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Defensores de derechos humanos afirman que la sentencia es un golpe a la democracia y evidencia los intentos desesperados del Gobierno de Giammattei de criminalizar el periodismo en Guatemala.

Por Isela Espinoza

Luego de conocerse este miércoles la sentencia de seis años de cárcel inconmutables por lavado de dinero en contra del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, la noticia se hizo eco en medios internacionales, así como en organizaciones de prensa y de derechos humanos que rechazaron la condena y algunos la calificaron como un “claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión” en Guatemala.

Durante la audiencia, el periodista negó haber cometido los delitos que señalaba el Ministerio Público.  El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, a cargo de la jueza Oly González, determinó absolverlo del delito de chantaje y tráfico de influencias, por no tener pruebas suficientes contra Zamora.  El Tribunal también decidió absolver a la exfiscal Samari Gómez del delito de revelación de información confidencial.

Al finalizar el juicio, el director de elPeriódico dijo que apelará la condena y agotará los procesos legales en Guatemala, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el objetivo de revertir la pena.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), solicitó una condena de 40 años de prisión con agravante de “menosprecio a la autoridad”, por opiniones en contra de la fiscal general y del jefe de la FECI.  El proceso fue considerado por el periodista como una persecución política en su contra. “Sigo siendo inocente”, dijo Zamora tras conocer el fallo.

Jose Zamora, uno de los hijos del periodista, denunció que “el régimen de Alejandro Giammattei ha violado” la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de Guatemala que establecen los derechos fundamentales del debido proceso.

El pasado 15 de mayo, elPeriódico se vio obligado a cerrar ante las presiones políticas y económicas. Ahora, siete de sus experiodistas y dos excolumnistas también están siendo investigados por presunta obstrucción a la justicia relacionada con la cobertura del caso contra Zamora.

Más de 20 periodistas, exfiscales y jueces anticorrupción están en el exilio debido a la persecución y criminalización que inició el Gobierno de Giammattei contra quienes denuncian casos de corrupción.

El Relator Espacial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, fue uno de los primeros en reaccionar. “Registro con preocupación la condena penal contra el periodista Jose Rubén Zamora. El medio que lideraba cerró. Varios periodistas que han hecho cobertura de su caso son investigados. Los reportes de miedo y autocensura de la prensa en Guatemala son diarios”, escribió en Twitter.

Además, el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también comentó que el periodista “ha sido injustamente condenado, no por la justicia, sino por la ignominia y la arbitrariedad”. Denunció que grupos de poder y el gobierno de Giammattei insisten en perseguir a quienes “no han hecho más que su trabajo, develar la corrupción y ejercer el derecho a la libertad de prensa y de expresión”.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, recordó que durante el proceso contra Zamora y Samari Gómez surgió una orden de captura en su contra, en donde según el ahora jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, había girado una orden de extradición para Sandoval que se encuentra en el exilio.

“La defensa de Rubén Zamora deberá aplicarse y señalar todas las violaciones al debido proceso de las que ha sido víctima en el caso”, dijo.

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En tanto, el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica reaccionó desde su cuenta de Twitter y, expresó su preocupación y rechazo a la criminalización de periodistas en la región. “Catalogamos este hecho como un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa en dicho país”, escribieron.

Mientras, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), a través de su director, Carlos Martínez de la Serna, tildó de “vergonzosa” la condena y el encarcelamiento de José Rubén Zamora. “Sirve como un claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y los intentos desesperados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei de criminalizar el periodismo”, se lee en una publicación en Twitter.

En tanto, el periodista y experto internacional sobre libertad de prensa, Carlos Lauría, también se refirió a la condena como una “afrenta contra la democracia en Guatemala”.  Además, descalificó la criminalización del periodismo bajo el gobierno de Giammattei y expresó su solidaridad con Zamora y su familia.

“¡Mantente fuerte!”, resaltó la organización Robert R. Kennedy Human Rights al recordar que el trabajo de los periodistas es vital para una sociedad democrática. “Nuestros pensamientos y solidaridad están con #ChepeZamora, su familia y todos los periodistas de #Guatemala que valientemente investigan la corrupción, luchan contra la impunidad y exigen responsabilidades a los que están en el poder”, enfatizó.

Otras organizaciones y figuras públicas se unieron a la solidaridad con el gremio y el Fundador de elPeriódico entre ellas: la Asociación de periodistas venezolanos en el extranjero (Apevex), Voces del Sur, el subsecretario de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y Reporteros Sin Fronteras señalaron que la condena por lavado de dinero es “otro ataque inaceptable del Estado guatemalteco a la labor periodística”.

En el mismo caso, el Tribunal Octavo también absolvió del delito de revelación de información confidencial a Samari Gómez, por el que la fiscalía pedía ocho años de prisión. La exfiscal afirmó que todo el tiempo fue inocente. “El futuro es incierto, no sabemos si van a presentar más señalamientos, pero yo estaré dispuesta a enfrentar la justicia si eso sucede”, agregó ante los periodistas.

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Al finalizar la audiencia, Curruchiche reaccionó eufórico y dijo, en una de sus primeras declaraciones, que esperaría que Jose Rubén Zamora sea incluido en la Lista Engel, en donde él ha sido señalado de entrampar casos de alto impacto.

La Lista Engel fue aprobada en 2020 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos con el objetivo de incluir a aquellos personajes de los tres países de Centroamérica vinculados con actos de corrupción o ataques a la democracia. Más de 60 personas, la mayoría funcionarios públicos, han sido incluidos en la lista.

Para la exfiscal general, Thelma Aldana, las declaraciones de Curruchiche “pone en vergüenza al MP y al país”.

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