Una transnacional española construyó las fases II, III y IV de la hidroeléctrica RENACE en Alta Verapaz, sin realizar una consulta previa a los pobladores, señalan las organizaciones políticas.
Por Isela Espinoza
Los partidos políticos catalanes Esquerra Republicana y Sobiranistes pidieron al Gobierno de España aclaraciones en torno a las operaciones de la hidroeléctrica Recursos Naturales y Celulosas (RENACE S.A.) sobre el río Cahabón en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. La población maya Q’eqchi’ ha denunciado al complejo hidroeléctrico de privatizar el agua y violar los derechos humanos de las comunidades.
Esta es la segunda ocasión en la que estas organizaciones políticas cuestionan al gobierno. En junio del año pasado, en una carta pidieron explicaciones sobre la actuación de la transnacional española ACS (Actividades de Construcción y Servicios), una de las principales empresas subcontratadas para la fase II, III y IV de RENACE, que forma parte de Corporación Multi- Inversiones (CMI).
En esa ocasión, Esquerra Republicana y Sobiranistes expusieron que ACS tiene como presidente a Florentino Pérez, quien también es accionista y presidente del Real Madrid Club de Futbol. “Nunca se ha consultado a las más de 30 mil personas del pueblo Q’eqchi’ que se están viendo afectadas, perdiendo acceso al agua del río para consumo propio, para consumo de sus animales y ganado y también para sus escasos cultivos”, se lee en el comunicado. Además, alertaron que San Pedro Carchá encabeza el listado de municipios con menor índice de electrificación del país y que no recibirá ni un kilovatio de lo que se produce en el territorio expoliado.
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Según un video publicado en la página web de RENACE, el complejo tiene una capacidad instalada de 301 megabytes y suministra aproximadamente el 13 por ciento de la energía eléctrica consumida en el país, lo que lo posiciona en la instalación hidroeléctrica privada más grande de Centroamérica.
Respuesta con más preguntas
¿Qué seguimiento ha hecho la embajada española sobre la construcción de las fases II, III y IV a cargo de ACS?, ¿Tiene el gobierno conocimiento de las múltiples denuncias de la población local? Fueron las preguntas planteadas por ambos partidos catalanes en junio del año pasado. Según un comunicado de prensa, el Gobierno emitió su respuesta en donde afirma que las empresas españolas que operan en terceros países deben respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y que la aprobación del complejo hidroeléctrico se produjo antes de la entrada de vigor de este convenio para Guatemala.
Ambos partidos exponen que la fase I de RENACE inició su construcción en la década de 1990 y en 2004 inicia operaciones. Pero Guatemala ratificó el Convenio en 1996 y ACS inicia la licitación en 2007 para la construcción de las siguientes fases.
Por otro lado, el Gobierno español también da a entender en su respuesta que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha realizado consultas a la población afectada y “eso libra de responsabilidad a RENACE y ACS”. Sin embargo, las organizaciones políticas volvieron a recordar que las poblaciones afectadas han denunciado que no se han realizado consultas previas, así como su constante rechazo a las operaciones del complejo hidroeléctrico.
El 27 de agosto de 2020, pobladores de la aldea Santo Domingo Raxnam denunciaron que fueron convocados por representantes de RENACE, para participar en una reunión donde se abordaría el tema de la tierra, pero al llegar al lugar fueron agredidos por guardias de la seguridad de esa empresa. Al menos 10 personas resultaron heridas.
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