El expresidente ha sido cuestionado por la corrupción registrada ante el mal manejo para enfrentar la COVID-19 entre ellos la deficiente cobertura de pruebas para detectar el coronavirus, la adquisición y administración de vacunas y el mal estado de los hospitales para atender la emergencia que puso en juego la vida de miles de guatemaltecos.
Por Isela Espinoza
El 3 de abril de 2021, un año después de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en Guatemala, personas mayores de 70 años y sus acompañantes se aglomeraron en los centros de vacunación en busca de una dosis anticipada para combatir el coronavirus.
El proceso de vacunación fue lento y la adquisición de las dosis estuvo empañada por inconsistencias en las negociaciones. Mientras el país enfrentaba la etapa más dura de la pandemia, el gobierno de Alejandro Giammattei apenas desarrollaba la primera fase de inmunización a personal de salud y de primera línea de atención del coronavirus. En ese abril, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registró la muerte de 6,875 personas y 195,036 contagios, aunque cifras de organizaciones externas documentaban más fallecidos y casos.
Los reportes de prensa registraron las largas filas de adultos mayores en busca de la vacuna luego que la ministra de Salud, Amelia Flores, anunció que la fase dos del plan de vacunación comenzaría el 5 de abril. Algunos, incluso, acamparon fuera de los centros de vacunación y ante el caos y la demanda las dosis se agotaron también para el personal médico, trabajadores de funerarias y demás personas involucradas en el tratamiento directo de la pandemia.
En medio de la crisis, Giammattei adquiría la vacuna Sputnik V a través de un intermediario. “Nos vacunaron, pero no de Covid”, se leía el 2 de mayo de 2021 en una publicación de elPeriódico, que detallaba que la compra de 500 mil dosis de la vacuna rusa con un pago inicial de Q614.5 millones había sido realizado desde el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
“Por cada una de las 16 millones de dosis de la vacuna, supuestamente había una comisión de 15 dolarucos. El desembolso corresponde a la mitad de la adquisición. Sin embargo, un error de novatos hizo que enviaran el pago a un bróker, quien lo recibió y ya no contesta”, se leía en la sección elPeladero. Agregaba que la estafa “tendría paniqueados” a Giammattei y Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, por lo que sus asesores les sugirieron que realizaran un simulacro de entrega de las vacunas.
El 3 de mayo una nota periodística del desaparecido medio de comunicación escrito, divulgó el contrato y más detalles. La negociación la realizó el Ministerio de Salud con la empresa Human Vaccine, una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC), como intermediaria para la compra de 8 millones de tratamientos que daban un total de 16 millones de dosis. El precio por tratamiento fue de US$19.90 y de cada dosis US$9.95, según el contrato.
Human Vaccine era una empresa nueva y su salto al mercado global empezó en 2020, cuando Rusia anunció la efectividad de la Sputnik V para evitar el contagio de la COVID-19. “La intermediaria es manejada por el centro corporativo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) el cual es descrito en su sitio web como un fondo soberano de inversión que cuenta con capital estatal ruso y que fue inscrita sin empleados declarados, ni antecedentes comerciales”, se lee en la nota de elPeriódico.
El contrato fue firmado por el representante y director ejecutivo de Human Vaccine, Alexander Chistyakov, y la exministra Amelia Flores. Sin embargo, el nombre de Chistyakov no aparecía entre los directivos de ese “fondo soberano de inversión” ruso.
El gobierno negó que la adquisición se realizara a través de un intermediario y aseguró que las negociaciones se hicieron directamente, el 29 de abril, con el presidente ruso, Vladimir Putin, y que Giammattei había solicitado una intervención para agilizar la entrega de las vacunas. Pero el Gobierno ruso publicó el listado de países en espera de la Sputnik V y Guatemala no figuraba. La embajada rusa en Guatemala guardó silencio ante la polémica.
La Sputnik V fue desarrollada y fabricada por una entidad pública rusa que se dedica a la investigación sobre avances en la medicina. Pero científicos de Estados Unidos, Italia, Francia, Holanda y Rusia cuestionaron los “reportes deficientes” en ensayos de fase 3 de la vacuna. Sus creadores defendieron la efectividad de la vacuna rusa con una sola dosis.
El decreto 1-2021 establece que la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 tanto por el MSPAS como por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debía ser directamente con el fabricante y no con una empresa intermediaria como sucedió en el caso Sputnik V.
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Constantes incumplimientos
La polémica aumentó cuando Human Vaccine incurrió en constantes retrasos e incumplimientos y entrega de las dosis. La primera fecha fue pactada para el lunes 26 de abril de 2021 luego de que el Ministerio de Salud desembolsara Q614.5 millones (US$79 millones 600 mil) como anticipo del 50% del costo total (Q1.2 millardos).
Según Flores, la Sputnik V vendría al país el fin de semana del 1 y 2 de mayo. Tampoco ocurrió. “Pese al incumplimiento, Humman Vaccine no tiene ninguna responsabilidad. En el inciso 2.4 del contrato, las dos partes acordaron que el vendedor de la vacuna no tendría ningún retraso de la entrega del producto. Esto se encuentra condicionado a que las causas del retraso deben ser por la interrupción de producción, falta de productos por los bajos niveles de producción”, señaló elPeriódico. Este inciso despojó al vendedor de cualquier responsabilidad.
Además, en el contrato se fijó que en el caso que el Ministerio de Salud quisiera reclamar a la entidad una indemnización, solo podía exigir 100 mil dólares de los Q614 millones pagados.
El 5 de mayo de 2021, el gobierno de Giammattei recibió un lote de 50 mil dosis, el 0.3% de las vacunas adquiridas. Durante la pandemia, el expresidente también se enfrentó a denuncias de más pruebas de COVID-19 que no se utilizaron y vencieron como en el caso del Hospital de Escuintla en donde de 4 mil caducaron.
El vicepresidente en ese entonces, Guillermo Castillo, hizo un llamado a Giammattei y al Consejo de ministros a “reaccionar” ante la crisis. “Nada es para siempre. La factura llegará tarde o temprano”, escribió Castillo en redes sociales. Siete días después, señaló nepotismo y opacidad en la compra de las vacunas y pidió a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público agilizar las investigaciones y denuncias contra los funcionarios involucrados.
El 22 de junio de 2021, durante una citación en el Congreso, Flores indicó que “afortunadamente” solo se pagaron Q614.5 millones y que analizaban renegociar el contrato con Rusia. Pero ya no hablaría de fechas de entrega “ni cuántas vienen”.
Cifras del Ministerio de Salud, señalan que 20,272 guatemaltecos murieron por la COVID-19 debido a la falta de vacunas y hospitales en condiciones adecuadas para atender a los afectados por la pandemia. Aunque el 21 de mayo de 2021, admitió que cinco de cada 10 casos no se registraban en el sistema debido a que las personas eran asintomáticas y no acudían a los centros de salud.
El centro de pensamiento Laboratorio de Datos estima en un reporte que, hasta octubre de 2023, se contabilizaron más de 80 mil muertes por el coronavirus. El portal Our World in Data estima entre 46 a 62 mil fallecidos.
EL Laboratorio de Datos agregó que 7.78 millones de dosis de vacunas Sputnik V, AstraZeneca y de Moderna vencieron en el país por un valor estimado de Q505 millones. Guatemala es el país con menos personas vacunadas contra la COVID-19 en Centroamérica. Actualmente, menos de la mitad de la población (47.7%, alrededor de 7.1 millones de habitantes) ha completado el esquema de vacunación, según datos del gobierno.
Las cifras del Ministerio de Salud señalan que el país recibió de Rusia 20 embarques de primera y segunda dosis de Sputnik-V, entre mayo y diciembre de 2021. Este jueves, el comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo, dijo que en total se recibieron de forma tardía 8 millones 300 mil dosis, de las cuales se suministraron un poco más de 3 millones y 5 millones se vencieron, es decir 6 de cada 10 dosis que se compraron no se administraron a la población.
Las donaciones de vacunas contra la COVID-19 llegaron de 10 países, que alcanzaron 12,878,620 de dosis con un monto estimado de Q396,451,028. Mientras, las vacunas que compró el gobierno de Giammattei a través del mecanismo COVAX y compras directas sumaron 15,516,440 dosis que pudieron haber alcanzado para vacunar al 81% de la población.
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Investigación del caso Sputnik V
El 7 de mayo de 2021, el Ministerio Público (MP) anunció que iniciaría una investigación por la compra de las vacunas Sputnik V. Sin embargo, casi tres años después los avances han sido escasos. El caso se encuentra en el Juzgado Cuatro de Primera Instancia Penal. En diciembre de 2022, el Ministerio de Salud aseguró que las dosis no han sido destruidas y que se encuentran resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos a solicitud del MP.
Y ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo también se sumó a las denuncias.
El jueves 4 de abril, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y el ministro de Salud, Óscar Cordón, presentaron una denuncia en contra de la exministra Amelia Flores, por considerar que pudo haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos al firmar el contrato de compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V.
Sin embargo, en la querella no se incluyó al excanciller Pedro Brolo, quien según publicaciones de medios viajó a Rusia, en junio de 2021, para tratar el tema de la compra de las vacunas ni a Miguel Martínez, a pesar de haber sido sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por el gobierno de Estados Unidos por recibir pagos irregulares para “facilitar la compra de vacunas Sputnitk”.
De acuerdo con EEUU, “en 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco”.
Saavedra dijo que la participación de Brolo tiene que ser determinada por el MP, así como la de otras personas. Sin embargo, el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción (FECI), Juan Francisco Sandoval, consideró que la denuncia presentada por los funcionarios de Arévalo también debió incluir a exfuncionarios involucrados.
La exministra Flores ya había sido denunciada, en 2021, por la Contraloría General de Cuentas (CGC), diputados también habían denunciado a otros funcionarios por esta compra, entre ellos Brolo; Giammattei; al exprocurador Jorge Luis Donado Vivar; el ministro de Finanzas, Álvaro Ricci; y el embajador de Guatemala en Rusia, Gustavo Adolfo López Calderón.
Las irregularidades encontradas por la PGN
Este viernes, Saavedra dijo que el Estado de Guatemala no está obligado a “pagar por las ilegalidades” derivadas de las irregularidades en el contrato de las vacunas Sputnik. Según declaró en una entrevista radial, el contrato venció el 30 de marzo de este año y que la cláusula de confidencialidad ya no es válida por lo que informaron sobre las ilegalidades encontradas.
Estas son las 11 irregularidades encontradas:
- El decreto 1-2021 determina que las vacunas debían comprarse de manera directa con el fabricante. Pero esta acción se concretó con una tercera parte, la empresa Human Vaccine LLC. Por lo tanto fue ilegal suscribir el contrato con una entidad que no era la productora.
- No se corroboró la legalidad de la representación de la empresa ni quién firmó por parte de Human Vaccine. Se tomó por válido un documento que requería una revisión jurídica.
- Fue ilegal firmar un contrato en inglés sin que estuviera en simultáneo un contrato en español.
- No se negociaron condiciones favorables para el Estado de entrega de las vacunas. Se aceptaron sin revisión a pesar de que el mercado disponía de otros productos para combatir la COVID-19.
- Fue ilegal negociar regalías para la empresa Human Vaccine. No es jurídico ya que el decreto 1-2021 establece que debían cumplirse mecanismos de auditoría social y publicidad. De forma anticipada se pagó Q6,196,105 por regalías. “Se pagó por algo que el Estado nunca recibió”, dijo Saavedra.
- Se negociaron sanciones de incumplimiento dañinas para el Estado. En el caso que el Ministerio de Salud quisiera reclamar un incumplimiento del contrato de Q614.5 millones, solo podía exigir una indemnización máxima de US$100 mil.
- No se respetó la jerarquía normativa ni el principio de legalidad superponiendo el contrato a la Constitución de la República de Guatemala y al decreto 1-2021. El contrato incluye una cláusula que somete a las partes a la jurisdicción de un tribunal de arbitraje en Singapur para dirimir cualquier controversia derivada del contrato.
- No se respetaron los preceptos legales al someter el contrato a arbitraje. Es decir, en el decreto 8-2021, posterior al contrato, se establece que todas las controversias relacionadas al incumplimiento del contrato fueran sometidas a la jurisdicción arbitraria internacional.
- El contrato incluye una cláusula de confidencialidad sin justificar el motivo. Una disposición ilegal para mantener en la opacidad las ilegalidades del contrato, afirmó Saavedra.
- No se sabe en qué país firmó el supuesto representante de Human Vaccine ni la contraparte.
- En el acuerdo complementario, se sometió al Estado a aceptar una vacuna no certificada por organismos internacionales.
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