La jueza señalada de corrupción deberá continuar en prisión preventiva. A la togada suspendida del cargo se le señala de haber facilitado la fuga de privados de libertad cuando estaba a cargo de uno de los Juzgados de Ejecución Penal.
Por Alexander Valdéz
En el Juzgado Octavo Penal se llevó a cabo una audiencia en la que la jueza suspendida del cargo, Coralia Carmina Contreras, quien enfrenta proceso penal y prisión preventiva en el caso denominado Fugas del Sistema Penitenciario, pidió ser beneficiada con la libertad condicional.
Dicha solicitud fue rechazada por el juez, por lo que la acusada deberá continuar en la misma situación legal, es decir, guardando prisión preventiva hasta que se desarrollen las siguientes etapas del proceso penal.
Contreras está procesada por los delitos de falsedad ideológica y cooperación para la evasión. La jueza suspendida del cargo estuvo prófuga de la justicia durante 11 meses. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) la vincula en una red que habría facilitado la fuga de privados de libertad a través de órdenes de libertad falsificadas.
Según la FECI, la juzgadora emitió oficio dirigido al Sistema Penitenciario (SP) informando que en resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se modificó la pena impuesta. La orden de libertad y oficio dirigido al Sistema Penitenciario fueron objeto de peritaje grafotécnico, y se determinó que la firma atribuida a la abogada Contreras Flores, tienen correspondencia grafotécnica con las atribuidas a la juzgadora, y que ella misma aportó en forma voluntaria, apuntó el MP.
Órdenes de libertad fueron falsificadas
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, en 2019, develó una investigación de oficio, relacionada con la evasión del centro de detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien en el mes de octubre de 2016 fue condenado por el Tribunal de Sentencia Penal para proceso de Mayor Riesgo “C”, a 24 años de prisión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero y otros activos.
Al haber descubierto la fuga del narcotraficante, la FECI siguió la investigación y determinó que existían por lo menos seis personas más quienes se evadieron del centro de detención utilizando la misma modalidad.
Entre los fugados figuran Luis Alejandro Orozco Vargas, quien cumplía dos condenas, una de 12 años por comercio y almacenamiento del 5 de marzo de 2013 y la otra por 12 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, impuesta el 26 de septiembre de 2013. Ambas condenas estaban firmes. De acuerdo con el cómputo efectuado, a Orozco Vargas le correspondía recobrar su libertad el 17 de mayo de 2032.
