Ezequiel García Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, expuso que en Guatemala las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos se enfrentan a patrones de criminalización dirigidos a obstaculizar su labor.
Por Isela Espinoza
La organización Front Line Defenders señala que desde 2019, 24 defensores del territorio han sido asesinados en Guatemala convirtiéndolo en el sexto país del mundo más peligroso para los defensores del medio ambiente, afirmó Noemí Villagrasa Quero, portavoz del partido Socialista Obrero Español al presentar una enmienda a la proposición no de Ley sobre la criminalización de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente en Guatemala.
El pasado martes 7 de febrero, la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados aprobó esta proposición no de Ley o una iniciativa parlamentaria que busca expresar su posición ante una determinada situación para su debate e instar al Gobierno español a realizar una acción.
Durante la sesión número 33, Ezequiel García Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, quien presentó la proposición no de ley, expuso que en Guatemala las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos se enfrentan a patrones de criminalización dirigidos a obstaculizar su labor.
Además, citó registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala (Udefegua), que entre enero y noviembre de 2021 reportó 839 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. “El foco se encuentra sobre todo en actos de difamación y estigmatización, las denuncias judiciales sin fundamento y las detenciones ilegales”, dijo García Nieto.
En 2019, un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos basada “en el uso indebido del derecho penal en su contra”, que afecta especialmente a quienes defienden la tierra y los recursos naturales.
Durante el debate, ambos parlamentarios nombraron los casos de Anabella España Reyes, Abelino Salvador Mejía, Flavio Vicente y Virgilio García Carrillo, integrantes de la junta directiva del Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR); Justino Xollim, líder comunitario miembro de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC); Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA); o Bernardo Caal Xol, portavoz de la Resistencia Pacífica de Cahabón.
“Todas ellas son personas defensoras del territorio que se encuentran bajo procesos de judicialización en los que se hace un uso indebido del derecho penal y una aplicación arbitraria de la ley”, enfatizaron.
Ante la situación, la proposición no de Ley sobre la criminalización de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente en Guatemala insta al gobierno español a: respaldar la labor de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de la tierra y el medio ambiente en Guatemala, rechazando los procesos de criminalización que se articulan, especialmente desde algunos sectores económicos y políticos.
Además, de implementar acciones para promover la protección de las personas defensoras de derechos humanos que sufren un uso indebido del derecho penal y dar seguimiento, a través de la Embajada de España en Guatemala, a las audiencias de los juicios en contra de las personas defensoras judicializadas.
