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Gobierno español: “Empresas que operan en terceros países deben respetar el Convenio 169”

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Créditos: Central Hidroeléctrica Renace 4 – Fase 2 proyecto que generó el rechazo de las comunidades q’eqchi en Alta Verapaz. Fotografía httpwww.grupocobra.com
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Diputadas catalanas piden explicaciones sobre las operaciones de una trasnacional española en la hidroeléctrica Renace, denunciada por pobladores de privatizar el río Cahabón.

Por Isela Espinoza

El pasado 14 de febrero de este año, las diputadas María Carvalho Dantas y Marta Rosique Saltor del grupo parlamentario Republicano catalán, volvieron a cuestionar al gobierno español sobre la actuación de la compañía Actividades de Construcción y Servicios (ACS), una trasnacional española que fue subcontratada para la construcción de la fase II, III y IV de la hidroeléctrica Recursos Naturales y Celulosas (RENACE S.A.).

En Guatemala, este complejo hidroeléctrico se ubica sobre el río Cahabón en San Pedro Carchá, Alta Verapaz y forma parte de Corporación Multi – Inversiones (CMI). La población maya Q´eqchi´ ha denunciado que, con sus operaciones, RENACE privatiza el agua y viola los derechos de las comunidades. Mientras, ACS es una empresa cuyo propietario es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de hecho, visitó Guatemala en 2014 para la inauguración de Renace II.

Anteriormente, las parlamentarias habían cuestionado en dos ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, sus respuestas continúan generando preguntas para el grupo parlamentario, según la carta con fecha de 14 de febrero y que el pasado 17 de marzo recibió respuesta.

El Gobierno español asegura que las empresas que operan en terceros países deben “respetar” el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Pero Carvalho y Rosique refutaron sobre qué mecanismos utiliza la Embajada de España en Guatemala para verificar que la trasnacional cumple con el Convenio 169 en RENACE.

“Se ha instado al gobierno guatemalteco a tomar las medidas para garantizar el respeto de la independencia judicial y fiscal y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y de los defensores de sus derechos”, se lee en la respuesta formulada por el Gobierno español.

Además, explicó que abordaron el caso en el Punto Nacional de Contacto (PNC) español y recibieron en 2017 la solicitud de un estudio presentado por la ONG, Alianza para la Solidaridad (AxS). “Desde la recepción del caso el secretariado del PNC lo estudió en profundidad y se reunió en varias ocasiones con ambas partes”, enfatizó.

En el documento también se comenta que realizaron audiencias con las partes involucradas e intercambiaron documentos entre ellos la notificación, con fecha de 4 de julio de 2019, de la Corte Suprema de Justicia sobre la aceptación de un recurso de amparo interpuesto y que dio como resultado una sentencia que obligaba al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala realizar una consulta a las comunidades indígenas afectadas por RENACE.

“El informe del PNC valoró positivamente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala e hizo oportunas recomendaciones a la empresa española en el ejercicio de sus competencias, dando por concluido el procedimiento”, agregó el Gobierno español.

Sin embargo, las organizaciones políticas señalan que las poblaciones afectadas han denunciado que no se han realizado consultas previas, así como su constante rechazo a las operaciones del complejo hidroeléctrico.

El 27 de agosto de 2020, pobladores de la aldea Santo Domingo Raxnam denunciaron que fueron convocados por representantes de RENACE, para participar en una reunión donde se abordaría el tema de la tierra, pero al llegar al lugar fueron agredidos por guardias de la seguridad de esa empresa. Al menos 10 personas resultaron heridas.

Además, en este proceso también han sido criminalizados líderes comunitarios por defender los ríos y la tierra como el caso del profesor Bernardo Caal. El 24 de marzo de 2022, fue beneficiado por un juzgado que le otorgó una rendición de penas para recobrar su libertad. Caal fue detenido el 30 de enero de 2018 luego de ser acusado de robo por trabajadores de Renace.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal de Cobán ordenó su arresto por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales con circunstancias agravadas.

La vida en juego”

Según la investigación “La vida en juego” realizada por Mugarik Gabe, en el capítulo de Guatemala señala que en noviembre de 2015 se contabilizaban 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo en construcción y otros 20 proyectos en estudio. En 2020, el Consejo Nacional de Energía Eléctrica reportó la existencia de 39 represas en funcionamiento.

“Esto en un país donde muchas comunidades expulsadas de sus asentamientos por estos y otros megaproyectos no cuentan con energía eléctrica”, dice el informe.

Según RENACE, el complejo tiene una capacidad instalada de 301 megabytes y suministra aproximadamente el 13 por ciento de la energía eléctrica consumida en el país, lo que lo posiciona en la instalación hidroeléctrica privada más grande de Centroamérica.

“A pesar de que CMI sostuvo que destinan el 3 por ciento de la inversión a este tipo de proyectos, se puede afirmar que no hay dicha reinversión de beneficios, más allá de algunas entregas de mochilas y útiles escolares, tinajas para recoger el agua de lluvia y alguna capacitación sobre fertilizantes. Así, los altos índices de pobreza y la baja cobertura de servicios y necesidades básicas se mantienen hoy prácticamente en los mismos niveles que antes de la llegada de CMI y ACS”, señala la publicación de Mugarik Gabe.

CMI, un consorcio empresarial que incluye negocios de molinos, en la industria pecuaria, las finanzas, el sector energético, así como la cadena de restaurantes Pollo Campero, ha asegurado que detrás de las críticas al proyecto hay “grupos que están en contra del desarrollo y de la inversión privada”.

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