Santiago Bastos Amigo
Prensa Comunitaria
Francisco Simón Francisco, compañero periodista de Prensa Comunitaria, sufrió una agresión en San Mateo Ixtatán (Huehuetenango) el pasado 21 de agosto. Sobre lo ocurrido, escribimos una nota urgente ese mismo día y otra nota con más información el día siguiente, que se sumó a los comunicados emitidos por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y por el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Además, el hecho fue denunciado en la oficina del Ministerio Público (MP) en el municipio de Santa Eulalia.
Dos días más tarde llegó a Prensa Comunitaria un texto, fechado también en San Mateo Ixtatán el día 22, redactado por el autodenominado “Concejo (sic) de Ancianos del Pueblo Maya Chuj” (se reproduce al final de este artículo). En él se cuestionó la agresión sufrida por nuestro compañero, y después de “investigaciones minuciosas” le acusaban a él de acosar a una mujer. Planteaban que lo ocurrido esa mañana “NO tiene ninguna relación política” pero terminaban el documento imputando a Francisco la pertenencia a un “grupo violento”, responsable de la suspensión de la segunda vuelta electoral en ese municipio.
En el documento se instó a Prensa Comunitaria a demostrar nuestro “profesionalismo en la investigación”, y eso es lo que voy a hacer en este texto, utilizando nuestra única arma, la que siempre hemos usado: la palabra escrita, la palabra razonada y argumentada.
Quiero mostrar cómo la agresión y las acusaciones diversas responden al interés de los círculos creados alrededor de la empresa PDHSA- Energía y Renovación y centrados ahora en la filial local del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN). Además, advertir que el texto mencionado puede ser parte de una campaña de criminalización dirigida a nuestro compañero Francisco, por su labor periodística durante el conflicto suscitado en las comunidades de Pojom y Yich Kisis por la presencia de la citada empresa hidroeléctrica.[1]
“Supuesto periodista e investigador”
En el texto emitido por el Concejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj, varias veces se habló de Francisco como “supuesto periodista e investigador”, acusándole implícitamente de usurpación de calidad profesional al poner en duda su calificación. Parece que la “minuciosa investigación” realizada por el Concejo no ha encontrado elementos que son de dominio público.
Francisco Simón Francisco lleva cinco años publicando notas, colaborando en trabajos y elaborando reportajes en Prensa Comunitaria, que son referencia obligada sobre el conflicto que se vive en Pojom y sobre todo el área de Yich Kisis desde la llegada de la hidroeléctrica PDHSA a esas tierras.[2] Su labor como periodista no se puede separar del hecho de que Francisco nació ahí mismo, en Pojom, por lo que su enfoque es el de un periodista comunitario, que hace su trabajo como parte de su colaboración con los trabajos comunitarios.
Además, Francisco está a punto de recibir el título de licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos. Como estudiante ha participado en varios cursos y diplomados para reforzar su aprendizaje y ha colaborado como investigador en la Dirección de Investigación (DIGI) de la USAC y en diversos centros de investigación de reconocido prestigio, como el Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) o el Instituto de Investigaciones Políticas Sociales (IIPS) de la Escuela de Ciencia Política, que, como hemos visto emitió un comunicado en apoyo a su miembro por la agresión sufrida.
En ellos ha participado en investigaciones y consultorías sobre temas, diversos acompañando a reconocidos investigadores como el Lic. Álvaro Caballeros o el Dr. Alfonso Arrivillaga. Algunos de estos trabajos han dado como resultado publicaciones académicas y de opinión en revistas de alcance nacional e internacional.[3]
En resumen, Francisco Simón Francisco no es un “supuesto” periodista e investigador. En ambos campos tiene credenciales que permiten utilizar esos títulos con toda legitimidad. Ponerlas en duda como hizo el Concejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj es intentar engañar a aquellos a quienes va dirigida la publicación y rebajar la credibilidad de nuestro compañero; pero sólo logran mostrar el verdadero interés de su escrito.
El supuesto acoso y la agresión real
El núcleo del comunicado del Concejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj se basó en que la agresión a Francisco Simón Francisco sí existió, pero no fue por las razones explicadas en las notas de Prensa Comunitaria. Dicen que “después de nuestras investigaciones minuciosas”, saben que la agresión se debió a que Francisco “se le acerca a una señorita a quien lay empieza a acosarla”, por lo que el esposo “molesto y enfurecido, se levantó y sin mediar palabra agredió al ACOSADOR por falta de respeto a la mujer”.
Llama la atención que tan “minuciosas investigaciones” no sean capaces de aportar datos que hagan creíble esta versión. Se habla de que la agresión se dio “a eso de las 11:30”, cuando había ocurrido veinte minutos antes, a las 11:10. Se dice que el autobús que Francisco abordó es “propiedad del señor Julio Francisco de Pojom”, cuando en San Mateo todos saben que el dueño de la ruta, entre la cabecera y Pojom, es David Baltazar Mateo.
Además de estos detalles, frente a la minuciosa descripción de los hechos que aportó la nota de Prensa Comunitaria, que se basó en lo observado por el agredido y otros testigos de los hechos, en este texto no se nos dan nombres de los principales involucrados: la señorita supuestamente agredida y el enojado esposo. Sin esos datos, la versión pierde mucha credibilidad, y no sabemos cómo se va a sostener la denuncia que dicen querer plantear.
Este uso de los delitos de género no es nuevo en la región. Se ha dado antes como una forma de reforzar acusaciones que finalmente no fructifican. Nos referimos a la acusación contra Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, miembros de la resistencia de Barillas contra la empresa Hidro Santa Cruz cuando en agosto de 2013 fueron detenidos por su supuesta participación en un linchamiento ocurrido en 2011, y fueron juzgados por el Tribunal de Femicidio en el departamento de Huehuetenango. Después de más de dos años, ambos fueron liberados porque no se pudo demostrar su actuación en los hechos. [4]
Esta acusación también se desacredita por la misma forma de mostrar los hechos. Se denunció una supuesta agresión machista -el acoso-, del que no se aportó ninguna prueba, para justificar la agresión hecha “sin mediar palabra” por un esposo ofendido en su honor, conducta que también entraría entre los comportamientos eminentemente machistas.
De todo esto, lo que finalmente queda es un supuesto acoso del que no se nos da ninguna información, y una agresión sufrida por Francisco Simón Francisco, que en cambio sí ha sido documentada y denunciada ante las autoridades competentes con todos sus detalles.
Parece entonces que las “minuciosas investigaciones” realizadas no cumplen con “los más mínimos principios de investigación, ética y profesionalismo”, que es de lo se acusa a Francisco.
Por el contrario, la redacción del texto muestra los que parecen ser los verdaderos intereses de este documento: dicen que le acusarán por el delito de “acoso sexual” y por “levantar falsas acusaciones contra nuestros líderes…, lo cual está penado por la ley”. Parece que les importa más el honor de estas personas que el de la supuesta señorita de la que no sabemos ni el nombre.
Los “grupos violentos” y la criminalización
Por ello planteo que lo que está detrás de este documento es una estrategia de criminalización. En Prensa Comunitaria hemos denunciado múltiples veces cómo se ha ejercido esta práctica, que ya es habitual, la en contra de comunicadores y defensores del territorio en Guatemala. Tergiversando los hechos ocurridos, se planifica una persecución penal que se suma a la agresión sufrida, y ambas actúan como formas de intimidación para frenar la oposición a los proyectos.[5] No sería la primera vez que se documenta y se demuestra judicialmente ese tipo de estrategias espurias y perversas en los conflictos provocados por las empresas que buscan realizar sus actividades en contra de la voluntad de la población local.[6]
Por eso, en este contexto, es sumamente grave la acusación velada que aparece en dos ocasiones contra Francisco cuando en el título del documento se habla de la “victimización de grupos violentos” y en el texto habla del “grupo violento al cual pertenece el Señor Francisco Simón Francisco”. Se trata de una imputación muy severa, pero de la cual tampoco se aporta ninguna prueba ni dato que permita hacer una acusación tan fuerte.
De nuevo, no es la primera vez que se recurre a la estrategia de publicar acusaciones sin fundamento que facilitan la criminalización y abren el camino para la persecución penal de los defensores de la vida y otros sujetos.[7] Así lo mostramos, por ejemplo, respecto al reportaje publicado por la revista Contrapoder titulado “Huehuetenango, el ingobernable”, cuya intención era desacreditar y abrir el camino para la persecución penal de Rigoberto Juárez, que de hecho se dio dos meses después del reportaje a partir de la misma versión de los hechos que se planteaba en él. [8]
Esta imputación es aún más peligrosa en el tenso ambiente postelectoral de San Mateo Ixtatán y conociendo cómo se ha usado la violencia en el conflicto desatado por la presencia de PDHSA – Energía y Renovación en Yich Kisis –de ambas cuestiones hablaré más adelante-.
Una acusación como la de “pertenecer a grupos violentos” abre la posibilidad de justificar una agresión a Francisco más grave aún que la ya sufrida y, como digo, de una persecución penal que tenga la única intención de acallar una voz crítica que está ayudando a desvelar los hechos que se han dado y se siguen dando en ese remoto rincón del país.
El Concejo de Ancianos y sus “líderes”
Para argumentar esta afirmación voy a empezar mostrando lo que hemos podido saber sobre el Concejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj, de San Mateo Ixtatán, y sobre quienes proclaman ser sus líderes, a partir nuestras investigaciones y conocimiento del área.
Sabemos de la existencia de una instancia con el nombre de Consejo de Ancianos en el municipio de San Mateo Ixtatán. En principio, el consejo de ancianos es una instancia comunitaria que entre otras funciones, avala a quienes se presentan para alcalde.[9] En mayo de 2017, el Consejo de Ancianos formó parte del Consejo del Pueblo Chuj, que presentó un amparo contra el Ministerio de Energía y Minas por la construcción de tres hidroeléctricas en el territorio municipal en contra de lo expresado en la consulta comunitaria realizada en 2009.
Pero esta instancia comunitaria sufrió una división interna a raíz del conflicto generado por la presencia de esas hidroeléctricas operadas por PDHSA – Energía y Renovación, como ha ocurrido con otras muchas organizaciones, colectivos y hemos denunciado en otros lugares.[10]
En este momento, un sector del Consejo de Ancianos –que según nos dicen es mayoritario- sigue apoyando la resistencia contra la implantación de las hidroeléctricas, como hace dos años. Pero un pequeño grupo se separó y pasó a integrar la Mesa de Diálogo que en seguida hablaremos, promovida por PDHSA – Energía y Renovación. El comunicado obvió esta situación de división interna y se autoadjudica la representación de todo el Consejo de Ancianos.
Hay un par de detalles que nos ayudan a ubicar quiénes redactaron el documento dentro de las fuerzas en conflicto en San Mateo. Como conocedores del fenómeno de la consolidación de este tipo de agrupaciones que podemos denominar autoridades comunitarias en el país,[11] nos extraña el lenguaje usado en el comunicado. Como demostró la doctora Gladys Tzul en su peritaje sociocultural para el juicio contra siete autoridades del norte de Huehuetenango en 2016, en las comunidades se ejerce el servicio de poder comunitario como autoridades y no como “líderes”. Este término corresponde a una terminología occidental que no se corresponde a la forma de participación comunitaria, y en estas agrupaciones se habla de autoridades, y no de líderes.
Por eso, el uso de este término nos hace plantearnos la duda de hasta qué punto los redactores del comunicado y los “líderes” que mencionan no estarán usurpando la calidad de “ancianos” entendidos como autoridades comunitarias.
En cambio, en el título del documento se habla de “grupos violentos que no quieren la paz y el desarrollo”. Esta oposición entre “grupos violentos” contra “paz y desarrollo” se utiliza normalmente desde las instancias privadas y públicas que fomentan el tipo de actividades extractivas como las hidroeléctricas, las minas o la palma africana.[12]
En concreto, en San Mateo Ixtatán son justo las palabras que nombran al Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura, que puso en marcha la Mesa de Diálogo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, cuyos integrantes acabaron firmando el Acuerdo por la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatán. Como vamos a ver en el siguiente apartado, estas instancias forman el entramado organizado por PDHSA – Energía y Renovación para apoyar su presencia en el área. Para quienes participan en ellas, los términos “paz y desarrollo” que aparecen en el comunicado del autodenominado Consejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj, son de uso habitual.
Los “líderes” y la “Mesa de Diálogo” en San Mateo
No hemos podido encontrar documentación que nos permita confirmar que efectivamente los señores Antonio Pérez Pascual, Andrés Santizo Gómez y Francisco Pablo Pérez formen parte del susodicho Concejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj, ni que se puedan considerar sus “líderes”. En cambio, sí podemos demostrar que están insertos en la trama creada por la empresa PDHSA – Energía y Renovación para contrarrestar la oposición a las plantas hidroeléctricas en Yich Kissis, que a su vez está en estrecha relación con la filial de la UCN en San Mateo Ixtatán.
Como se ha mostrado en otros textos, a partir de 2017 PDHSA–Energía y Renovación organizó toda una institucionalidad basada en el mencionado Consorcio Paz, Desarrollo y Cultura y formado por FUNDETEGUA y AYSSA, ambas instancias vinculadas al empresario Pedro Muadi, que acabó preso en los procesos por delitos de corrupción llevados contra Otto Pérez Molina. Estas instancias fomentaron la creación de dos espacios que acuerparían localmente su apoyo a PDHSA – Energía y Renovación: 13 Democracia, Consenso y Desarrollo (de nuevo las palabras mágicas) yel grupo 23 Comunidades.[13]
El Consorcio se convirtió en la base de la Mesa de Diálogo por la Paz y el Desarrollo que se puso en marcha con el objetivo declarado de terminar con la conflictividad en el municipio, pero que adolecía de un problema: en él que solo participaban actores proclives a la presencia de la hidroeléctrica y no había ningún representante de la oposición al proyecto (como se aparecia entre los firmantes del Acuerdo final.
Pues bien, el señor Antonio Pérez Pascual, primer mencionado como “líder” del Consejo de Ancianos, aparece firmando el mencionado “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatan”, como integrante de 13 Democracia, Consenso y Desarrollo, como se ve en la página 10 de dicho documento.
Esta mesa de diálogo contó desde el inicio con el apoyo de Andrés Alonso Pascual, alcalde de San Mateo, en varios períodos por partidos como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Partido Patriota (PP) –y una candidatura fallida con UCN-. El enlace con PDHSA después de 2017 fue su hermano, Mateo Alonso Pascual, quien era el presidente de 13 Consenso, Democracia y Desarrollo. El síndico primero de la Corporación Municipal de 2016-2020 es el segundo “líder” mencionado por el consejo: Andrés Santizo Gómez, que como tal también aparece como firmante del acuerdo.
Lo importante en este caso es que esta autodenominada mesa de diálogo no sólo no contó con la participación de ninguna persona ni instancia que se opusiera a la instalación de las plantas hidroeléctricas de PDHSA – Energía y Renovación, sino que durante su existencia se dedicó a atacarles.
Por ejemplo podemos mencionar la reinauguración en julio de 2018 del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, que permaneció cerrado desde los sucesos ocurridos la noche del 19 al 20 de enero de 2015.[14] Ante tan esperada noticia para todos los pobladores del norte del Huehuetenango, la mesa de diálogo emitió un comunicado en el que decía:
“nos congratulamos por la próxima reapertura del Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia, Huehuetenango, a pesar de que los responsables de su destrucción en los años anteriores continúan impunes y siguen cometiendo constantes actos ilegales, escondiéndose bajo aparentes causas sociales, ambientales y de los pueblos indígenas….”
Al hablar de esta forma sobre la destrucción del CAJ y de sus responsables, la mesa de diálogo incurrió en dos problemas.
Los hechos ocurridos en esa aciaga noche fueron juzgados con ocasión del juicio llevado a cabo contra siete autoridades comunitarias en julio de 2016. Durante las dos semanas que duró la vista pública, en ningún momento se habló de “destrucción” ni de daños a ninguna de sus instalaciones.[15] A pesar de ello, este comunicado los da por hechos. Y no son los únicos: en las noticias referidas a esta misma reinauguración, el canal de televisión Guatevisión afirmó impunemente que “varios pobladores decidieron prender fuego a las instalaciones del Centro el 19 de enero del 2015”.[16]
Además, en la sentencia del juicio mencionado, la jueza Yasmin Barrios eximió de responsabilidad de los hechos ocurridos esa noche y absolvió a las autoridades comunitarias acusadas por parte de los trabajadores del CAJ. Incluso, al decirle, “Creo en su inocencia”, pidió perdón explícitamente a Rigoberto Juárez, uno de los acusados, por la forma en que se había actuado.[17]
Pero todo esto no ha sido obstáculo para que el comunicado emitido por la Mesa de Diálogo veladamente les impute unos hechos que además, no ocurrieron.
Me he detenido en estas noticias para mostrar cómo la Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán –donde está Andrés Santizo Gómez-, el Gobierno de la República, el grupo autodenominado 23 Comunidades del Norte, la Asociación 13 Democracia Consenso y Desarrollo –en la cual se integró Antonio Pérez Pascual- y la empresa Energía y Renovación, que son quienes firman el comunicado como integrantes de la Mesa de Diálogo por el Desarrollo y la Paz, no han dudado en pervertir impunemente la realidad, pasándose por alto una resolución judicial ya emitida, para desprestigiar y criminalizar –acusar de comportamientos criminales- a quienes se oponen a las actividades de la empresa firmante.
En este conjunto de instituciones con tan poco respeto a la verdad se insertan dos de los denominados “líderes” del Concejo de Ancianos que ha emitido un comunicado acusando a nuestro compañero Francisco Simón Francisco de acoso sexual. Ellos no lo mencionaron, pero como se vio, forman parte del entramado creado para defender los intereses de PDHSA – Energía y Renovación en la región.
Esta mesa de diálogo y las instancias que lo conforman es la “cara amable” de la estrategia de PDHSA – Energía y Renovación para su implantación en San Mateo y Yich Kissis en concreto, pero ese proceso tiene una cara no tan cívica.
Desde que la empresa buscó asentarse en el área, en 2009, la zona norte del municipio ha sido testigo de innumerables actos de violencia, tanto por parte de bandas armadas, como del destacamento militar que fue instalado en la misma propiedad de la empresa, y de la Policía Nacional Civil (PNC), que han sido documentadas por Prensa Comunitaria y otros medios.[18]
Entre esta violencia, es necesario mencionar la muerte de don Sebastián Alonso Juan, de 76 años, el día 17 de enero de 2017, cuando participaba en una concentración contra la empresa. Como presenció y documentó Francisco Simón en su calidad de periodista de Prensa Comunitaria, el disparo salió de donde estaba la seguridad de la empresa, pero no se ha puesto en marcha ningún proceso para buscar al responsable de esta ejecución extrajudicial. [19] Por eso insisto en el peligro que hay detrás de las acusaciones hechas contra nuestro compañero.
La candidatura de la UCN en San Mateo
El último eslabón que nos lleva desde PDHSA – Energía y Renovación a la agresión sufrida por nuestro compañero Francisco Simón Francisco pasa por las elecciones municipales desarrolladas en julio de este año en San Mateo Ixtatán.
Como hemos visto, el alcalde Andrés Alonso Pascual ha sido un aliado fundamental para PDHSA – Energía y Renovación desde 2013.[20] Para estas últimas elecciones hubo un relevo en la candidatura municipal en San Mateo: el eterno alcalde tránsfuga ya no se presentó; y lo hizo Andrés Santizo Gómez, que era (aún es) su síndico primero, uno de los citados como “líder” del Concejo de Ancianos. Siguiendo la tradición de movilidad política, el grupo vinculado a los intereses de PDHSA esta vez se presentó con la UCN, partido señalado ampliamente por sus vínculos con el narcotráfico en el que en esta ocasión se agrupaban quienes estaban alrededor de la estrategia de la mesa de diálogo.
La sede municipal del partido UCN está ubicada en las instalaciones de la gasolinera “Ixtateca”, propiedad de don Francisco Pablo Pérez, que en las elecciones de 2011 se postuló para alcalde por el PP [21] y es la tercera persona mencionada como “líder” en el comunicado del autodenominado Concejo de Ancianos, aunque ellos tampoco mencionan estos vínculos.
Esto es importante, porque en las elecciones realizadas el día 16 de junio, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la UCN liderada por Andrés Santizo obtuvo 4,648 votos frente a los 4,321 votos obtenidos por el partido Movimiento Winak. Algunas instancias locales y los seguidores de esta organización “denunciaron que existió la alteración de las actas electorales, también la perdida de urnas con papeletas sin ser contabilizadas y que existió fraude electoral para beneficiar con votos al partido UCN”.[22] A raíz de ello hubo un altercado y la junta electoral local renunció, por lo que el TSE suspendió la segunda vuelta de elección presidencial en el municipio, que en el comunicado es mencionado como “las graves agresiones físicas …provocado (sic) por el grupo violento al cual pertenece”.
La agresión a Francisco Simón Francisco
Todo lo que he contado hasta ahora no lo dice el comunicado emitido por el autodenominado Concejo de Ancianos del Pueblo Maya Chuj de San Mateo Ixtatán. Como tampoco dice que de la mencionada gasolinera “Ixtateca”, propiedad de don Francisco Pablo Pérez y sede municipal de la UCN, salió el trabajador que agredió a Francisco Simón Francisco. Además, según testigos, el mismo Francisco Pablo Pérez también intentó agredirle y él y su esposa enardecieron a los agresores. Estos testigos presentes y el mismo Francisco mencionan que Antonio Pascual y Andrés Santizo estaban presentes cuando ocurrieron los hechos.[23] Frente al supuesto acoso que se mencionó en el comunicado sin nombres ni más datos, en el comunicado y en las notas de Prensa Comunitaria, así como en las denuncias puestas ante la PDH y el MP se explica con todo lujo de detalles cómo fue esta agresión y quiénes participaron en ella.
Teniendo en cuenta los antecedentes y los vínculos mencionados de las personas que aparecen como “líderes” del Concejo de Ancianos, tendríamos elementos para caracterizar la agresión a Francisco como un caso de violencia electoral inserta en un contexto de conflicto socioambiental. Es decir, que Francisco Simón Francisco fue agredido dentro del ambiente producido por la denuncia de irregularidades electorales que se insertan dentro de todo el proceso de división, conflicto y violencia que se vive en San Mateo Ixtatán desde hace 10 años.
Por todo ello, sostengo que el documento del que venimos hablando y las acusaciones que contiene tienen una intención clara. Pese a que en él se dice que la agresión sufrida por Francisco “NO tiene ninguna relación política”, planteo que la agresión se debió a los textos escritos por Francisco Simón Francisco sobre el conflicto en San Mateo, y que el comunicado tiene la doble intención de exculpar a sus autores y abrir una vía de criminalización en contra de Francisco por este mismo papel como periodista comunitario.
Mantengámonos alerta.
Notas
[1] Este conflicto lleva prendido desde que en 2009 PDHSA llegó a Pojom pese a la negativa expresada en la consulta popular realizada ese año. Desde entonces se han registrado muertos, heridos, enfrentamientos y criminalización en esa área, recogidos en la mayoría de los medios corporativos e independientes. Al respecto, ver las tres partes del reportaje escrito por Francisco Simón que se citan en la nota siguiente, así como Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.
[2] Francisco ha publicado numerosos artículos –desde notas hasta reportajes- en Prensa Comunitaria desde que en 2014 empezara a colaborar con nosotros. La transformación del conflicto social sobre la construcción de hidroeléctricas,Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria, San Mateo Ixtatán: Pojom, la historia de una agresión – Segunda entrega, San Mateo Ixtatán: exigen la renuncia del acalde y cancelación de la Hidroeléctrica Pojom, San Mateo Ixtatán: Pojom, la historia de una agresión – Tercera entrega, Huehuetenango: ¿Por qué la hidroeléctrica quiere criminalizar la movilización Pacífica en San Mateo Ixtatán?, El discurso de “desarrollo humano” y la empresa Energía y Renovación, Energía y Renovación “víctima de violentos radicales” y la nueva estrategia de gobernabilidad sobre la Resistencia en Yichk´isis, Energía y Renovación: Una empresa hidroeléctrica depredadora, San Mateo Ixtatán: Don Sebastián Alonzo Juan mártir de la defensa de los ríos y Crónica del asesinato de Sebastián Alonzo Juan.
[3] Para quien esté interesado, Francisco trabajó en el Área de Migraciones del IDEI, avalado por la DIGI en el marco del programa Estudios para la Paz, como auxiliar de investigación en el proyecto“Proceso de reintegración de niños, niñas y adolescentes migrantes indígenas deportados a sus comunidades de origen” (Informe). De ahí también surgió el artículo “Fronteras amuralladas en tiempos de la globalización” publicada en Revista Ciencias Sociales y Humanidades, Vol. 4, núm. 1, DIGI USAC, 2017. En el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, Escuela de Ciencia Política de la USAC trabaja hasta la fecha como auxiliar de investigación en el Área de Estudios Sociológicos. Los resultados de la investigación “La identidad Maya en la juventud indígena de la Universidad de San Carlos de Guatemala” fureon publicados en la Revista Política y Sociedad, Núm 55, noviembre 2018. En diciembre de 2018 colaboró como Consultor Independiente en la consultoría “Operaciones de coyotaje y marketing en Guatemala”, Coordinado por el Dr. Alfonso Arrivillaga Cortés para DevTech Systems Inc. Además, escribe artículos de opinión en la Sección de IIPS Opina, sobre migraciones y pueblos indígenas, entre los que se destacan Las empresas extractivas y la vida de los pueblos indígenas, Migraciones guatemaltecas: entre la sobrevivencia y la movilidad social, Código de Migración: nuevo enfoque institucional y mecanismos de coordinación, A 16 años del censo: nuevo estudio del contexto guatemalteco, Migración: estrategia de sobrevivencia, Caravanas de migrantes… ¿nuevas formas de movilidad o estrategia de intervención?, Reveses migratorios de Donald Trump: balance de una gestión fallida y Ofensiva anti migratoria: geopolítica recargada y soberanía vulnerada.
[4] Respecto a este caso, ver Guatemala, Caso 118/2012: acoso y derribo a la justicia y Barillas: Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos quedan en libertad
[5] Respecto al tema de la criminalización, verCriminalización de la protesta social en México o Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Sobre su aplicación en Guatemala, se puede consultar Santa Cruz Barillas: los intereses detrás del Estado de Sitio, Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.
[6] En la sentencia del juicio contra siete autoridades comunitarias de Huehuetenango de juio de 2016, la juez Yassmin Barrios acusó a los operadores de justicia de Santa Eulalia de llevar a cabo una campaña de persecución sin datos contra ellos. Ver Creo en su inocencia.
[7] En Prensa Comunitaria hemos denunciado este papel de la prensa en diversas ocasiones. Norte de Huehuetenango. La defensa de la vida frente al poder del dinero y Barillas: la construcción del delito contra la Resistencia “Nuevo Amanecer”, o el texto que se menciona en la siguiente nota.
[8] El texto original del artículo “Huehuetenango, el ingobernable” ya no es accesible en la red. El análisis de este reportaje se puede leer en Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio.
[9] Comunicación personal Francisco Simón, 28 de agosto 2019. Seguramente esta función es una actualización a la dinámica electoral de una responsabilidad previa de los ancianos o principales (ver Los Chuj. Unidad y rupturas en su espacio, de Ruth Piedrasanta), que sería la de nombrar o proponer a la asamblea a las autoridades comunitarias.
[10] Sobre el papel de la división comunitaria entre las estrategias de despojo en Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Para el caso concreto de San Mateo, ver Pojom, la historia de una agresión: la llegada de la empresa, engañando y falseando.
[11] Ver de nuevo Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas, así como Guatemala: Rearticulación comunitaria en el contexto neoliberal
[12] Ver nuevamente Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas y Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio. Respecto al papel del discurso sobre el desarrollo en los mecanismos de imposición de las industrias extractivas, ver Territorios en disputa, Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina.
[13] Según el citado texto “13 Democracia, Consenso, Acuerdo…surge con el propósito de suplantar a las autoridades comunitarias y organizaciones sociales, deslegitimarlas, para posicionarse como un único grupo de representación del pueblo chuj en San Mateo Ixtatán “ajeno” a la empresa”, mientras que “el grupo 23 Comunidades … en realidad son 23 personas a quienes la municipalidad les permite suplantar sellos comunitarios”
[14] Lo sucedido esa noche ha sido relatado en textos como Informe de Sucesos del Gobierno Plurinacional del Territorio Qánjob’al, asi como en el Comunicado de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ de Santa Eulalia, Huehuetenango” y en las notas de Prensa Comunitaria: Santa Eulalia: ¿Porque buscan censurar el trabajo de la radio comunitaria? y Santa Eulalia: En grave peligro personas del movimiento social . Han sido analizados en Huehuetenango ¿ingobernable? el papel de los medios en la criminalización de la lucha por el territorio.
[15] Sobre el juicio ver la cobertura de Prensa Comunitaria (https://comunitariapress.wordpress.com) entre el 5 y el 23 de julio de 2016. También ver “Presos políticos en Huehuetenango: cuando la dignidad interrumpe la injusticia”, CMI, 26 de julio 2016 y “Cuatro conclusiones de la sentencia de los líderes de Huehuetenango”, Plaza Pública, 11 agosto 2016.
[16] Ver Reabrirán Centro de Administración de Justicia que pobladores quemaron en Santa Eulalia, Huehuetenango
[17] Ver Tribunal Ordenó La Inmediata Libertad De Las Autoridades Comunitarias, así como el artículo Yo creo en su inocencia, de Marielos Monzón.
[18] Una fuente pueden ser los artículos de Francisco Simón Francisco mencionados en la nota 2.
[19] La Muerte Regresa A Yichkisis, San Mateo Ixtatán: Don Sebastián Alonzo Juan mártir de la defensa de los ríos., Crónica del asesinato de Sebastián Alonso Juan
[20] Para el comportamiento de este alcalde respecto a las hidroeléctricas, ver Pojom, la historia de una agresión: la llegada de la empresa, engañando y falseando. Incluso, durante el periodo en que él no gobernó el municipio, el alcalde Donato Santizo de la UNE puso en marcha una Comisión de Ecología y logró rebajar los niveles de tensión en el área.
[21] Ver laMemoria Electoral 2011, del TSE, página 503.
[22] TSE Suspende Las Elecciones En San Mateo Ixtatán. Ver también Despliegan Policía En San Mateo Ixtatán A Pesar Que El TSE Canceló Las Elecciones.
[23] Ver, de nuevo, Golpean A Periodista De Prensa Comunitaria E Investigador Social En San Mateo Ixtatán y Agresión A Periodista Francisco Simón Francisco En San Mateo Ixtatán