Más de 400 personas fueron desalojadas en 2017 del territorio de Laguna Larga y se desplazaron a vivir a un área ubicada en las fronteras entre Guatemala y México. Ahora, siete años después exigen una reparación digna de parte del gobierno guatemalteco que no ha respondido desde entonces y del que únicamente han recibido promesas.
Por Shirlie Rodríguez
Representantes de los habitantes de la comunidad de Laguna Larga que estaba ubicada en San Andrés, Petén, la cual fue desalojada y quemada el 3 de junio de 2017, solicitaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumplan las medidas cautelares que se dieron a favor de las personas a quienes violaron derechos como el acceso a una vivienda digna, a la salud y a la vida.
Constantino Vásquez Súchite, representante de los pobladores de Laguna Larga, expuso que actualmente no tienen una casa para habitar, tampoco tienen acceso a alimentos, educación o salud.
Explicó que el 2017 fue mortal para muchas familias de la comunidad. Además, la falta de atención médica llevó a que perdieran a familiares. Hasta ahora permanecen viviendo en una línea fronteriza entre México y Guatemala, cercana a la que era su comunidad en Laguna Larga.
Vásquez Súchite solicitó que el Estado de Guatemala repare a las personas que fueron retiradas del lugar. Además, desde hace siete años exigen una investigación para determinar quiénes son los autores de este desalojo, sin embargo, tampoco han recibido una respuesta.
Ese 2 de junio de 2017, los líderes comunitarios de esta aldea recibieron información de que serían desalojados. Por lo tanto, tomaron la estrategia de trasladarse hacia la línea divisoria entre los dos países, lugar de donde no los podrían desalojar.
Esa noche las más de 400 personas sacaron sus pertenencias del lugar para evitar que las fuerzas armadas se las arrebataran. Al siguiente día llegaron más de mil policías y 400 soldados a quemar el área.
Constantino Vásquez de 79 años contó que ahora ese terreno está siendo utilizado por ganaderos y por lo tanto quieren que el gobierno intervenga para recuperar su territorio.
Narró que desde hace siete años las personas viven en champas improvisadas con nylon, no tienen acceso a agua y son escasos los alimentos, por lo tanto, exigen la atención inmediata.
“Hay niños muertos de hambre, llora sangre. Hemos solicitado en varias reuniones que este caso ya se plantee como una medida provisional y no cautela porque el Estado no va a reaccionar si no hay una presión coercitiva”, dijo Juan Castro representante legal de Laguna Larga.
El abogado también exigió que las personas sean reubicadas en un lugar que dignifique a las familias.
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Las peticiones y el compromiso
Abogados de la comunidad indicaron que hay una deuda pendiente con respecto a la vivienda, porque las personas desde entonces no cuentan con casas dignas para vivir.
Solicitaron que el gobierno también atienda la necesidad de detener los desalojos violentos que hacen en contra de las comunidades indígenas, a pesar de que hay recursos legales y protocolos, no se cumplen y violan los derechos humanos de la población al usar la fuerza excesiva.
Oswaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), reconoció que existe este problema y las necesidades que no fueron cubiertas por el gobierno anterior, por lo tanto, se comprometió a dar seguimiento y atender el caso en conjunto con otras instituciones gubernamentales. Comentó que iniciarán reuniones en el mes de marzo para lograr implementar acciones en abril.
Samayoa agregó que el presidente Bernardo Arévalo se comprometió a no violar los derechos humanos, por esta razón atenderán este tema.
Los representantes de la comunidad remarcaron que, a pesar de estas promesas, con el nuevo gobierno se han reportado desalojos y persecución a pueblos indígenas.
“El hambre sigue existiendo, hay que apurarse con estas cosas. Yo sé que es difícil mover las estructuras de un Estado tan demorado y con tantas deudas pendientes que ustedes están asumiendo como nuevo gobierno, pero es la responsabilidad que tienen. El agua debe llegar rápido, la comida debe llegar rápido y en buen estado”, afirmó Andrea Pochak, relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes en un llamado que hizo a los representantes del gobierno de Guatemala durante la sesión.
En septiembre de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores desplazados por la situación de gravedad en la que se encontraban. “Hay una serie de factores de riesgo que incluyen falta de agua potable, energía y servicios básicos, lo cual ha repercutido en condiciones altamente insalubres”, dictaba el documento.
Hasta ahora las más de 100 familias exigen tener una respuesta del gobierno y con la nueva administración esperan obtener soluciones.
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