Este miércoles el presidente podría reunirse con la fiscal general del Ministerio Público. Su papel en la judicialización del proceso electoral llevó a la población a pedir su renuncia junto a otros actores que atentaron contra la democracia. Según analistas, podría no presentarse, pero la presión de la población guatemalteca y de la comunidad internacional aumentará hasta aislarla.
Por Isela Espinoza
El encuentro entre el presidente, Bernardo Arévalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, es uno de los encuentros esperados por la población que desde el 2 de octubre exigió la renuncia de la funcionaria ante la judicialización del proceso electoral y por poner en peligro la democracia.
Analistas consultados por Prensa Comunitaria prevén que el escenario más probable es que ella no acuda a la cita. Sin embargo, abriría la puerta para iniciar su proceso de destitución o aumentar las presiones para que renuncie. Porras fue uno de los actores fundamentales de la crisis del año pasado. A pesar de los intentos del Ministerio Público (MP) para evitar la toma de posesión de Arévalo y Karin Herrera finalmente lo hicieron.
Ahora, la fiscal general se encuentra ante un nuevo escenario y sin su principal apoyo político, el expresidente Alejandro Giammattei, manifestó el politólogo Luis Fernando Mack.
El pasado viernes, Arévalo envío una carta a Porras para reunirse con ella este miércoles 24 de enero. El lunes informó que aún no recibía respuesta. “Yo creo que sí va a llegar mañana. Dejemos que sea ella la que llegue y si no llega, platicamos”, dijo el presidente este martes durante una conferencia de prensa junto a autoridades de la Alcaldía Indígena de Sololá.
La reunión será privada con el objetivo de que ella brinde un informe sobre cuatro temas centrales: el avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDEH), los criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa, la investigación sobre la compra de vacunas COVID-19 y el protocolo de actuación ante medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el analista José Alfredo Calderón, Porras podría no asistir a la reunión y “atrincherarse en el Ministerio Público a partir de la autonomía de esta institución”.
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Consuelo Porras no ha respondido al presidente Arévalo la solicitud de reunión
El silencio de la fiscal
En los días previos a la toma de posesión, la fiscal general no se pronunció al respecto. Y ha preferido guardar silencio ante la carta del presidente. Arévalo calificó como “absurdo pensar que el principio de separación de poderes impide que un funcionario público venga y explique lo que está haciendo en el cargo a un jefe de gobierno”.
El analista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín recordó que la fiscal general acudía con frecuencia a la Casa Presidencial a visitar a Giammattei. Antes de las movilizaciones en defensa de la democracia, el expresidente también iba a la sede central del MP.
Además, durante el gobierno de Jimmy Morales (2016- 2020) Porras también se reunían periódicamente. “Ahora reclama independencia y es una ofensa que se reúna con el presidente Arévalo después de muestras de subordinación”, recalcó Marroquín.
De concretarse la cita, Arévalo podría atender una de las principales demandas de la población que se movilizó en defensa de la democracia: pedir la renuncia de la jefa del MP.
La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla la remoción del fiscal general por parte del presidente por “una causa debidamente justificada”. En una reforma de 2016, el Congreso modificó el artículo 14 sobre la remoción al señalar que “la causa debidamente justificada” se refería a la comisión de un delito en el ejercicio del cargo siempre que “se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo”.
En ese sentido, aunque el presidente no puede destituir o remover a Porras, sí puede pedirle o sugerirle que renuncie. Para Mack estas reformas dan lugar a interpretaciones legales y jurídicas en cuanto a si el presidente puede citar a la fiscal.
En este contexto, aunque a largo plazo puede ser contraproducente y también tendría un costo para la independencia judicial, es entendible que se busque remover a Porras después de su papel, avalado por las cortes, de atentar contra la democracia, dijo Mack. “La independencia judicial no se puede utilizar como un arma en contra de la democracia y en contra de la población guatemalteca”, agregó.
Para el politólogo en el corto plazo sí aplicaría la remoción de la fiscal, ya sea por una reforma a la Ley Orgánica del MP, o incluso por el informe que el presidente le solicitó sobre su gestión. “Eso probablemente lleve a acciones disciplinarias o legales que pudiera llevar a la destitución de la fiscal, pero no es sencillo”, comentó Mack.
#AdiósConsuelo 👋 Las firmas para que el presidente Arévalo pida la renuncia de Consuelo Porras siguen aumentando
Estas serán entregadas a la Secretaría General de la Presidencia.
📅Miércoles 24 de enero
⏰ 9:00 AM
📌Plaza de la Constitución pic.twitter.com/Hkf2H9Cwmj— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 23, 2024
Los escenarios
Tanto Calderón como Mack coinciden en que la fiscal general no acudirá a la reunión ya que podría exponerse a “algún tipo de regaño” por su gestión. Pero su ausencia también aumentaría el rechazo de la población hacia Porras y la presión de la comunidad internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por otro lado, Calderón mencionó que Porras ha sido operadora política de los intereses de las élites oligárquicas y el otro escenario que se plantea es si estas la respaldarán.
“Le pasó al propio Otto Pérez Molina que, un año antes de ser destituido, había sido declarado el hombre del año por los empresarios y meses después se quedó a merced de lo que ya todos conocemos”, dijo Calderón en relación a las protestas del 2015 en contra de la corrupción del Gobierno de Pérez Molina que llevaron a su renuncia y a la de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
El analista también prevé que las acciones que tome Porras podrían aislarla. “La fiscal cada vez más se irá debilitando. Y aquí la pregunta que plantea es: ¿las élites le van a manifestar su total respaldo?”.
En tanto los pedidos para destituir a la fiscal continúan y, este martes, la alcaldía indígena ancestral maya Ixil de Nebaj, Chajul y Cotzal, de Quiché, lamentó que Porras y los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana continúen en sus cargos. Las autoridades indígenas a través de un comunicado los señalaron como los “principales operadores del Pacto de Corruptos que intentaron dar el Golpe de Estado Técnico en contra del binomio presidencial y diputados electos”.
Además, pidieron al presidente hacer uso del artículo 251 de la Constitución de la República para remover a la fiscal general. “Durante todo su mandato especialmente desde julio de 2023 ha realizado actos que justifican fundamentalmente la existencia de cantidad de causas que justifican su inmediata remoción”, se lee en el documento.
#AdiósConsuelo 👋 Autoridades indígenas de la región Ixil: "Notamos con indignación que aún sigue en su cargo la fiscal general Consuelo Porras, los agentes fiscales y el juez Fredy Orellana, que fueron operadores del Pacto de Corruptos"
Piden al presidente Arévalo que ejerce… pic.twitter.com/oz9QnPSUo1
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 23, 2024
