Coralia Contreras, jueza suspendida del cargo, fue beneficiada con medidas sustitutivas dentro del caso Fugas del Sistema Penitenciario. En ese proceso se le acusa de autorizar órdenes de libertad falsificadas, estos documentos sirvieron para que reos, entre ellos, el narcotraficante Ramón Antonio Yáñez Ochoa, se fugara en 2016.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Apelaciones aceptó un recurso legal planteado por la defensa de la jueza suspendida del cargo Coralia Carmina Contreras Flores, y otorgó el beneficio de medidas sustitutivas por “razones humanitarias”.
Contreras Flores está procesada por los delitos de cooperación para la evasión y falsedad ideológica, en el caso denominado Fugas del Sistema Penitenciario. La libertad condicional le fue concedida pese a que los delitos no gozan de medidas sustitutivas.
Dichas medidas serán otorgadas por el Juzgado Octavo Penal, que deberá programar una audiencia y dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala. El Ministerio Público (MP) confirmó el fallo y aseguró que analizará la decisión a tomar en ese expediente.
La jueza suspendida del cargo estuvo prófuga de la justicia durante 11 meses. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) la vincula en una red que habría facilitado la fuga de privados de libertad a través de órdenes de libertad falsificadas. Este caso fue develado en 2019.
Según la FECI, la juzgadora emitió un oficio dirigido al Sistema Penitenciario (SP) informando que en resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se modificó una pena impuesta a favor de uno de los reos.
Tanto la orden de libertad y el oficio dirigido al SP, presentaban la misma firma por lo cual fueron sometidas a un peritaje grafotécnico, y se determinó que la firma era de la jueza Contreras Flores. “Tiene correspondencia grafotécnica con las atribuidas a la juzgadora, y que ella misma aportó en forma voluntaria”, indica el MP.
Juzgado negó las medidas
El 3 de octubre de este año, el Juzgado Octavo Penal llevó a cabo una audiencia en la que la jueza suspendida del cargo pidió ser beneficiada con la libertad condicional. Sin embargo, el juzgador no accedió a la petición de la sindicada y la mantuvo en prisión preventiva.
Ese fallo fue el impugnado por Contreras Flores, y que originó que la Sala analizara la situación de la procesada y considerara que, aunque dichos delitos no gozan de medidas, se le podía otorgar la libertad por “razones humanitarias”.
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Caso Fugas: Juzgado rechaza libertad condicional de la jueza Coralia Contreras
Firmó órdenes de libertad falsas
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, en 2019, develó una investigación de oficio, relacionada con la evasión del centro de detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien en octubre de 2016 fue condenado por el Tribunal de Sentencia Penal para proceso de Mayor Riesgo “C”, a 24 años de prisión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero y otros activos.
Al haber descubierto la fuga del narcotraficante en 2019, la FECI siguió la investigación y determinó que existían por lo menos seis personas más quienes se evadieron del centro de detención utilizando órdenes de libertad falsificadas.
Entre los fugados figuran Luis Alejandro Orozco Vargas, quien cumplía dos condenas, una de 12 años por comercio y almacenamiento del 5 de marzo de 2013 y la otra por 12 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, impuesta el 26 de septiembre de 2013. Ambas condenas estaban firmes. De acuerdo con el cómputo efectuado, a Orozco Vargas le correspondía recobrar su libertad el 17 de mayo de 2032.
Un trato diferenciado
Mientras acusados de corrupción o delitos contra los deberes de la humanidad, que no tienen derecho a medidas sustitutivas, son dejados en libertad por “razones humanitarias”, personas como la exfiscal Virginia Laparra, sigue en prisión desde el año 2022. Esto pese a diferentes solicitudes realizadas en audiencias y recursos legales en otras altas instancias judiciales.
Incluso la Cámara Penal de CSJ no ha querido entrar a conocer una audiencia en la que se solicita que se concedan medidas sustitutivas para la presa de conciencia. Actualmente la condena no está firme y solo permanece en prisión por el primer caso que el MP inició en su contra.
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