Por Miguel Ángel Sandoval
En unos días, el 29 de diciembre, se conmemora la firma de la paz en nuestro país. Y quizás por ello, vale la pena un pequeño recordatorio y recuento de lo mas relevante que nos legó para la sociedad el fin de ese largo periodo. Especialmente cuando en la actualidad, se habla de la recomposición de la institucionalidad de la paz, lo que corre parejo con la oficina encargada de los derechos humanos. Y la reconfiguración de esa institucionalidad, anima a unas pocas reflexiones sobre la agenda que se desprende del fin del conflicto armado en nuestro país.
Habría que agregar que, en el momento de replantear la institucionalidad de la paz, hace falta recursos financieros y, sobre todo, una nueva visión política del destino de esa institucionalidad. Si se limita a un gesto sería imperdonable, pues la función de esa institucionalidad corre parejo con el impulso de la agenda mínima que no ha visto una implementación en forma. El colmo de estos años fue la idea de convertir la paz en una rosa marchita, con cada aniversario en un patio del palacio nacional que hizo un monumento y varias actividades, pero sin contenido. Es como se dice, la paz convertida en un saludo a la bandera.
Los acuerdos firmados en 1996 luego de un largo, proceso tienen hoy una nueva oportunidad. Y la razón de ello es muy clara. Todas las reformas contenidas en esos acuerdos, con apoyo social y político de la sociedad guatemalteca, y un serio compromiso de la comunidad internacional, no vieron la luz, se quedaron en las gavetas. Acaso, en algún momento, con intentos, que poco a poco se desdibujaron y quedaron en eso, intentos. No son recuerdos de paz, son una urgencia nacional. Aunque es justo señalar que, durante estos años, el país fue sobre diagnosticado, pues a falta de políticas públicas claras y de impulso a esa agenda, el esfuerzo se desvió hacia la elaboración de diagnósticos.
A lo cual se agrega que las dos principales fuerzas políticas del fin del conflicto no existen más como actores de primer plano, subsisten, pero desfiguradas, sin posibilidad de animar una fase nueva de los compromisos políticos de 1996. Falta entonces un polo político que atraiga el esfuerzo contenido en esa agenda, que es mínima pero indispensable, con unos pocos ajustes en temas que no se visualizaron en su momento pero que ahora están en el centro de la mesa del debate nacional.
Si se retoman los principales, en especial el relativo a la urgencia de democratizar el país y sus instituciones, se concluye que se trata de compromisos de los principales problemas del país y los cuellos de botella que hace falta atacar para conseguir el desarrollo de Guatemala en democracia. Así de simple son las reformas que están contenidas en esos acuerdos, que, son de estado. Pero, además, son irrenunciables si se pretende impulsar el desarrollo nacional.
Una mirada rápida nos dice eso. Falta una profunda reforma educativa. No solo en aspectos técnicos, sino que de manera central en los contenidos educativos que son indispensables en un país multi cultural y multilingüe. Hubo intentos, pero no se hizo mayor cosa. Faltó la voluntad política para hacer de la reforma educativa unos de los ejes del desarrollo nacional. Hubo avances, pequeños, limitados, pero se perdieron esfuerzos en el intento, por falta de comprensión por parte de los diferentes gobiernos a lo largo de estos años. Se perdió el fondo por lo ritual.
Otro gran tema que se encuentra en la agenda del fin del conflicto es la urgente reforma en el sistema de salud. Es indispensable un sistema único de salud, apostar por lo preventivo, acercar la salud a los más desposeídos, y romper los monopolios de la medicina inalcanzable para las mayorías. Es un proceso, pero para el mismo la urgencia es la palabra de orden.
Otro caso es el de la justicia. Se vio con claridad que hacía falta reformas. Que si la carrera judicial o reformas de otra naturaleza, para hacer de la justicia una herramienta cualitativa del desarrollo democrático de un país. En este caso del nuestro. Hubo intentos de mejorar el tema con el aporte de la Cicig, y adelante con el intento de reformas constitucionales en el capítulo justicia. Sabemos que no fue posible y ahora se nota un retroceso en el desarrollo de la institucionalidad de la justicia. Habrá que trabajar mientras tanto, en temas acuciantes como la existencia de presos políticos por procesos amañados, y el paquete de funcionarios del MP o del OJ en el exilio. Hay una agenda cargada en ello. A lo que se puede agregar lo relativo a la jurisprudencia indígena. Que sabemos despierta todos los demonios.
Un lugar de importancia capital es el de la reforma política que en verdad es de urgencia nacional. Lo vimos en los meses recientes con las tribulaciones del proceso electoral y una ley y sus institucionalidades que requieren con urgencia reformas. Se hicieron esfuerzos desde el día siguiente de la firma de los acuerdos, y hay varios intentos qué se han quedado todos con pendientes. Es hoy una buena época para abordar este complicado tema, que con seguridad se encuentre en el centro de gravedad de la democracia guatemalteca.
Aunque la reforma política no se limita a la ley electoral. Hace falta revisar la institucionalidad del país, trabajar en la descentralización, ver los temas municipales, entender la lógica de las alcaldías indígenas, su representatividad, la idea de servicio y muchos temas más. De la misma manera que hace falta analizar el rol de los consejos de desarrollo y las gobernaciones departamentales. Es un paquete amplio. Y ello debe incluir, elecciones de medio periodo para diputaciones y alcaldías, a fin de no envenenar las presidenciales con estos aspectos.
En otro terreno, y ligado, ahora sí, a la ley electoral y de partidos políticos, superar la idea de los partidos como empresas electorales, feudos familiares y que estos no tengan la manga ancha de una ley que no es respetada por sus principales encargados, como son los magistrados del TSE que en el proceso que recién finalizó, no hicieron su tarea y son en gran medida los causantes del caos en que se invirtió el proceso electoral. Hay en ello mucha tela que cortar. Los partidos políticos no pueden ser, franquicias o microempresas. O se cambia esa visión y practicas que le acompañan, o la democracia guatemalteca no tiene futuro.
El AIDPI, el acuerdo de más profundidad en los firmados durante el proceso de dar fin al conflicto interno. Es acaso el menos abordado, olvidado y pendiente. Ahora tenemos un escenario favorable. En particular luego del levantamiento dirigido por los pueblos indígenas que sirvió como el mejor impulso a la democracia guatemalteca. Sin ello, se puede afirmar, el presidente electo hubiera visto frustradas sus aspiraciones o realmente cuestionada su victoria en las urnas. Otro escenario se hubiese planteado sin la emergencia de la resistencia indígena.
Están pendientes las reformas constitucionales previstas en los acuerdos del fin del conflicto. Es necesario decir que se encuentra a la orden del día una reforma constitucional con mayor alcance que lo previsto en la agenda que un día se denominó de la paz, y ahora puede ser considerada una agenda mínima para el desarrollo nacional. Intercambiando ideas con algunos amigos, en un momento, hubo una especie de figura que podría animar este aspecto: la fundación de una segunda república, para lo cual había que partir de un nuevo pacto constitucional.
A los temas que en ese momento se consideraron los más urgentes de abordar, hay otros que merecen ser abordados con profundidad y urgencia. La cuestión de los migrantes es central. De la misma forma que lo relativo a la minería de cielo abierto y el medio ambiente. Son parte de los problemas nacionales que ahora con un cambio de gobierno y la presencia de un partido progresista es posible de abordar. Quedan pendientes, eso sí, aspectos como el de la tierra productiva, las formas de generación de empleo, los salarios justos. Hay bastante por hacer.
En pocas palabras, las reformas a la justicia, la educación, la salud, la reforma política, y el rol de los pueblos indígenas en la vida nacional y en su institucionalidad, entre otros temas, constituyen el paquete que es un legado de una o varias generaciones que apostaron un el cambio en nuestro país. Entiendo que son cambios irrenunciables, que no constituyen una transformación absoluta, sino reformas al sistema actual, que permitan vivir en democracia sin temor a la barbarie, con derechos para todos, oportunidades para todos.
Los compromisos asumidos por Semilla en su plan de gobierno se inscriben en esta misma lógica, y de otra forma se ubican los mismos temas y parámetros que en la firma de la paz se visualizaron. “Pacto Nacional por la Educación Pacto Nacional por la Salud Pacto Nacional por el Desarrollo Pacto Nacional por el Medio Ambiente Acuerdo de bases para un diálogo constitucional”[1].
Aunque el nuevo contrato social, si se ve con la mirada puesta en 2056, podría no atender las urgencias de hoy, si se pueden entender las razones para plantearse un programa de largo aliento. Se pueden sentar las bases, pero sin perder el fondo y sin que ello sea una vía para no abordar el sentido mayor de una agenda mínima pero indispensable. En todo caso, entramos en una nueva fase.
