Por Francisco Simón Francisco
“Giammattei es más kaibil y dictador que Otto Pérez Molina, aquel de la mano dura cuando fue presidente, aunque ambos vienen de la política conservadora”, decía una amiga periodista.
Parece que tiene lógica tal afirmación, el presidente recibió de una delegación de empresarios rusos este año, sobornos envueltos en una alfombra para negociar concesiones de puertos y autorizar más licencias mineras en Izabal, según las declaraciones de un testigo, publicadas por el medio internacional The New York Times.
Gracias al campeón de la lucha anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, que fue reconocido por su trabajo en la lucha contra la corrupción, por la administración del presidente Joe Biden, el negocio de los rusos se descubrió en julio de este año y salió a luz pública. Con la denuncia, 24 horas después Sandoval no le quedó otro camino que abandonar el país y asilarse en los Estados Unidos.
La captura del Estado por los CIACS ha facilitado el ambiente de negocios para los rusos, para obtener más beneficios desde el gobierno y comodidad para su propios intereses en el país, a costa de la corrupción e impunidad, algo que no les genera mayor empacho. Giammattei logró encubrir y apagar las investigaciones en su contra, gracias a la colaboración de “su amiga”, como él mismo lo declaró públicamente, al referirse a la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.
Uno de los territorios disputados por los rusos y las mineras detrás del níquel, es El Estor Izabal, un municipio caribeño, frente a la movilización del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’, en oposición al funcionamiento de por lo menos dos grandes empresas suizas con capitales rusos, el gobierno recurrió al ejército y Policía Nacional Civil (PNC), para reprimir con armas de fuego, bombas lacrimógenas, vehículos blindados y allanamientos en El Estor, con la complicidad del MP y jueces locales. Toda una operación dirigida en contra de los miembros de las autoridades, que exigen participar en el proceso de preparatorio de la consulta, un procedimiento que el MEM decidió llamarlo como preconsulta comunitaria, pero que no existe en las normativas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la idea es que los principales actores deben de ser incluidos de acuerdo a lo resuelto por la Corte de la Constitucionalidad (CC), en 2020. Esto no ha ocurrido.
Sin embargo, el gobierno de Giammattei dice que, quienes resisten de forma pacífica en El Estor, frente a las operaciones de la minera suiza rusa Solway Investment Group, buscan alterar el orden y socavar la paz y la tranquilidad en el lugar, cuando lo único que buscan es que se respete y cumpla la sentencia de la CC y por lo tanto el estado de derecho y las leyes guatemaltecas.
Frente a este escenario, la intención del gobierno y de los empresarios rusos es la utilización del derecho penal, para la persecución de opositores comunitarios o políticos, que incluye la criminalización y la censura en contra de periodistas comunitarios, que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de prensa desde los territorios, como el caso de tres de los periodistas de Prensa Comunitaria, que con el estado de sitio se vieron obligados a desplazarse de manera forzada. Esta forma de utilizar lo penal se ha denominado como derecho penal del enemigo, filosofía en la que se han formado algunos jueces de este país.
No obstante, en tiempos post acuerdos de paz se crearon políticas neoliberales de inversión y expansión de las fuerzas de mercado asociadas al extractivismo, las empresas venden el discurso de “una de las alternativas de desarrollo para los países subdesarrollados”, lo cual únicamente abrió paso a nuevos problemas sociales mucho más graves entre las poblaciones y la alianza estado-empresa.
Estas políticas permitieron a Guatemala ser un país atractivo para las empresas extractivas dentro del modelo capitalista. Por ejemplo, con la Ley de Minería e Hidrocarburos, las empresas mineras están obligadas a pagar únicamente el 1% de sus regalías al Estado. En el caso particular de CGN-Pronico, en 2015 obtuvo un ingreso de más de 250 mil millones de quetzales por la explotación y exportación de níquel y en regalías pagó al Estado la mínima cantidad de 1 millón 848 mil quetzales, según un documento de la Contraloría General de Cuentas (CGC) divulgado en redes sociales. Estos datos se traducen en más ingresos para las empresas extranjeras y menos desarrollo para el país.
Con esta ley tan débil, que beneficia únicamente al sector privado y empresas transnacionales, el gobierno comenzó a autorizar licencias de minería a empresas con capital transnacional, sin consultar previamente a las poblaciones que habitan en los diversos territorios. Esta forma opaca de entregar licencias, poco a poco se ha ido desenmascarando que las empresas operan de manera ilegal por no cumplir con las leyes nacionales, el Proyecto Minero Fénix es el claro ejemplo de la corrupción para la obtención de licencias que finalmente son ilegales.
Esto preocupó a los pueblos, llevándolos a organizarse por la protección de los bienes naturales, como los ríos y el territorio. Asimismo, con la llegada de estas empresas -ya con las licencias autorizadas- a los territorios comienzan a manejar discursos mediáticos sobre el “desarrollo” como escudo para presentar un modelo de vida y un canal por el cual todos los pueblos indígenas deben vivir.
Actualmente varios proyectos mineros e hidroeléctricos se están implementando, aún en contra de la voluntad de las comunidades que se han dado cuenta que ese discurso de desarrollo esconde otros intereses estratégicos. Se persigue con encarcelamiento a dirigentes opositores a sus proyectos, como lo ocurrido con Bernardo Caal, sentenciado a 7 años de prisión inconmutable por defender el río Cahabón ante la construcción de hidroeléctricas de la empresa Oxec.
El ejemplo más reciente de este contexto es el del pueblo Q´eqchi´ de El Estor, en donde CGN-Pronico extrae níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio, sin licencia minera, y además sin ningún control estatal lo hace con otros minerales, incluidas tierras raras para exportar hacia Rusia, Asía y otros países, operando de manera ilegal.
Una resolución de la CC dictada en 2020 suspendió las operaciones de esta empresa, porque operaban sin haber consultado a la población Q´eqchi´ de El Estor, Izabal, que habitan en el área de incidencia.
Para lograr el respaldo social, la empresa recurrió a la estrategia de cooptar dirigentes comunitarios y dividir a las comunidades en torno a las operaciones mineras; señalar a opositores como enemigos del desarrollo y criminalizarlos por atentar contra los proyectos del supuesto “desarrollo”. Además, de crear campañas de difamación en contra de algunas comunidades por oponerse de manera pacífica a estos proyectos.
Por defender estos recursos algunas personas han tenido que enfrentar la persecución penal y discursos de criminalización entre las comunidades por parte de operadores de la empresa. Hay procesos penales abiertos en contra de integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales, dirigentes comunitarios y activistas sociales del pueblo Q´eqchi´, incluyendo a periodistas comunitarios de medios alternativos. Todo por resistir, manifestar y demostrar su oposición al proyecto minero Fénix de CGN-Pronico en El Estor.
Actualmente, el escenario de vida para los pobladores de El Estor se debate entre la división comunitaria y la persecución penal, con discursos excluyentes que utilizan las empresas para mantener sus operaciones, refleja únicamente el aparente interés de un desarrollo económico en las comunidades donde operan; además, es un discurso preocupante a nivel demográfico y cultural porque rompe la relación ancestral de las comunidades con los elementos del territorio, basado en la ideología de la superioridad neoliberal de mercado, explotación e imposición.
Lo más paradójico es que la idea de desarrollo, que pretende vender la empresa a las comunidades, es que se quiere realizar a costa de los intereses de los pueblos, que no toman en cuenta sus mecanismos de consulta y que rechazan la postura auténtica de las comunidades como actores clave para decidir.
Para hablar de desarrollo en las comunidades el Estado debe sujetarse a la petición social y no empresarial, lo que significa: respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-. Autoridades como Alberto Pimentel y Oscar Rafael Reyes, uno ministro de Energía y Minas, y el otro su viceministros bien pueden revertir el daño ocasionado a las autoridades de los Consejos Ancestrales, desistir de la exclusión que les tienen y democratizar la consulta, no debemos olvidar que esta es libre, previa e informada.
