Por Édgar Gutiérrez
Tomás Casas Klett ha sido profesor en universidades de Estados Unidos, Canadá, Rusia y China, y estudia a profundidad modelos de negocios y a sus líderes en contextos políticos contrastantes. Ha desarrollado conceptos sobre las elites que vale la pena adaptar a nuestro ambiente. Sus textos son publicados en The Globalist y es director de Elite Quality Index que disecciona las elites en 151 países.
Tras asistir al Foro de Davos, la semana pasada ofreció una entrevista a El País en la que resumió sus tesis centrales. Elites: coaliciones en torno a un modelo de negocios que adquieren poder para modificar las instituciones en beneficio propio. Hay dos tipos de elites: las que crean valor y prosperidad, y las rentistas que extraen el valor de los ciudadanos (trabajadores y consumidores), descansan en privilegios, impunidad fiscal, subsidios y otros arreglos ventajosos en los mercados.
Las elites que crean valor contribuyen a formar sociedades que viven con dignidad y acceden a oportunidades en un ascensor fluido. Hacen parte de la configuración de un Estado con capacidad de fiscalidad para el bien común. Las elites rentistas, en cambio, configuran fábricas de desigualdades profundas, pobreza extendida e instituciones disfuncionales, además de que son motor de baja potencia cuyo resultado es un crecimiento económico mediocre. A estas, Casas Klett las denomina “elites de baja calidad”.
Ejemplos de elites que crean valor -o de alta calidad- son las de Suecia, Noruega, Suiza y Singapur. Casos de elites rentistas -o de baja calidad- abundan en América Latina, y Guatemala es un ejemplo históricamente notable.
Guatemala atraviesa una transición de elites que se degradan. La coalición en torno a negocios corruptos y criminales ha tomado el control de todas las instituciones y las está moldeando a su sabor y antojo. Hasta ahora solo han dado golpes de mano: persecución política de la disidencia y garantías de impunidad para los suyos, pero en la próxima legislatura tendrán los chances de reconfigurar el Estado para propósitos rentistas -en gran medida hasta ahora ilícitos- más duraderos. Para lograrlo van a recurrir a formas autocráticas y chocarán entre sí, hasta que se conforme una super-elite criminal dominante.
La transición de elites adquirió forma en el gobierno de Otto Pérez, y se aceleró con Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Es una transición pacífica hasta ahora. Las elites tradicionales apenas rezongan. Históricamente, cuando perciben amenazas provenientes de coaliciones emergentes han promovido actos de desestabilización, golpes de Estado, incluso guerras civiles, hasta que neutralizan al rival o reacomodan sus intereses al nuevo contexto.
Quizá la visión de ciertas elites tradicionales está distorsionada por el estrés postraumático de la CICIG bajo Iván Velásquez; además, sus altas rentas -derivadas del consumo que nutren las remesas y subsidios que les concede Giammattei a dedo para tenerlos al alcance- les cierra el horizonte. Quizá sus altos ejecutivos creen que por la alta rotación de las elites criminales -sancionadas por Estados Unidos- al final del día podrán capturar las llaves de negocios blanqueados.
Como sea, la elite tradicional va perdiendo el control de instituciones clave del Estado, que durante décadas moldearon para favorecer sus intereses.
La coalición de elites que ahora controla las instituciones tiene una calidad rentista más baja: unas están formando su capital desde dentro de las instituciones públicas a través de la gran corrupción, y otras explotan la geopolítica del crimen organizado. Tienden a configurar en la próxima década un Estado mafioso.
Las elecciones de 2023 constituirán la puerta grande de las elites de corrupción y crimen para invadir el Congreso y extender su control territorial. Su dominio de postulaciones es abrumador en la mayoría de partidos políticos. Es la herencia envenenada de Giammattei, el TSE y el sistema judicial. Lo único que podría alterar este escenario en el corto plazo es que exacerben sus tensiones internas o alguna jugada disparatada.
En países que atravesaron transiciones comparables, ha ocurrido un éxodo de elites tradicionales y de clases medias profesionistas. Quienes se quedan deben someterse a las reglas de las elites criminales. La economía general tiende a encogerse, los servicios públicos son crónicamente disfuncionales y se van creando amplios cuadros de crisis humanitaria. Los países se aíslan de la comunidad democrática internacional y atraen mafias transnacionales.
Los movimientos sociales, políticos y económicos que defienden valores democráticos y republicanos entran en fase de resistencia por un plazo indeterminado.
