargo, la misma se suspendió a las 9 horas, ya que la propiedad que reclama el señor Reyes Izaguirre, pertenece a la municipalidad de Tactic, desde el 29 enero de 1907, según determinó un informe del Registro de Información Catastral (RIC), emitido en noviembre de 2020.

Orden de desalojo.

La finca que ahora reclama la familia Reyes Izaguirre fue inscrita en 1998, presuntamente bajo anomalías, dijo el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas.

En Watzaqka se presentó la jueza, quien dio un plazo de una hora a las familias para recoger sus pertenencias y abandonar la finca.

Durante ese tiempo se presentaron los abogados de la comunidad, quienes pusieron a la vista de la jueza Úrsula Teyul, un informe del RIC, que establece que la propiedad pertenece a la municipalidad de Tactic.

En noviembre de 2020, las familias ocuparon la finca ante la falta de respuestas del gobierno para atender sus demandas, ya que con el paso de las tormentas Eta y Iota perdieron sus viviendas y cultivos.

“Le dijimos a la jueza que había esas inconsistencias, porque si se desarrollaba el desalojo tendría que desalojar también esa inscripción que se realizó después, porque posiblemente son terrenos comunales que en esa fecha se titularon a nombre de la municipalidad”, dijo el abogado Castro.

“Según el documento que se presentó por el abogado de los señores que se encuentran dentro de este lugar hay un informe catastral que indica que esta finca está sobrepuesta a una municipal. Aunado a esa situación, también hay un informe del Registro Catastral del Ministerio Público donde indica que la finca está registrada. Para no violar los derechos de las personas que viven en este lugar se suspende la presente diligencia”, dijo la jueza.

Al finalizar el intento de desalojo, la jueza pidió al Registro de Información Catastral un informe más detallado sobre las inscripciones de enero de 1907 a enero de 1999, en un plazo de tres días. Mientras las familias señalaron al alcalde municipal Julio Asig como responsable de solicitar el desalojo con la complicidad de César Asig, trabajador de la municipalidad y Marvin Asig, integrante del Consejo de Desarrollo Comunitario (COCODE) de la comunidad de San Juan para beneficios particulares.

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