Por Prensa Comunitaria
Cuando Otto Pérez Molina llegó el 3 de septiembre a Barillas, anunció la apertura de una mesa de diálogo para este 19 de septiembre. Según el Presidente era para tratar temas relacionados con la implementación de las hidroeléctricas en Barillas y otros municipios del norte de Huehuetenango, para ello dieron el espacio para que diez representantes de las comunidades en resistencia pacífica participaran.
Según información de algunos representantes de este movimiento, les han cancelado esta fecha y la han trasladado para el día 20 de éste mismo mes. Sin embargo, la comunicación no ha sido oficial, ni les han dado detalles del lugar ni la hora.
Esto es una muestra de la indiferencia con que el gobierno trata y ve a los pueblos, pues en una “mesa de diálogo” las partes deben tener un papel más activo y reconocimiento como sujetos políticos. Esto incluye no sólo tener información concreta y a tiempo, sino saber también los detalles de los temas que se discutirán y participar de la elaboración de la agenda de discusión. En el caso de Barillas, desde el 2007 la población ha pedido a las autoridades ser escuchados en sus posiciones respecto del modelo de desarrollo y decisiones que han tomado frente a la agresión empresarial y pretensiones de saquear la naturaleza.
Hasta hoy todas estas peticiones y llamados no han sido atendidas, a pesar que han sido de manera pacífica y siguiendo todos los mecanismos establecidos por el sistema y la ley. Un ejemplo de ello es la misma Consulta Comunitaria realizada en ese año, y las cientos de actas, solicitudes, memoriales, denuncias, peticiones presentadas de diversas maneras a las autoridades y frente al Estado. El Estado simplemente ha hecho caso omiso.
La postura de los pueblos: la defensa de la vida y del agua
En un comunicado que dieron a conocer hoy en conferencia de prensa, las autoridades comunitarias, representantes de organizaciones locales de las cuatro regiones de Huehuetenango, del pueblo chuj, q´anjob´al, mam y ladino manifestaron:
“Nuestra profunda preocupación por la sistemática violación a nuestros derechos fundamentales, por la implementación de proyectos hidroeléctricos en nuestros territorios sin el consentimiento de nuestras comunidades, desconociendo los resultados de nuestras consultas comunitarias, que hemos ejercido desde el 2006. Los gobiernos de turno y las autoridades locales han sido cómplices de las empresas extranjeras, de la represión persecución legal e intimidación que han sufrido nuestras comunidades al autorizar ilícitamente licencias de hidroeléctricas, imponiendo a la fuerza la privatización de nuestros ríos. Es triste y vergonzoso cómo los gobiernos y sus instituciones se han constituido como operadores políticos de las empresas extranjeras al promover maliciosamente espacios de dialogo, dejando sin la participación de nuestras comunidades afectadas directamente.
Exigimos al gobierno de Otto Pérez Molina que cancele todas las licencias hidroeléctricas, minería y megaproyectos, así mismo respete nuestras formas propias de organización y decisión comunitaria, nuestro derecho a la libre determinación, nuestro derecho al territorio, nuestro derecho al desarrollo propio como pueblos originarios, derechos reconocidos en leyes nacionales como internacionales.
Los pueblos no vamos a aceptar ningún tipo de negociación o diálogo promovido por el gobierno, orquestado con las empresas extranjeras, que sólo vienen a manipular y a confundir a la población pero sobre todo, que no concuerdan con la posición y decisión de nuestros pueblos.”
Esta conferencia de prensa también se hizo en solidaridad con San Mateo Ixtatán, municipio en donde el gobierno recién autorizó el proyecto para instalar la hidroeléctrica San Andrés que explotará los ríos Primavera, Varsovia y Palmira. Fue realizada y convocada por una delegación de representantes de comunidades de Barillas y de San Mateo Ixtatán, la Asamblea de pueblos de Huehuetenango por la defensa del territorio – ADH y Consejo de Pueblos de Occidente y Norte, así como representantes de los cuatro regiones de Huehuetenango: centro, norte, huista y mam.
La postura estatal: la imposición de proyectos hidroeléctricos
El presidente Otto Pérez Molina llegó a Barillas acompañado de algunos funcionarios públicos [1] el tres de septiembre, a tratar de abrir una mesa de diálogo a espaldas de la población y a puertas cerradas. El objetivo era “tratar asuntos sobre la hidroeléctrica” solamente con algunas personas ajenas al movimiento organizado de Barillas, en Resistencia pacífica.
Pero las más de 5 mil personas que se encontraban concentradas en el parque central de Barillas, obligaron al Presidente a cambiar los planes.
Una líder comunitario dijo: “Es muy importante que las autoridades, tomen en cuenta al pueblo, en resolver el problema para que no haya mas conflictividad, se logró que el presidente se dirigiera al pueblo. La reunión iba a ser a puerta cerrada, la sociedad civil intervino para que se realizara públicamente. Para que se le dé la información al pueblo, lo importante que la gente manifestó su inconformidad. Este problema ha generado mucha conflictividad[2] ”
La gente se quedó esperando más información y respuestas de cómo se iba a resolver la conflictividad en ese municipio causada por la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz. Sin embargo el Presidente no salió a responderle al pueblo como se esperaba, y se fue en un helicóptero sin más.
Lo que salió de esta reunion, según palabras del mismo Presidente a los medios de comunicación es que el 19 de septiembre se llevaría a cabo iniciaría una “mesa de diálogo” en donde invitarían a la empresa Hidro Santa Cruz y estarían como testigos de honor, el obispo Alvaro Ramazzini y el procurador de derechos humanos Jorge De León Duque.
También informó que esta mesa de diálogo se ampliará a otros municipios en donde hay interés de las empresas en construir hidroeléctricas, como Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Soloma. Uno de los representantes de la sociedad civil anunció que fue el mismo Presidente quien pidió al alcalde que organice a los COCODES y que se sumen 10 representantes de la sociedad civil para que vayan a hablar con él.
Un tribunal que no resuelve un crimen y sí resuelve sobre una “mesa de diálogo”
Andrés Pedro Miguel fue asesinado el 1 de mayo 2012 en lugar conocido como Poza Verde por impactos de bala. Pablo Antonio Pablo Pablo y Estebán Bernabé Mateo resultaron gravemente heridos, logrando escapar con vida del atentado armado.
La “justicia” dio un grave revés a las comunidades, al pueblo maya Q’anjob’al y el resto de la población de Barillas que se encuentra en oposición y resistencia pacífica frente a la imposición de una hidroeléctrica de la empresa española Ecoener Hidralia Enegía – Hidro Santa Cruz, por considerarla nociva para la vida misma.
El Tribunal A de Mayor Riesgo presidido por la jueza Patricia Bustamante, resolvió el día miércoles 11 de septiembre, contrario a lo esperado, que los dos acusados de estos hechos, Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares no tuvieron responsabilidad en el asesinato de Andrés Pedro Miguel y les absuelve.
Este Tribunal no resuelve este crimen y su vinculación con la empresa hidroeléctrica pero si ordenó instituir una “mesa de diálogo en Barillas y que debía ser “entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres lideres comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica en el lugar atendiendo la diversidad y necesidades culturales de la región fijándoles como plazo de tres meses.“
Hay dos proyectos en disputa y en conflicto. Por un lado el proyecto que defiende la vida, el agua, la tierra y un modelo de desarrollo que implica el respeto y conservación de la vida. por el otro, el proyecto del poder, que beneficia a empresas nacionales y transnacionales para que países del norte salgan de sus crisis, un proyecto que sólo está en función de la acumulación de la riqueza en detrimento de la vida misma.
Estamos en un momento muy grave en el que está en juego el futuro de toda la humanidad, en este caso del país, la apuesta del gobierno y autoridades está clara. Son los pueblos indígenas principalmente, pero también mestizos quienes están poniendo el cuerpo y la vida para defender la vida y el futuro.
[1] Ministerio de Energía y Minas, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, el obispo de Huehuetenango Alvaro Ramazzini y Jorge De León Duque de la Procuraduría de Derechos Humanos- PDH. También estaba el Consejo Municipal de Barillas, el Juez de Paz Anthony Pivaral y el secretario del juzgado, el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, alcaldes del norte de Huehuetenango y representantes de Ixcán.
[2] Entrevista de miembro de Sociedad Civil hecha por la Radio Santa Cruz.
