Por Luis Juárez
En el caso de las autoridades de la comunidad Pueblo Nuevo, Ixcán, existe una persecución político ideológica de los fiscales del Ministerio Público (MP), para criminalizar sistemáticamente el liderazgo comunitario por la defensa del territorio.
La semana pasada, el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, ubicado en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) en Playa Grande, Ixcán, Quiché, el juez Carlos Avidahil Cano Gamarro, notificó 25 nuevas denuncias contra autoridades comunitarias, por delitos como obstaculización a la acción penal y coacción. Hasta ahora suman más de 45 personas denunciadas en la comunidad. Es un caso insólito e inaudito. Para los comunitarios estos delitos son falsos.
La población ve con suma preocupación la actuación maliciosa del MP y el evidente sesgo de carácter político ideológico de la persecución y criminalización de las autoridades, que pretende callar y silenciar la voz de la comunidad. Lo político ideológico tiene que ver con el origen de la comunidad, con su lucha histórica durante la guerra, con la resistencia de las comunidades frente a la represión del Estado y el retorno al país. Más que una acción de carácter judicial, el MP ejerce una acción que busca intimidar, amenazar y amedrentar a las autoridades y el desarrollo comunitario desde su enfoque consuetudinario.
El fin de semana pasado, las autoridades comunitarias convocaron de emergencia a una asamblea para informar sobre las 25 personas denunciadas injustamente por el MP, por ejercer sus derechos colectivos y aplicar sus normativas jurídicas como pueblos indígenas, en la resolución alterna de los problemas comunitarios.
Se seguirá demostrando con argumentos y medios de prueba, para evidenciar que las acusaciones del MP son espurias e infundadas. El caso de Pueblo Nuevo, es un problema de carácter social comunal que debe ser tratado como tal en toda su dimensión.
Confiamos que el caso se dilucide en el tribunal y que se resuelva conforme al derecho nacional e internacional.
El hecho se suscitó hace un mes aproximadamente, cuando los fiscales del MP intentaron ingresar a la comunidad a la fuerza y de manera arbitraria junto a Ramón Marcos Baltazar y José Domingo Ros. Dichas personas fueron expulsadas hace más de 3 años, por decisión de Asamblea Comunitaria, por los delitos reiterativos de amenazas, difamación, incitación al odio, agresión física, calumnia y destrucción del patrimonio comunitario (talanquera y alcaldía comunitaria).
En esa oportunidad, jamás se obstaculizó a los fiscales del MP su ingreso a la comunidad para realizar sus diligencias e investigaciones sobre el caso. Al contrario, la comunidad ofreció acompañamiento para resguardar su seguridad, pero desistieron y se retiraron de la talanquera.
La comunidad quedó sorprendida por las nuevas denuncias del MP para criminalizar a sus autoridades. Pero en la Asamblea comunitaria realizada el domingo 22 de mayo, patentizaron que seguirán firmes en sus decisiones y costumbres para velar por el orden, la seguridad y la convivencia dentro del marco de la multi e interculturalidad que caracteriza a la comunidad, que debe ser reconocida y respetada por las autoridades estatales.
De los 25 nuevos denunciados, dos son de la alcaldía comunitaria de este año, cuatro son de la junta directiva de la cooperativa, nueve son mujeres y el resto son hombres. Los otros 15, igualmente son exautoridades comunitarias de la alcaldía comunitaria y de la junta directiva que fueron denunciadas hace dos años y aún siguen en con el proceso abierto.
La Asamblea es la máxima autoridad en la toma de decisiones en los problemas internos que se suscitan dentro de la comunidad. Y se rige por un reglamento interno aprobado en Asamblea y recientemente se construyó una talanquera comunitaria para resguardar la paz, la seguridad, la armonía, convivencia y la soberanía del territorio.
Lamentablemente, la cabeza del MP esta señalada de cooptación por las redes de corrupción, criminales y elites económicas, se ve a un MP persiguiendo a jueces y operadores de justicia independientes, criminalizando a autoridades ancestrales y comunitarias. Una de las autoridades comunitarias dijo: “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.