El periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, conocerá este 14 de junio si es condenado por los cargos de lavado de dinero y otros delitos como lo pidió el MP al Tribunal Octavo, que también tendrá que dictar una pena contra la exfiscal auxiliar de la FECI, Samari Gómez. Aquí un resumen de un juicio en el cual un periodista y una fiscal que investigaban corrupción podrían ser condenados a las penas máximas en un caso presentado por dos altos funcionarios del Ministerio Público incluidos en la lista de actores corruptos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por Prensa Comunitaria
El proceso que se inició con el arresto de Jose Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez, el 29 de julio de 2022, llega a su fase final este jueves 14 de junio, fecha fijada por el Tribunal Octavo para dictar sentencia. En el juicio, la FECI pidió la agravación de las penas por supuesto menosprecio a la autoridad de parte de Zamora al opinar en contra de la fiscal general, Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche.
Este es un proceso seguido contra uno de los periodistas más críticos de Guatemala y cuyo medio, elPeriódico, investigó cientos de casos de corrupción en diferentes gobiernos desde su fundación, en 1996, hasta su desaparición, tras una asfixia financiera, el 15 de mayo pasado. Un caso que alcanza a la fiscal Gómez, encargada de investigar una denuncia por lavado de dinero en una de las instituciones bancarias de Guatemala, el Banco de los Trabajadores (Bantrab)
En el juicio donde un periodista y una fiscal que investigaban corrupción podrían ser condenados a las penas máximas, participan varios personajes cuestionados.
Entre los principales acusadores figuran dos altos funcionarios del Ministerio Público, la fiscal General, Consuelo Porras; y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, incluidos en la lista de actores corruptos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Además, la fiscal Cinthia Monterroso acusada por una jueza de obstrucción a la justicia; la Fundación contra el Terrorismo, señalada de persecución y hostigamiento a jueces, abogados, fiscales y magistrados. Mientras que el denunciante principal, es nada más y nada menos que el exbanquero, Ronald García Navarijo, acusado de pertenecer a una estructura que buscaba saquear las arcas del Bantrab.
Zamora se ha presentado al juicio en estado de indefensión, luego que todos sus abogados fueran hostigados, perseguidos y detenidos. Tampoco logró que sus pruebas y testigos fueran aceptados para su defensa.
Al caso contra Zamora y Gómez, se suma la persecución emprendida contra periodistas y columnistas de elPeriódico, diario que dirigía Zamora, por publicaciones realizadas sobre el tema.
El veredicto está en manos del Tribunal Octavo, presidido por la jueza Oly González, quien en diciembre pasado condenó a la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
El MP y la persecución al periodista
El juicio, que comenzó el 2 de mayo, ha levantado las alarmas por lo que ocurre en Guatemala, donde además de la persecución contra operadores de justicia existe un clima hostil para ejercer el periodismo.
La FECI busca que el periodista sea condenado a 40 años de prisión por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, con aumento de la pena por lo que considera “menosprecio a la autoridad”, por opiniones vertidas contra la fiscal general y Curruchiche.
En tanto, contra Gómez, acusada de revelar información confidencial, se solicitó una condena de 8 años de prisión, la pena máxima por ese delito.
Este es el primer juicio que afronta Zamora, de 66 años, quien fundó elPeriódico en 1996 y, que a lo largo de varios gobiernos fue denunciado decenas de veces, pero nunca estuvo en una sala de audiencias, como sí ocurrió con el gobierno de Alejandro Giammattei, periodo en el cual el medio que dirigía realizó decenas de investigaciones por corrupción.
Una de estas investigaciones tiene que ver con la entrega de un soborno de parte de rusos, de la empresa Maya Níquel, al presidente Giammattei. En declaraciones a la prensa, Zamora atribuyó su encarcelamiento con estas publicaciones. “Sobre todo el de los rusos, que eran los de la mina, que llevaron a su casa US$10 millones (al presidente), pero que afortunadamente pudimos contribuir a sacar al testigo, creo que en parte por eso estoy aquí” señaló.
MP sin lograr demostrar la acusación
La FECI acusa a Zamora de lavado de dinero, chantaje y trafico de influencias. En ninguno de los tres delitos ha logrado demostrar las acusaciones por la cuales se llevó a juicio al periodista. Tampoco demostró los señalamientos contra la exfiscal Samari Gómez acusada de revelación de información confidencial.
La acusación de lavado de dinero contra el periodista surgió de una investigación que el Ministerio Público (MP) realizó del 26 al 29 de julio de 2022, día de su detención, por una denuncia que interpuso Ronald García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quien está siendo procesado actualmente en dos casos de corrupción.
García Navarijo era fuente periodística de Zamora, a quien supuestamente el periodista intentó facilitar un acuerdo de colaboración eficaz con el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) cuando fue detenido, en 2016, a cambio de denunciar a funcionarios públicos que eran de interés para la FECI de ese entonces.
Parte de la acusación es que, según García Navarijo, el periodista le pidió ayuda para lavar un millón de quetzales, del cual una primera parte consistía en Q300 mil, monto que le fue entregado al denunciante en una oficina por trabajadores de Zamora, el 28 de julio de 2022, a cambio de un cheque emitido por una de sus empresas para luego ser depositado en un banco del sistema.
La Fiscalía no logró demostrar en el juicio que el periodista haya realizado dicha petición. Solo mostró que Zamora le envió un mensaje a García Navarijo, donde le externaba su preocupación porque se acercaba el fin de mes y tenía que conseguir dinero para pagar la planilla de los trabajadores de elPeriódico.
La FECI también presentó grabaciones realizadas por Navarijo, de llamadas que realizó con Zamora y reuniones en su residencia, así como de encuentros con la entonces fiscal Gómez, para discutir su convenio de colaboración eficaz. Las grabaciones fueron realizadas sin autorización judicial por García Navarijo, desde febrero de 2021, 17 meses antes de que denunciara al periodista.
Sobre el origen de los Q300 mil, el fundador de elPeriódico indicó que Q240 mil provienen de la compraventa de una obra de arte del pintor Elmar Rojas, que realizó con el empresario Alejandro Girón Lainfiesta, con el fin de poder pagar la nomina de los trabajadores de elPeriódico. Ese dinero, indicó Zamora, tenía los cintillos de un banco, sin embargo, la Fiscalía los desechó.
El MP, por su parte, rechazó la versión de la compraventa del cuadro y en su lugar ha perseguido penalmente a todas las personas involucradas en el referido contrato.
En el caso del tráfico de influencias, el MP se ha centrado en señalar a Zamora y sus conversaciones con una de sus fuentes periodísticas, el exfiscal, Juan Francisco Sandoval. Mientras que, en el señalamiento por chantaje, la Fiscalía solo logró llevar como testigos a dos personas que dicen haber sido chantajeadas por el periodista, pero sin aportar pruebas concretas.
Condenados en un juicio paralelo
Derivado del caso contra Zamora, seis personas han sido condenadas bajo el procedimiento de aceptación de cargos. Entre ellos, sus abogados defensores Romeo Montoya y Mario Castañeda, quienes tuvieron que renunciar a la defensa del periodista en agosto de 2022, pues el MP adelantó que iban a ser investigados por obstrucción a la justicia. Fueron condenados en febrero y abril de 2022.
La exgerente administrativa de aldea Global, casa editora de elPeriódico, Flora Silva fue condenada por lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Fue llamada a declarar como testigo por la FECI.
Los empresarios Alejandro Girón Lainfiesta y Orlando Álvarez, de la empresa WCG, S.A. fueron condenados a un año y seis meses de prisión en el caso del primero y un año para el segundo, por obstaculización a la acción penal. De acuerdo con las pruebas que presentaron abogados de Zamora, ellos compraron la obra de arte de Elmar Rojas por la cual se pagó al periodista la cantidad de Q240 mil.
Finalmente, el pasado 9 de junio, los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, aceptaron cargos por haber presentado ese contrato como prueba en la etapa intermedia, anterior al juicio, con lo que según el MP, cometieron el delito de obstaculización a la acción penal.
Ante la persecución y hostigamiento que han sufrido sus defensores, ahora Zamora es defendido por una persona designada por el Instituto de la Defensa Pública Penal. Es el noveno abogado en hacerse cargo del caso y quien empezó a conocer el expediente en la última etapa del juicio.
Exfiscal auxiliar que investigaba corrupción
La persecución penal del Ministerio Público contra Zamora alcanza a la exfiscal Samari Gómez.
La exfiscal auxiliar de la FECI, Samari Gómez, se suma a la estadística de ocho fiscales del MP que han luchado contra la corrupción que están siendo procesados.
Gómez era la auxiliar fiscal en la FECI, encargada de investigar los dos casos de corrupción en los cuales está procesado García Navarijo, “Valles de Elgin” y “Arca”, ambos relacionados con el Banco de los Trabajadores. Según la acusación del MP, ella trasladaba información a Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la FECI, sobre ambos casos. Que posteriormente era trasladado a Zamora, quien a su vez utilizaba la información en su poder para chantajear a García Navarijo.
No obstante, Gómez niega que ella conociera al periodista y mucho menos que trasladara información a Sandoval. Según indicó, una de las razones por las que fue acusada en este caso fue para perjudicar a Zamora. La otra razón, era retirar de su mesa de trabajo los expedientes en los cuales Navarijo estaba siendo investigado.
Navarijo desconfiaba de Curruchiche, declaró la exfiscal Samari Gómez en primer día de juicio
En el caso de Gómez, el abogado aseguró que no pudo existir traslado de la información reservada en un proceso por parte de la exfiscal, ya que en la fecha de los hechos que señala la FECI, García Navarijo estaba pendiente de un juicio y él tenía pleno acceso al expediente de investigación. Es decir, él ya conocía todo sobre la investigación en su contra.
La exfiscal considera que de cualquier forma iba a ser acusada, puesto que ella era la persona encargada de ambos expedientes. Gómez dijo que fue coaccionada para aceptar cargos por parte la Fundación contra el Terrorismo, querellante en el caso, y al igual que en el caso de Zamora, sus abogados fueron denunciados por patrocinio infiel. Esa acción, consideró, es una clara intimidación para tratar de que se aparten del proceso.
Gómez ha manifestado su confianza en que será declarada inocente de lo que se le acusa, pues la principal prueba en su contra no establece que hubo revelación de información de su parte.
Como a otros exfiscales perseguidos por el MP, se le ha denegado el arresto domiciliario cuando lo ha solicitado, lo cual hizo en al menos cinco ocasiones.
Pena excesiva solicitada por la Fiscalía
El pasado 30 de mayo, la fiscal Cinthia Monterroso, solicitó 40 años de prisión contra el periodista, penas que el mismo Zamora consideró risibles. “Francamente me da risa, y el caso está muy frágil, al menos para un Tribunal serio”, indicó.
Una de las razones por las que la solicitud de la condena es muy alta fue porque la fiscal solicitó que la pena por tráfico de influencias fuera de 12 años, al añadirle agravantes, debido a que, según Monterroso, Zamora deshonró públicamente a la fiscal general Porras al hablar mal de ella en un audio, además de mostrar menosprecio a la autoridad.
Sobre esto, expertos en derecho consideran que ese agravante está fuera de lugar y que es una afectación directa a la autoridad.
En una entrevista con Prensa Comunitaria, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas, de Human Rights Watch, indicó que al pedir dicha condena se demuestra la sevicia de la persecución contra el director de elPeriódico y la desproporcionalidad con la que se está juzgando en este caso.
Evelyn Blank, de la Red Rompe el Miedo, indicó que hay ignorancia de las autoridades sobre las leyes en materia de libertad de expresión. Si están pidiendo eso como agravante están manifestando una ignorancia de las leyes lo cual es grave para un Estado de derecho, dijo.
Durante los 12 días de audiencias, Zamora cambió de abogados en al menos tres ocasiones. El primero en renunciar fue Ricardo Sergio Szjener, quien dijo padecer una arritmia cardiaca. En el séptimo día, el periodista informó que la abogada Patricia Guillermo no lo representaría más y expresó su deseo de que fuera Fidencia Orozco, del Instituto de la Defensa Penal (IDPP), quien lo hiciera.
Aunque se asignó a la abogada Orozco, lo cual fue comunicado al Tribunal por la vía escrita, Zamora conoció en el octavo día de su audiencia que se le había asignado a Joel Iván Reyes como nuevo abogado defensor.
En la etapa de conclusiones, Reyes indicó que el periodista llegó en estado de indefensión, pues no se le permitió presentar las pruebas en el juicio que pudieran probar el origen lícito del dinero. Sin embargo, su argumentación en la etapa de conclusiones no fue tan extensa como ocurrió con el abogado de Samari, Guillermo Tzian, quien fue más contundente en la defensa de su patrocinada.
Los principales actores del juicio
La jueza presidenta del Tribunal Octavo es Oly González, quien se ha destacado en el juicio por su severidad hacia los abogados defensores de los acusados y a los fiscales del MP y querellantes. Cuando el periodista pidió la intervención del Tribunal por requisas en su bartolina mientras él no estaba presente, la jueza le indicó que no podía intervenir. Tampoco accedió a otra petición para que su esposa lo visitara en ocasión del 10 de mayo, pues señaló que eso le competía al Sistema Penitenciario.
Este Tribunal está integrado, además, por los jueces vocales Otto Valverth y Graciela Nineth Ordoñez Sáenz. Valverth fue candidato a integrar una Sala de Apelaciones para el periodo 2019-2024; en tanto Ordoñez ha sido jueza de Paz en Siquinalá, Escuintla.
La fiscal que ha llevado las riendas del caso es Cinthia Monterroso, quien en el pasado fue denunciada por la exjueza Erika Aifán por el delito de obstrucción a la justicia y por el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en la Fiscalía de Asuntos Internos por abuso de autoridad. Sin embargo, estas denuncias en contra de la fiscal no prosperaron.
Monterroso también fue la fiscal que solicitó la investigación de los periodistas y columnistas de elPeriódico, porque supuestamente cometieron obstrucción de la justicia tras publicaciones realizadas en el proceso contra Zamora, pesquisa que ya está en marcha. Esto podría hacerse extensivo a otros medios de comunicación independientes.
Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, quien fue designado como actor corrupto y antidemocrático por el gobierno de EE. UU., en julio de 2022. Es un asiduo asistente en estas audiencias en calidad de oyente, y desde el primer día dijo estar convencido de que Zamora será condenado, pues asegura, que tienen las pruebas para ello. “De acuerdo a nuestra tesis va a ser una sentencia condenatoria”, afirmó.
En este proceso actúan como querellantes los representantes de la Fundación contra el Terrorismo, Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz; y la Procuraduría General de la Nación (PGN), por medio de su representante Eliseo Solís Muñoz.
Zamora debe sortear dos casos más
En medio de la expectativa por la sentencia contra Zamora y Gómez, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, se apresuró a presentar un tercer caso contra del periodista.
La nueva investigación indica que las firmas de las boletas aduaneras que utilizó no coinciden y, por eso, señala a Zamora de falsificar su propia firma para salir del país.
El nuevo caso se presentó a menos de 48 de la fecha establecida por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal para dictar la condena contra el periodista y la exfiscal, quienes guardan prisión preventiva desde hace más de 10 meses.
En el nuevo caso, la FECI ha pedido prisión de dos años por cada boleta en la que la firma de Zamora no coincide. En total contabilizan 16 documentos. La solicitud calificada de “absurda” por expertos y criticada en redes sociales, solo es una muestra del comportamiento que el MP ha mantenido en el proceso contra el periodista.
Ahora, Zamora tendrá que sortear los otros dos procesos que se siguen en su contra, uno por obstrucción a la justicia presentado el 28 de febrero pasado y un tercero, presentado este lunes, por el uso de documentos falsificados en forma continuada.
“El caso contra mi papá era para callarlo, cerrar elPeriódico y amenazar a periodistas”
