La estrategia para lograr cambiar la correlación de fuerza favorable a la izquierda fue la implementada por Hilary Clinton conocida como de soft-power. El primer elemento es de carácter estructural y tiene que ver con la creación y formación de nuevos sujetos políticos que vinieran a superar el descredito en que habían caído sus aliados históricos. A partir de los recursos disponibles para sus agencias de cooperación, el gobierno de Barack Obama empezó a identificar a jóvenes con perspectivas de convertirse en lideres de opinión en sus países. Cooptados a través de los programas académicos de sus principales universidades o mediante la asignación directa de dinero, viajes y exposición en medios ya fuera como individuos o como parte de ONG’s, todos estos prospectos fueron aglutinados en torno a una agenda que incluía la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos, la agenda medioambiental y la discusión de género.
Estos jóvenes líderes pronto se fueron aglutinando en torno a dos perspectivas políticas distintas, pero coincidentes en lo fundamental: la derecha y los liberales millenials. Fuertemente capacitados en el manejo de redes sociales como medio principal de sus demandas y agendas, ocuparon pronto espacios en la academia, los organismos de la sociedad civil y los medios masivos de comunicación. Sus enemigos principales fueron los políticos tradicionales y los gobernantes de la izquierda hegemónica de la segunda década de este siglo. Puestos en picota por su corrupción, el rezago permanente que nuestras sociedades tienen en torno a la inclusión y la justicia social para las minorías y las pobres medidas tomadas en torno al cambio climático, ni los políticos tradicionales ni los nuevos gobernantes de izquierda salían bien parados. Dando como resultado que estos nuevos dirigentes millenials asumieran una posición de autoridad moral nueva, agresiva y sin cuestionamientos frente a un panorama que ahora aparecía donde ningún político ni partido podía dar respuesta a los graves problemas de América Latina.
Creado el agente que podía encabezar una lucha donde izquierda y derecha resultaban igualados, Estados Unidos se abocó a resolver el dilema de no poder usar el golpe de Estado tradicional como herramienta para desalojar del poder a los gobernantes de la neoizquierda latinoamericana.
Primero definieron que, aunque tendrían participación en los golpes de Estado, el ejército como institución no debía de asumir el control del gobierno. El golpe debía de estar encabezado por civiles, que convocaran a las protestas sociales a partir del descontento legítimo por malas decisiones de la izquierda y de las denuncias por la agenda impulsada desde Estados Unidos. Ambas aglutinadas, sumadas y dirigidas en torno a esos nuevos liderazgos millenials incrustados en la sociedad civil. Ante las protestas, los medios masivos de comunicación tradicionales y las redes sociales tenían la tarea de generar la expectativa de una crisis y de lograr que otras personas “autoconvocados” se sumaran a las protestas.
Creado el clima de crisis social es el momento de que entren en escena los militares, debido a que el presidente no puede garantizar la estabilidad del Estado, el alto mando castrense “invita” al mandatario en funciones a dimitir para permitir que regrese la paz en una sociedad enfrentada. Bajo esa máscara no resultan golpistas sino garantes de las instituciones en riesgo. Forzado por las protestas y por la amenaza de las armas, el político de izquierda renuncia “voluntariamente” dejando un vacío constitucional.
Ese es el llamado de los políticos tradicionales, preferentemente encarnados en los nuevos liderazgos millenials. Desde las representaciones que tienen en el poder legislativo, estos políticos son la pieza clave. Los Estados Unidos requieren mantener la continuidad de las instituciones y para ello no les son útiles los líderes millenials de la sociedad civil. Ese es el papel de los políticos tradicionales. Los opositores en el congreso se autoasumen como la representación legitima de las protestas, reciben la renuncia del presidente y nombran a uno de ellos como encargado de despacho.
Durante el gobierno de “transición” los políticos tradicionales y el ejército realizan una purga del movimiento social y político que mantenía en el poder al mandatario defenestrado. Cambian leyes electorales y convocan a nuevas elecciones. Todo ello aplaudido desde la sociedad civil que tiene su correa amarrada a la Casa Blanca.
Y empieza la pugna entre ellos. La lucha por el poder se agudiza porque no pueden resolver la desunión y el enfrentamiento que inicialmente permitió la llegada a la presidencia del gobernante de izquierda. La sociedad civil se siente engañada, pero eso ya no importa, el gobierno de transición y su sucesor se dedicará infatigablemente a retrotraer los avances sociales logrados durante las décadas pasadas y a entregar los recursos naturales y jugosos contratos a las multinacionales estadounidenses. El neoliberalismo retoma sus reales. La estrategia del soft-power ha logrado su cometido, no hay más peligro en su patio trasero. A menos que el movimiento social de izquierda vuelva a decir lo contrario.
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