El gobierno pasado dejó altos réditos para los hijos de los congresistas aliados de la administración de Alejandro Giammattei. En ese contexto, tres empresas se repartieron US$10.45 millones de fondos públicos.
Por Cristian García
La mayoría de ese dinero ingresó a las finanzas de la Corporación e Inversiones Galmot, una entidad mercantil que fue creada por Luis Enrique y Linda Leonor Galindo Motta.
Los dos socios de esta compañía son hijos del diputado José Luis Galindo de León, el representante de Retalhuleu del partido Valor y uno de los caciques políticos de ese departamento.
El parlamentario evitó hablar con Prensa Comunitaria sobre los negocios de sus familiares. Sin embargo, los registros públicos indican que, durante la anterior gestión, la firma acumuló Q49.68 millones del Estado.
Fundada en 2019, la constructora tuvo un incremento acelerado, ya que apenas un año después empezó a suscribir contratos con las municipalidades, de donde han salido todos los fondos públicos que ha percibido hasta ahora.
La Corporación e Inversiones Galmot tiene su sede en Retalhuleu y fue con las comunas de Santa Cruz Muluá, San Sebastián y Nuevo San Carlos (todas en ese departamento) con las que cerró sus primeros tratos estatales.
Las tres eran controladas por el partido Valor y le brindaron Q6.28 millones del monto total de las adjudicaciones. Posteriormente, los acuerdos de la empresa se fueron extendiendo a otros departamentos.
En consecuencia, suscribió convenios con las municipalidades de Cunén, Patzité, Sacapulas, Chinique y San Juan Cotzal, en Quiché; el Chahal, en Alta Verapaz; San Rafael Pie de la Cuesta, en San Marcos; y Coatepeque y Xela, en Quetzaltenango.
La Municipalidad de Xela fue la que más dinero desembolsó a favor de la sociedad de los hijos de Galindo de León, al acordar pagar Q32.97 millones a cambio de la ejecución de tres obras.
Estas consistieron en mejorar el camino que conduce al botadero municipal, la vía que va a la aldea Las Majadas y la ruta contigua al aeropuerto Los Altos. Este último proyecto le fue asignado el 11 de enero pasado, unos días antes del cambio de gobierno.
Estas transacciones no impidieron que Juan Fernando López se reeligiera como alcalde de Xela con el partido Humanista, la organización con la que llegó a ocupar el cargo en 2020 y que fue cancelad al no alcanzar ninguna diputación en los comicios del año pasado.
Constructora en ascenso
Carlos Santiago Nájera Sagastume recorrió los pasillos del Congreso de la República durante más de dos décadas. Se convirtió en una figura importante del oriente del país y su familia se fue posicionando a lo interno del Estado.
Por ejemplo, su hijo Carlos Fernando Nájera Corado se volvió contratista desde 2010. A partir de entonces su acumulado de asignaciones en instituciones públicas llega a los Q21.95 millones, según Guatecompras.
Sin embargo, su ascenso como empresario se concretó en la administración de Alejandro Giammattei y en la que la compañía Ingeniería y Construcción Naxara, de la que es propietario, obtuvo Q15.51 millones del total de la cifra indicada.
Las municipalidades de Santa María Ixhuatán (UNE), Pueblo Nuevo Viñas y Casillas (UCN), todas ubicadas en Santa Rosa, le dieron una parte de ese monto al recurrir a sus servicios para mejorar calles en tales municipios. Su padre estuvo en esas dos agrupaciones.
Pero fue el Ministerio de Comunicaciones el principal cliente de Ingeniería y Construcción Naxara, durante en el gobierno anterior, requiriéndole que supervisara los trabajos o se encargara del mantenimiento de varias rutas de Santa Rosa, Guatemala e Izabal.
Mientras su hijo recibía millones de quetzales, Nájera Sagastume regresaba al partido Todos con el objetivo de ser reelecto, pero fracasó en los comicios pasados y así terminó su racha de participar en seis legislaturas seguidas, la primera fue la de 2000.
Los 24 años en el Legislativo no libraron de señalamientos al exparlamentario. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de Juan Francisco Sandoval, develó que él habría solicitado plazas fantasmas en el Ministerio de Salud y Asistencia Social de la gestión del Partido Patriota.
Por eso, la unidad de investigación solicitó que se le retirara la inmunidad. No obstante, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad lo protegieron. Ahora que ya no posee inmunidad, la FECI de Rafael Curruchiche no ha accionado en su contra.
Prensa Comunitaria envió un correo al propietario de Ingeniería y Construcción Naxara para que explicara si las adjudicaciones a su favor se las otorgaron a cambio de que su padre apoyara a la administración de Alejandro Giammattei. No hubo respuesta.
Hija empresaria
El diputado José Luis Galindo de León tiene otra hija que es empresaria: Angélica Sucely Galindo Motta, quien también tuvo éxito en la pasada gestión gubernamental, de la cual se agenció varios millones.
Ella es la fundadora de Inversiones Gaes, otra compañía que se asentó en Retalhuleu para, entre otras cosas, brindar servicios en diseño, supervisión y construcción, además de consultorías en proyectos de ingeniería y obra civil.
La sociedad fue creada en 2013 y, ese mismo año, empezaron las transacciones con instituciones públicas. Hasta la fecha, las asignaciones a favor de la entidad mercantil, financiadas con recursos públicos, ascienden a Q37.17 millones.
De esa cantidad, Q16.06 millones corresponden a contratos del gobierno anterior. Como ha sido habitual con las empresas de los parientes del congresista, los negocios se establecieron con municipalidades.
Las corporaciones de San Sebastián y San Felipe en Retalhuleu, como también la de Génova en Quetzaltenango (las tres controladas por el partido Valor) suscribieron acuerdos con Inversiones Gaes.
La construcción de un sistema de aguas residuales, la edificación de un centro universitario y el mejoramiento de un camino rural son algunos de los proyectos que se le concedieron a la empresa de Angélica Sucely.
No fueron las únicas instituciones para las que trabajó la hija del congresista, porque también requirieron sus servicios las municipalidades de Coatepeque y Colomba, en Quetzaltenango; y el Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo, en Villa Nueva.
Por aparte, Angélica Sucely intentó ser la alcaldesa de la cabecera departamental de Retalhuleu, como lo hizo su padre entre 2008 y 2020. También se postuló con el partido Valor en las elecciones de 2023, pero no consiguió el puesto. 
* Los datos presentados en esta nota y en las siguientes de la serie de esta investigación fueron recopilados, procesados y analizados durante seis meses por el equipo de Prensa Comunitaria, en los que se consultó diversas fuentes y registros públicos para brindar datos sobre el patrimonio de los diputados y sus familiares, sus vínculos con empresas contratistas del Estado y las plazas o contratos laborales que obtuvieron o mantuvieron en las instituciones públicas.
** Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
