Una hoja de ruta para darle seguimiento al caso y mejorar la entrega de alimentos a 14 comunidades desalojadas en Panzós en 2011 es uno de los puntos que planteó el Estado para darle solución al caso expuesto ante la CIDH. Sin embargo, las partes deben analizar la propuesta del “acuerdo de solución amistoso” en dos semanas.
Por Isela Espinoza
Alrededor de 800 familias Q’eqchi’ sufren las consecuencias del desplazamiento forzado y la pérdida de sus propiedades tras ser desalojadas de forma violenta entre el 15 y 23 marzo de 2011 por el Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los hechos ocurrieron en el municipio de Panzós ubicado en el Valle de Polochic, Alta Verapaz. Trece años después, el Estado se mostró en “total disposición” para resolver el caso a través de un “acuerdo amistoso”.
Este lunes 26 de febrero, representantes de las 14 comunidades indígenas desalojadas y del Gobierno de Guatemala fueron escuchados durante la primera audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) correspondiente a su 189º. Período de Sesiones con el objetivo de profundizar sobre la situación actual de los pobladores, afirmó Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.
Los peticionarios del caso expusieron que el desalojo, de 2011, es la expresión más recientes de un patrón de despojo de tierras hacia el pueblo Q’eqchi’ por medio de violencia, negación de acceso a la justicia y fraudes en el registro de propiedad que no han sido resueltos.
Juan Castro, abogado del Bufete para Pueblos Indígenas y representante de las víctimas, explicó que el Valle del Polochic fue dado en una concesión en 1888, que abarca varios municipios de los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz e Izabal. Este tiene aproximadamente 67 mil hectáreas de tierra (1500 caballerías) dadas a una entidad llamada Ferrocarriles de Centroamérica al Pacífico.
“Es importante este precedente porque esa concesión no fue un regalo que se le haya dado a esta entidad. Fue escrita como la finca 83 folio 197 al libro 8 de Alta Verapaz. En las investigaciones que hemos realizado esta finca no se habían hecho desmembraciones hasta los años 80. Cuando sucede la guerra interna, muchas de las comunidades que se asentaban históricamente en estas tierras fueron desplazadas por la guerra y durante estos años se aprovechó para realizar desmembraciones de la finca. Entonces, empieza a privatizarse y después resultaron siendo invasores quienes históricamente habían habitado y trabajado estas tierras”, comentó Castro.
El abogado dijo que, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, los Q’eqchi’ y otros pueblos originarios regresaron a estas tierras. Sin embargo, actualmente las comunidades son criminalizadas y acusadas de usurpadoras. Además, actualmente los propietarios de estas tierras siembran el monocultivo de la palma aceitera que utilizan la justicia para perseguir a estas personas que habitan el territorio.
2️⃣🧶Abogado del Bufete para Pueblos Indígenas: "Las comunidades son acusadas de usurpar tierras que siempre fue de ellas"
Juan Castro explicó que tras la firma de los Acuerdos de Paz las comunidades del Valle del Polochic retornaron a sus tierras pero ahora son criminalizadas.… pic.twitter.com/PiE57RfN0V
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 26, 2024
“Lo que sabemos en este momento es que también los límites y linderos de la parte norte fueron corridos al menos dos kilómetros hacia arriba que daría a la montaña y que está cerca de la mina de explotación de níquel”, comentó. Según las investigaciones, la finca 83 fue desmembrada en tres partes una de ellas es la Finca Tinajas, que abarca el Valle del Polochic en donde se realizan los desalojos.
El abogado de las víctimas señaló que en el ámbito civil esa concesión no pudo haber sido una adjudicación por lo que las desmembraciones posteriores no tendrían validez y el Estado tendría que revisar “cómo es que estas tierras llegaron a manos privadas”.
En tanto, una antropóloga que reside en el área desde hace 20 años señaló que los Q’eqchi’ son originarios del Valle del Polochic según ejemplos arqueológicos y patrones de idiomas mayas. “El patrón de usar documentos legales para defraudar a comunidades Q’eqchi’ que no sabían leer para despojarlos de sus tierras empieza con la época de la conquista y la colonia”, señaló.
Por aparte, Rafael González, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), recordó que la raíz del problema es que los Gobiernos han dejado en pocas manos los territorios. También contó que, aunque durante la gestión de Otto Pérez Molina fueron entregadas dos fincas, no se cumplieron con compromisos técnicos como la construcción de caminos, escuelas, centros de salud, vivienda y agua potable. González agregó que, aunque estas fincas hayan sido concedidas a las comunidades algunas fueron dadas en terrenos inestables para sus cultivos en épocas de invierno. “Falta el acompañamiento técnico y económico para que las comunidades levanten sus cosechas lo que profundiza la pobreza y desnutrición”, argumentó.
“Acuerdo de solución amistoso”
Tras las intervenciones de los peticionarios, los representantes del Estado de Guatemala tomaron la palabra y enfatizaron que el pasado 7 de febrero, el presidente Bernardo Arévalo suscribió un compromiso con cinco organizaciones campesinas entre ellas: el CUC, Unión Verapaces de Organizaciones Campesinas, el Comité Campesino del Altiplano y la organización Nuevo Día, en el que reconoció la relevancia histórica de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones campesinas y contempladas en los Acuerdos de Paz, en el artículo 27 sobre la situación agraria y el desarrollo rural.
Según explicó ante la CIDH Julio Saavedra, procurador General de la Nación, el compromiso firmado por Arévalo abarca temas de: conflictividad agraria, acceso a tierras, economía campesina, desarrollo rural y comunicación permanente entre Gobierno y las organizaciones campesinas.
“En ese sentido, el Estado informa su total disposición para que el presente caso sea resuelto a través de un acuerdo de solución amistoso con el objeto de privilegiar la tutela preventiva y el desarrollo progresivo de los derechos humanos de los peticionarios”, afirmó Saavedra.
En tanto, Oswaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), dijo que el acuerdo amistoso tendrá seguimiento a través de la recientemente creada Subsecretaría de Diálogo y Gobernanza en coordinación de un concejo campesino integrado por las organizaciones que firmaron el compromiso a inicios de febrero.
Como primer paso del acuerdo amistoso, la COPADEH someterá el caso ante la subsecretaría para que en coordinación con el consejo directivo del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) “se generen todas las gestiones necesarias para la solución” del caso presentado ante la CIDH.
“La COPADEH se compromete a realizar estas coordinaciones, entre los meses de abril y mayo de este año, para que tanto la secretaría privada con la subsecretaría de diálogo y gobernanza y el concejo directivo de FONTIERRAS tengan conocimiento del caso y se pueda plantear una ruta de seguimiento”, dijo Samayoa.
Además, informó que el viceministerio de asistencia alimentaria acordó sustituir la entrega de Maseca por maíz con el objetivo de iniciar una política de asistencia alimentaria intercultural. Otro aspecto sería la creación de contenido audiovisual dirigido a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre los principios del uso de la fuerza en caso de su intervención.
Tras la exposición de las partes, los comisionados de la CIDH expresaron que el acuerdo amistoso debe incluir los compromisos concretos del Gobierno de Arévalo para las familias afectadas de Panzós en 2011, así como plantear una agenda conjunta y si el Estado reconocerá que las 14 comunidades desalojadas tenían una posesión ancestral del territorio ante las empresas mineras asentadas en el lugar y, de ser así, especificar qué extensión le corresponde a la población.
“La solución amistosa tiene que contemplar medidas concretas y medias de reparación de no repetición por eso teniendo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana, de mayo de 2023, sobre propiedad comunitaria indígena de Guatemala parece pertinente indagar sobre el estado de desarrollo de las medidas institucionales para evitar que casos como este sigan ocurriendo y la posibilidad de las comunidades de ejercer pacíficamente su propiedad colectiva mediante la titulación, demarcación y saneamiento”, indicó la comisionada Andrea Pochak, relatora para Guatemala.
Los representantes de las víctimas del desalojo violento en 2011 pidieron un tiempo para comunicar a los pobladores la propuesta del Estado. La CIDH dio un plazo de dos semanas a ambas partes para que puedan comunicar su respuesta y continuar con el seguimiento del caso.
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