Tras el cambio de mando, en el nuevo contexto político, representantes del Parlamento Europeo, diplomáticos y el exprocurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, analizaron los desafíos a los que se enfrenta el país.
Por Isela Espinoza
El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (UE) abordó este miércoles 24 de enero el estado de la democracia en Guatemala tras la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
En la audiencia, los panelistas coincidieron en que el apoyo que recibió el pueblo guatemalteco por parte de la comunidad internacional “fue crucial para el triunfo de la democracia” en el país. Sin embargo, también expusieron algunos desafíos a los que se enfrenta el nuevo gobierno entre ellos la independencia de poderes, la criminalización y la atención a quienes partieron al exilio durante los últimos dos gobiernos.
Andrea Pochak, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, recordó que el proceso electoral estuvo marcado por “injerencias indebidas por parte del Ministerio Público (MP)” que pusieron de manifiesto el ejercicio de poder con fines políticos electorales y en riesgo el traspaso de mando hasta el 14 de enero. “El ejemplo más evidente fue el cuestionado retraso por parte del Congreso de la República para la toma de posesión”, comentó.
Pochak dijo que la CIDH ha adoptado medidas cautelares en favor de personas defensoras de los derechos humanos y operadores de justicia, así como a favor de Arévalo y Herrera. La diplomática citó una resolución de la CIDH en la que se emitieron recomendaciones para preservar el Estado de Derecho y los derechos humanos en Guatemala. Según dijo, estas aplican en la nueva coyuntura como una hoja de ruta para el actual Gobierno.
Entre las recomendaciones se encuentran: que el Gobierno garantice mecanismos para la rendición de cuentas de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, sin olvidar la independencia de la institución; garantizar el proceso de selección y nombramiento de operadores de justicia conforme a criterios con base a sus capacidades profesionales y libre de injerencias políticas; proteger la vida e integridad de las autoridades electas, defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos y sus autoridades indígenas ante la criminalización.
Mientras, Mika Kanervavuori, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Guatemala, se refirió al marco institucional como “el gran reto” del nuevo gobierno y aspectos del pasado que harán que la gobernanza siga siendo compleja.
Durante su intervención abordó la separación de poderes y señaló que durante los últimos dos gobiernos liderados por Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) se consolidó en manos del Ejecutivo la influencia en las decisiones del Congreso y del MP. “Además, existen alegaciones de que el sector privado, exfuncionarios militares y redes delictivas están teniendo influencia en la gobernanza del país. Pero es un aspecto que probablemente cambie en el nuevo gobierno”, dijo.
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Registro de persecuciones
Según el análisis de Mika Kanervavuori, la independencia del poder Judicial se redujo tras la decisión unilateral de Morales y Giammattei de no prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Además, de la prórroga de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Guatemala también se refirió a Porras y su negativa a asistir a una reunión con Arévalo, así como a los pedidos de su renuncia.
“En el 2022, la fiscal general fue reelecta con un procedimiento opaco y tráfico de influencias. Durante su mandato hay una serie de procesos penales infundados y acoso contra funcionarios de justicia”, dijo Mika. Según un sondeo que realiza la oficina de la ONU en Guatemala, entre 2021 y 2022 estas prácticas aumentaron más de un 70% y en el 2023 fue de 60%.
Además, tiene un registro de más de 40 exfuncionarios anticorrupción y defensores que han abandonado el país ante la criminalización y más de 300 guatemaltecos víctimas de intimidaciones y acoso con procesos penales infundados, esto representó un alza de 250% de los casos comparado en años anteriores.
“La oficina de la fiscalía general informó de 30 casos de los cuales el 70% fueron desestimados por no ser válidos”, agregó el diplomático. En el caso de la persecución contra la prensa independiente y periodistas, la oficina de la ONU registró 66 casos (100 individuos y 14 medios de comunicación) que denunciaron acoso e intimidación. En este sentido, Kanervavuori vio necesario que se implemente un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos y periodistas.
Los panelistas tienen expectativas que con el nuevo Congreso y Gobierno las políticas regresivas cambien. Aunque admitieron que no será fácil. Destacaron que el entorno cambió además de que el país cuenta con el apoyo de la comunidad internacional.
El exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también participó vía virtual ante el Parlamento Europeo. Durante su intervención reconoció la labor de las autoridades indígenas en defensa de la democracia. Entre los retos que visualiza se encuentra la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones, la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que ha sido utilizada como una herramienta para perseguir a los opositores, así como crear una política que le permita a los exiliados la posibilidad de volver al país.
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Rodas pidió a la comunidad internacional continuar acompañando a Guatemala en este nuevo Gobierno ya que existen sectores que buscan retroceder al modelo de Giammattei. “Arévalo estará asediado. Tenemos un Congreso plural eso implica que Semilla, pese a que la voluntad popular le dio 23 diputaciones, hay esfuerzos desde las propias cortes y del Organismo Judicial de sacarlo de la escena política lo cual dejaría un gobierno debilitado”, señaló el también excandidato a la vicepresidencia.
En cuanto a la permanencia de Porras como fiscal general también dijo que es una limitación para la reconstrucción del Estado de derecho.
Otra de las intervenciones fue la de Jordi Cañas, representante de la Misión de Electoral de la Unión Europea en Guatemala quien resumió los ataques a la democracia durante el proceso electoral del año pasado.
“La presencia de la comunidad internacional y del compromiso de los ciudadanos guatemaltecos fue clave para impedir que se produjera el golpe de Estado de facto y que el proceso democrático se descarrilada”, enfatizó.
Cañas recordó que los actores que han cooptado el Estado tenían el objetivo de que en las elecciones fuera electo un candidato que garantizara la continuidad a la impunidad. Sin embargo, a pesar de la exclusión de candidatos, el rechazo de la población por la clase política llevó a elegir a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. A partir de su triunfo en la primera y segunda vuelta, el “MP actuó de una forma descarada” para invalidar los resultados y despojar de su personalidad jurídica al partido Movimiento Semilla.
Para Cañas, el nuevo escenario político representa una oportunidad para el país. “El Gobierno de Arévalo se encontrará con resistencias internas muy notables porque son fruto de la cooptación voluntaria del Estado”.
El también diputado español pidió al Parlamento Europeo “estar atentos” a la situación de Guatemala y apostó porque el presidente sentará las bases para la transición a una democracia e instituciones fortalecidas. “Arévalo es un experto en resolución de conflictos y a pesar de las dificultades y riesgos tiene de su parte una sociedad civil que respeta la democracia y el respaldo de la comunidad internacional, que por primera vez ha hecho bien su trabajo, en una región que necesita referentes democráticos”, agregó Cañas.
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