El 14 de junio, el Tribunal Octavo emitirá la sentencia en contra del periodista Jose Rubén Zamora y la exfiscal auxiliar de la FECI, Samari Gómez. El abogado de Zamora dijo que llegó en estado de indefensión porque no se le permitió presentar medios de prueba, también explica que el MP no logró comprobar el chantaje ni el tráfico de influencias, ya que existen irregularidades en la obtención de los audios presentados y los testigos tampoco aportaron pruebas.
Por Regina Pérez
El juicio contra el periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora y la exfiscal auxiliar Samari Gómez ha llegado a su fin. Tras doce audiencias, el Tribunal Octavo, presidido por la jueza Oly González, programó la sentencia para el 14 de junio a las 9 de la mañana para tener tiempo para analizar las pruebas.
El abogado de Zamora, Joel Iván Reyes, manifestó ayer antes del final la etapa de conclusiones, que el periodista llegó al juicio en un estado de indefensión, ya que no se le permitió presentar los medios que pudieran probar el origen de los Q300 000 que entregó a Ronald García Navarijo, cantidad por la que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa al periodista de lavado de dinero.
Por este delito la fiscal Cinthia Monterroso, de la FECI, pidió 20 años, la pena máxima contra el periodista, por los delitos de tráfico de influencias y chantaje (12 años y 8 años respectivamente), con el agravante de “menosprecio a la autoridad”, por considerar que en una conversación, Zamora se expresó en contra de la Fiscal General y del jefe de la FECI.
En el caso de Gómez, se pidió ocho años de prisión, la pena máxima en el delito de revelación de información confidencial.
El abogado Reyes dijo que cuatro actas realizadas en la Fiscalía no se ofrecieron como medios de prueba y tampoco se llamó a las personas que participaron en esas actas, que son el empresario Alejandro Girón Lainfiesta, a quien Zamora asegura le vendió una pintura, de la cual provenían Q240 000. “El origen de los fondos estaba esclarecido en esas cuatro actas que no aparecen dentro del proceso”, señaló.
Agregó que el dinero que Girón Lainfiesta entregó tenía los precintos bancarios, en tanto en otra acta se constó que Juan Marroquín Godoy, primo del periodista, fue el intermediario en la venta de la obra de arte.
Lamentablemente no podemos acreditarlo porque no estaban en poder de la defensa los medios de los que había tenido conocimiento la Fiscalía, indicó Reyes. Las pruebas no fueron aceptadas por el juez Fredy Orellana, que conoció la etapa previa del juicio.
#LibertadDeExpresión ⚖️ Este miércoles el abogado del periodista Jose Rubén Zamora presenta sus conclusiones en el juicio en su contra.
En la audiencia de ayer el abogado de la exfiscal auxiliar de la FECI, Samari Gómez, presentó las mismas, pidiendo absolución. 🧵
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 31, 2023
Respecto al tráfico de influencias, por el que la Fiscalía pidió 12 años de prisión, indicó que le preocupa que fueron agentes policiales quienes descargaron y analizaron las copias de los audios grabados por García Navarijo, los cuales no fueron extraídos de los equipos originales. Tampoco lo hizo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que es la entidad encargada de emitir dictámenes de naturaleza científica.
Asimismo, dijo que las grabaciones se realizaron desde febrero de 2021, 17 meses antes de las detenciones del periodista y de la auxiliar fiscal, tiempo durante el cual se pudo gestionar una autorización judicial, pero no se hizo.
“Las pruebas obtenidas de manera ilegal no deben ser valoradas en este proceso”, señaló.
Sobre el chantaje, dijo que la Fiscalía trata de probar ese delito trayendo a Moisés David Ostrowiak como testigo, quien dijo que se sentía afectado por las publicaciones de “El Peladero”, una sección de elPeriódico. Jamás se refirió en este lugar a que él fue conminado a un requerimiento económico, manifestó. Otro testigo fue el exdiputado Luis Hernández Azmitia, quien a criterio de Reyes, tampoco probó que se le haya solicitado fondos para no aparecer en la sección mencionada. Por ello pidió no dar valor probatorio a las declaraciones de los testigos.
La acusación contra Zamora y Gómez se originó de una investigación que se realizó en tres días, entre el 26 y el 29 de julio de 2022, por una denuncia de García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores, a quien la exfiscal auxiliar le tramitaba un proceso de colaboración eficaz y que nunca se llegó a concretar.
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Al salir de la sala de audiencias, el periodista indicó que elPeriódico no fue una empresa de cartón, en alusión a lo que indicó la fiscal Monterroso en sus conclusiones sobre el medio escrito que fundó. “Éramos el medio más humilde, pero el más aguerrido”, señaló.
Se pronuncian por procesos judiciales contra periodistas
Varias organizaciones de prensa, entre ellas la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentaron ayer un amparo en contra del fiscal regional del MP y el juez Jimi Bremer, quien conoce el segundo caso judicial en contra de Zamora, por haber autorizado una investigación en contra de nueve periodistas de elPeriódico, recurso que busca instruir al MP a cumplir con la Ley de Emisión del Pensamiento, que es de rango constitucional.
Mario Recinos, vicepresidente de la APG, dijo que no pueden quedarse callados y piden que se respete la ley y, sobre todo, el debido proceso en el caso de la persecución penal en contra de medios de comunicación y periodistas.
“Abogamos en el caso de Jose Rubén Zamora a un debido proceso, que no prevalezca el terrorismo judicial y se permita una defensa como lo establece la ley, hemos visto que se ha tratado de impedir que tenga una defensa adecuada y nos preguntamos, ¿quién está obstruyendo la justicia?”, señaló.
Para Evelyn Blanck, de la Red Rompe el Miedo, la Fiscalía al solicitar 12 años por tráfico de influencias en contra de Zamora, por agravantes, muestra ignorancia sobre las leyes en materia de libertad de expresión, puesto que emitir opiniones en contra de funcionarios públicos está protegido para garantizar la libertad de expresión en un sistema democrático.
La captura de Zamora, según Blanck, tuvo un impacto profundo para generar temor en el gremio periodístico. Los ataques contra la prensa y la libertad de expresión tienen como efecto que la democracia se acaba y se instala la dictadura, anotó.
