La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, hizo un llamado a la comunidad internacional para denunciar posibles arbitrariedades en el proceso electoral 2023. “Este no es un momento para guardar silencio”, dice.
Por Regina Pérez
Juanita Goebertus es la directora para las Américas de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos no gubernamental, quien recientemente visitó Guatemala por la preocupación que causa a nivel internacional el proceso de elecciones, con la exclusión de varias candidaturas, la persecución contra operadores de justicia y periodistas, entre los cuales sobresale el juicio de Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico.
Goebertus habló con Prensa Comunitaria sobre la más reciente investigación del Ministerio Público (MP) en contra de ocho periodistas y columnistas de ese medio escrito, que tuvo que cerrar mientras Zamora enfrentaba un juicio. En dicho caso, según dijo, se está haciendo un uso desproporcionado del derecho penal y de leyes que son usadas de manera amañada para acallar a la prensa.
Para defensora de derechos humanos, la pena de 40 años de cárcel que solicitó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra Zamora evidencia una represalia de parte de la jefa del MP. Además, la considera desproporcionada y, que según el MP, responde al hecho de que el periodista fue crítico de la fiscal general Consuelo Porras,
En un contexto de cooptación del Estado y procedimientos anómalos del MP con fines de persecución, donde ocho fiscales están presos y más de 30 operadores de justicia en el exilio, la directora de HRW para las Américas considera que la comunidad internacional, más que nunca, tiene que estar presente en el proceso electoral guatemalteco y denunciar la serie de arbitrariedades que se han dado en esta contienda.
Guatemala atraviesa una contienda electoral caracterizada por la exclusión de candidatas y candidatos por las Cortes y el Tribunal Supremo Electoral, ¿Qué preocupaciones tiene Human Rights Watch sobre este proceso?
Hemos podido documentar la exclusión de tres candidatos presidenciales. La exclusión, según la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) de cerca de 3,800 candidatos a corporaciones municipales. Esto para nosotros significa una aplicación de la ley en algunos casos arbitrarios y en otros desigual, con interpretaciones absolutamente desproporcionadas en el tipo de sanciones, una restricción del derecho al voto para los guatemaltecos y guatemaltecas, independientemente de por quien quieran votar.
Y eso a su vez significa una restricción de la participación política del espacio democrático que en un contexto de persecución de jueces y fiscales, de periodistas, se configura en un proceso de desmonte acelerado del Estado de derecho en Guatemala.
¿Qué credibilidad puede tener el proceso a nivel internacional cuando no se permite la participación de todos los candidatos y candidatas con diversas argucias, incluyendo acciones judiciales y denuncias?
Eso es quizá lo más preocupante, no solo la pérdida de credibilidad para distintas instancias internacionales sino la pérdida de credibilidad y confianza para la ciudadanía guatemalteca. Cuando la ciudadanía no cree en las instituciones, es porque empieza un proceso de violación de derechos y de regímenes autoritarios. Se pierde la posibilidad de ser competitivos económicamente, de generar bienestar para su población.
Por eso hemos insistido, hoy más que nunca, que la comunidad internacional tiene que tener los ojos muy abiertos, tiene que estar presente en el proceso electoral guatemalteco. Hay que tener la valentía de llamar las cosas por su nombre, este no es un momento de guardar silencio para mantener buenas relaciones con el gobierno, es un momento para denunciar una serie de arbitrariedades en el proceso electoral y es el momento de la ciudadanía guatemalteca de salir a votar masivamente para elegir a quien quieran.
Esta elección también se lleva a cabo en medio de una ofensiva en contra de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que están siendo detenidos y procesados, ¿Cómo califican lo que está sucediendo?
Estamos viendo un proceso de venganza, que por un lado ha habido una persecución de fiscales, jueces y personas que participaron en la CICIG. Hay un círculo perverso de perseguir a quienes señalaron la corrupción. Y el otro fenómeno es una persecución contra quienes participaron de los casos como jueces o fiscales, incluyendo el caso de genocidio y los casos en función del conflicto armado, en donde nuevamente el mensaje es que quienes luchan contra la impunidad, por los crímenes cometidos en el conflicto armado, quienes luchan contra la corrupción, deben callar. Ese es el mensaje que les están enviando.
Están perpetuando la impunidad y cerrando los espacios para aquellos que luchan en su contra. Los últimos datos que nosotros tenemos, que son supremamente preocupantes, nos dan ocho fiscales presos, más de 30 operadores judiciales en el exilio. Eso significa una restricción dramática de la independencia judicial y un atentado contra la separación de poderes.
¿Y esto se ha agudizado en el último año?
Nuestra percepción es que sí. Estamos en conversaciones con distintas organizaciones de sociedad civil, y en el caso de los periodistas, sin duda se ha agudizado en el último año. Naciones Unidas ha venido registrando un incremento a lo largo de 2023 de cerca del 50 % en el número de ataques a periodistas. El caso por supuesto de Jose Rubén Zamora, pero se suma al de otros periodistas de elPeriódico, en donde lo que hay es un uso desproporcionado del derecho penal, un uso arbitrario de leyes contra el lavado de activos, incluso un uso arbitrario de leyes contra la violencia feminicida, que son usadas de manera amañada para acallar periodistas que investigan corrupción y de nuevo mandar un mensaje para silenciar. Una señal de que quienes estén dispuestos a investigar este tipo de hechos van a ser silenciados.
El Ministerio Público (MP) busca procesar a periodistas y columnistas por el simple hecho de escribir notas y opiniones. Lo mismo ocurre en El Salvador. ¿A qué se debe este patrón en la región?
En cualquier democracia el periodismo tiene un rol fundamental del control del poder político y del poder en general. En un buen sistema de Estado de derecho, de pesos y contrapesos, el periodismo libre o la investigación periodística funciona como ese chequeo constante, independientemente de quien esté en el poder y de las visiones ideológicas, para rendir cuentas públicamente. Es necesario que exista esa voz incómoda para el poder, investigando y jalando la pita de lo que está sucediendo.
Para muchos de estos gobiernos, de talante autoritario, tener que rendir cuentas es incómodo. Es incómodo tener que explicar por qué hay cooptación de poderes, de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, malos procedimientos por parte del Ministerio Público con fines de persecución de quienes luchaban contra la impunidad. En estos casos ese poder periodístico se vuelve incómodo y lo primero que buscan hacer los regímenes autoritarios es acallar esa voz.
¿Han seguido de cerca el caso del periodista Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico, procesado bajo cargos de lavado de dinero y otros? ¿Qué han podido observar en su proceso?
Lo hemos seguido con mucha preocupación. Nos ha preocupado mucho, no solamente el caso en su contra, sino también la apertura de una investigación contra los otros periodistas y columnistas de elPeriódico. El hecho de que como resultado de este proceso se haya llevado al cierre de elPeriódico como una manifestación clara de acallamiento de una voz independiente. Es preocupante la solicitud de 40 años de cárcel que muestra la sevicia de esa persecución y sobre todo la desproporcionalidad frente a un caso que a la fecha no hemos encontrado ninguna evidencia de un origen ilícito de esa financiación y, sobre todo, que independientemente de la valoración de los hechos se trataría de sanciones que en el pasado han recibido un tratamiento mucho menos gravoso que lo que en este caso está buscando el Ministerio Público.
Quizás lo más grave, es el reconocimiento público del MP de que esa solicitud responde al hecho de que Jose Rubén Zamora haya sido tan crítico de la figura de la fiscal, lo que evidencia una represalia personal de parte de la fiscal en su contra.
¿Cómo califica la crisis actual del país, podría ser una de las más serias desde la firma de los Acuerdos de Paz?
A mí me ha impresionado mucho a lo largo de estos días de reuniones, la referencia y la reminiscencia constante de muchas organizaciones de sociedad civil con las que hemos hablado, incluso de personas del sector empresarial que están señalando que no vivían este tipo de clima de persecución, de inseguridad, de arbitrariedad, desde la guerra.
¿Qué margen de acción tiene la comunidad internacional frente a lo que está ocurriendo en Guatemala?
Tenemos una responsabilidad grande. Me ha sorprendido negativamente el sentimiento como de derrota de algunas de las delegaciones internacionales en Guatemala, de sentir que ya no hay nada que hacer. No podemos rendirnos, el hecho de que haya pocos espacios de interlocución con el gobierno, y de que el gobierno use el argumento de la soberanía y la no intervención como una manera de evitar cuestionamientos en materia de derechos humanos y Estado de derecho, no puede ser una razón para que la comunidad internacional se dé por vencida.
Hoy más que nunca todos debemos elevar la voz sobre que haya más ojos puestos en esta elección y hacerle mucho más costoso a quienes quieran evitar que sean los guatemaltecos y guatemaltecas quienes decidan su futuro.
¿Qué alternativas puede tener la ciudadanía cuando los espacios se están cerrando y las instituciones estatales únicamente responden a los intereses de los grupos de poder?
Salir masivamente a votar sin importar cuál es su predicción política. Ejercer el derecho al voto como el derecho más básico, humano, de poder decidir sobre el futuro de este país.
¿Qué escenarios podrían presentarse luego de las elecciones?
Más allá del resultado electoral, este país está en mora de una serie de reformas muy importantes al sistema político para garantizar una cancha equilibrada, donde todas las expresiones políticas puedan tener una posibilidad de competir de manera justa.
Al sistema judicial para tener procesos transparentes de escogencia de operadores judiciales que eviten la perpetuación de este tipo de esquemas de persecución de operadores con fines de perpetuar la impunidad.
Reformas fundamentales para permitir la competitividad económica y evitar que se sigan perpetuando monopolio que evitan que los distintos ciudadanos y ciudadanas puedan competir en un sistema económico para el bienestar y la satisfacción de derechos sociales y económicos de toda la población. Independientemente del resultado electoral, el reto es que Guatemala empiece lo antes posible ese camino de reformas.
¿Hay alguna salida o solución?
Creo que quienes trabajamos en derechos humanos tenemos que ser optimistas. Si fuéramos fatalistas y, creyéramos que no existe solución talvez estaríamos en otra línea de trabajo. Mi confianza está puesta en la sociedad civil guatemalteca, fuerte, activa que no está dispuesta a dejarse vencer.
En jueces y fiscales que, a pesar de la persecución, hoy siguen dando la batalla y que en sus palabras dicen que prefieren morir en Guatemala que irse al exilio. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como comunidad internacional apoyar a esa ciudadanía y apoyar a esos valientes operadores judiciales.
