Manifestantes maya Q’eqchi’ llaman la atención sobre la falta de agua en sus comunidades en Alta Verapaz, debido a la operación de varias hidroeléctricas cuya construcción estuvo a cargo de la empresa española Cobra, de ACS.
Por Regina Pérez
Representantes del pueblo Q’eqchi’ de Alta Verapaz realizaron una marcha en la ciudad capital que se dirigió a la Embajada de España para preguntar a representantes del gobierno español sobre qué acciones se tomarán contra la empresa Cobra, de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), que perteneció a Florentino Pérez, que se involucró en la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en el río Cahabón.
La marcha de mujeres, hombres y niños comenzó desde el Parque Morazán, donde los defensores del territorio Abelino Chub y Bernardo Caal informaban las razones de esta protesta, que busca llamar la atención del gobierno español sobre la situación de la población indígena en esa región.
Las mujeres Q’eqchi’ llevaban tinajas vacías, como una muestra de que, en sus comunidades, donde operan las hidroeléctricas de los complejos hidroeléctricos Oxec y Renace, el agua se está limitando cada vez más, un recurso muy necesario para las familias dijo María Caal, de la comunidad Sepoz.
Al contrario de lo que sucede en la ciudad capital donde el agua escasea por otras razones, en las comunidades las principales responsables son las empresas que desvían los ríos, señaló Abelino Chub.
El profesor Bernardo Caal Xol, quien estuvo en prisión por cuatro años y dos meses, denunciado por trabajadores de la hidroeléctrica Oxec, dijo que son tres peticiones las que tienen y la acción la realizan frente a la embajada para que a nivel internacional se den cuenta de que el pueblo Q’eqchi’ no está de acuerdo con la forma de operar las empresas españolas.
El pueblo Q’eqchi' marchará hacia la Embajada de España para exigir transparencia a las empresas españolas que han construido represas en el río Cahabón.
Mujeres llevan tinajas vacías para ejemplificar que se han quedado sin agua.@_Rahina_ pic.twitter.com/iI9tsIXIt1
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) May 10, 2023
La primera petición es conocer qué sanción impondrá el gobierno español a Florentino Pérez, quien presidió ACS, cuya empresa fue subcontratada por la firma guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI) para la construcción del complejo hidroeléctrico en sus fases II, III y IV.
La población indígena de la región afectada asegura que nunca fue consultada por la empresa Renace sobre dicho proyecto.
El dirigente Caal también se refirió a la información que solicitaron las diputadas María Carvalho Dantas y Marta Rosique Saltor del partido Esquerra Republicana al Gobierno español sobre las intervenciones en el área afectada donde supuestamente se ha beneficiado a 250 mil personas y se ha alcanzado una cartera de donación de 90 millones de euros por parte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).
Eso es una total mentira, nosotros no hemos visto nada, acá venimos a la Embajada para que nos expliquen donde se está invirtiendo todo ese dinero que mencionan en los documentos, aseveró Caal Xol.
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Finalmente se refirió a la iniciativa parlamentaria aprobada por la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados en febrero pasado que insta al gobierno de España a respaldar la labor de las y los defensores del territorio y el medio ambiente en Guatemala que están siendo objeto de criminalización.
“En la cárcel todavía está Jorge Coc, Marcelino Xol y en la Costa Sur están presos otros tres compañeros por la defensa de los ríos”, señaló.
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Por su parte, Abelino Chub, quien también fue criminalizado y estuvo en prisión preventiva por dos años y dos meses, antes de que un Tribunal lo encontrara inocente, dijo que en la cosmovisión maya el agua es sagrada. “No es posible que gente de Europa venga a violentar a esa dignidad de un pueblo que ha vivido en armonía con sus elementos naturales, que históricamente lo ha protegido”, expresó en relación al río Cahabón.
Según María Caal, cada vez es más difícil contar con agua en sus comunidades. Desde 2010, han estado operando esas grandes empresas, hoy tenemos escasez de agua, nos preocupa como madres de familia cómo van a sobrevivir nuestros hijos y las nuevas generaciones, mencionó.
Más de una hora después de llegar a la sede de la Embajada, el ministro consejero Rafael Chaves Beardo salió a conversar con Bernardo Caal y le indicó que actualmente ACS ya no pertenece a Pérez, pues fue vendida a una multinacional de otro país. No obstante, Caal manifestó que Pérez era quien presidía ACS cuando Cobra construyó parte del complejo.
Sobre los casos de criminalización, Chaves indicó que le darán seguimiento.
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