Desde el 21 de noviembre, autoridades ancestrales de Iximulew y organizaciones sociales instalaron un plantón en la 9ª calle y 7ª Avenida de la zona 1. Este nuevo punto fue tomado como respuesta al desplante del Congreso hacia las autoridades indígenas al no querer recibir un pliego de demandas. El plantón se levantó este lunes 4 de diciembre, las autoridades indígenas decidieron levantarlo y retomar la toma del Ministerio Público. Las autoridades también señalaron que algunos se retiran a sus comunidades para una reorganización y regresar en los próximos días.
Por Regina Pérez
Las autoridades indígenas que se mantenían en resistencia sobre la 7ª avenida y 9ª calle de la zona 1, desde el 21 de noviembre pasado, se levantaron este lunes para realizar una manifestación que recorrió varias calles del Centro Histórico de la ciudad Capital. Pasó por la Corte Suprema de Justicia y llegó al Ministerio Público. Catorce días después de su instalación, las autoridades ancestrales de Iximulew señalaron que varios de los que integraban el plantón conocido como Comunidad 7-9 se concentrarán frente al Ministerio Público para reforzar el apoyo a la toma frente a ese edificio y otros se regresarán a sus comunidades para dialogar, reorganizarse y retomar la protesta.
Pese a que el plantón fue levantado, las demandas sobre la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana se mantienen y se incluye una más: el veto del decreto 18-2023 que se refiere al Presupuesto 2024 aprobado por el Congreso la noche del jueves 30 de noviembre.
“Nosotros no llevamos más de 63 días de resistencia, nosotros llevamos más de 500 años luchando y exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos. Por lo tanto, no importa cuantos días falten para la toma de posesión, eso no hará ninguna diferencia, seguiremos en resistencia pacífica, seguimos hartos de la corrupción, exigimos un basta ya a todas las formas de actuar de los diputados que descaradamente toman decisiones”, señaló una de las autoridades de Iximulew al momento de iniciar la manifestación.
La toma alrededor del Congreso
La mañana del martes 21 de noviembre, autoridades ancestrales de Iximulew encabezaron una marcha que partió del parque Morazán, zona 2, hacia el Congreso de la República. El objetivo era entregar un pliego de peticiones a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, sin embargo, no fueron recibidos y más tarde se les vedó el paso.
Debido a la negativa del Congreso para recibirlos tomaron la decisión de instalar un plantón sobre la 7ª Avenida y 9 calles, a pocas cuadras del edificio legislativo. Ahora, a la toma se le conoce como Comunidad 9-7.
“Cuando llegamos acá no nos recibieron las demandas, nos obligaron a quedarnos aquí, entonces creamos nuestra comunidad 9-7”, dijo Rigoberto Juárez, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional, de Huehuetenango, uno de los rostros más visibles en este plantón que está ubicado a una cuadra de la Plaza de la Constitución y de la Catedral Metropolitana.
Juárez señaló que se refieren a este punto como una comunidad, porque “el ser humano no anda de manera individual, siempre anda en grupos y nosotros cuando llegamos no venimos solos, establecimos un punto de reunión en el cual coincidimos en nuestras acciones, nuestras aspiraciones, demandas, en el marco de lo que hemos estado llamando Paro Nacional Indefinido, que se inició el 2 de octubre”.
El Paro Nacional Indefinido al que se refiere es la movilización que encabezan las autoridades ancestrales de varios territorios que fue sumando varios apoyos con el paso de los días luego de los ataques del MP en contra del proceso electoral.
Su punto más importante está ubicado frente a la sede central del Ministerio Público (MP), en el Barrio Gerona, de la zona 1 de la capital, donde se concentran las caravanas y comitivas que viajan desde distintos puntos del país, para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
Esta resistencia cumplió dos meses y ha sido calificada por las autoridades indígenas como “la Revolución de las varas”, un movimiento pacífico de oposición al golpe de Estado.
La toma a dos cuadras del Congreso estaba integrada por un toldo principal, sobre la 7ª Avenida. Ahí hay un espacio improvisado donde las autoridades se reunían o descansaban. Frente a esa carpa ofrecían sus discursos y recibían a otras autoridades y representantes de sectores que querían pronunciarse sobre la situación nacional. Entre este espacio y el que usan como cocina también existía un sitio reservado para el altar y las ceremonias.
Sobre la 9ª calle había otra carpa hecha de nailon, donde algunos manifestantes descansaban, se protegían del sol y dormían A pocos metros, decenas de policías resguardaban esa calle que conduce a la 8ª Avenida, donde está ubicado el Congreso.
Santos Estuardo Alvarado, del Consejo de Autoridades de Chuarrancho, un municipio ubicado a hora y media de la capital, señaló que las autoridades de Iximulew, que aglutinan a más de 70 a nivel nacional, acordaron con quienes sostienen el plantón frente al MP realizar otro.
“Nuestra idea no era hacer el plantón en el Congreso, sino en otro lado”, señaló. El objetivo de esta resistencia es decirles a los diputados que la aprobación del proyecto de Presupuesto 2024, el antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la aprobación de leyes “Monsanto” y la que promueve la amnistía para militares, no son para el bien común sino solo beneficia a ciertos sectores, explicó Alvarado.
En tanto, la respuesta del Congreso ha sido la demostración de la fuerza al lograr que cientos de agentes, aunque podría ser miles según las cifras que la misma Policía Nacional Civil (PNC) ha dado, para resguardar a los diputados.
¿Por qué instalar un segundo plantón?
Gabriel Xi Paxam, una autoridad indígena de El Estor, Izabal, dijo: “Los diputados apruean un presupuesto que no va a favorecer a las comunidades indígenas, por eso estamos aquí, para exigir que no aprueben ese Presupuesto, porque no es de beneficio para nosotros, solo para ellos”, señaló.
Xi indicó que las comunidades de El Estor y otros departamentos están molestas y cansadas por la corrupción que realizan los congresistas, aprobando leyes que no favorecen a la población.
La autoridad indígena señaló que las comunidades están en abandono, las carreteras están en mal estado y la niñez reciben clases en mesas que los mismos padres y madres de familia proveen a las escuelas.
Las autoridades ancestrales de Izabal y del Valle del Polochic fueron las primeras en protestar afuera del Congreso pero fueron reprimidas por la policía la noche del 15 de noviembre, una muestra de lo que se vería alrededor del Legislativo en los próximos días.
Rigoberto Juárez, de las Autoridades Ancestrales de Iximulew explicó que la democracia en Guatemala no solo está siendo atropellada por el MP, sino que también destrozada por los diputados, el Ejecutivo y el Organismo Judicial. “Todas las instituciones están contribuyendo para destruir la democracia, están atentando contra las leyes del país, las acciones del gobierno son inconstitucionales”, indicó.
Por ello, al hablar de la defensa de la democracia, lo primero que demandaron fue la renuncia de Consuelo Porras, considerada una de las actoras que ha destruido el ejercicio del voto de la ciudadanía y es una demanda que no ha cesado.
Sin embargo, en el Congreso se realizan una serie de acciones que afectan al país, por lo que las primeras demandas no se excluyen en esta resistencia, dijo Juárez.
Por su parte, Nicté Caal, del municipio de Tactic, Alta Verapaz e integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que en las comunidades la población no tiene acceso a la educación y salud y, aun así, los diputados siguen restando asignaciones para esos temas.
Como respuesta, señaló Caal, las mujeres hemos permanecido en estas luchas, porque somos las que más vemos la realidad de las comunidades y de otras mujeres, de la niñez. El pueblo se ha cansado de las injusticias y estamos acá alzando la voz, y exigiendo que se respeten nuestros derechos, expresó.
Para Jorge González, autoridad indígena de Baja Verapaz, el objetivo del plantón se debe a que los diputados han aprobado un presupuesto con candados para el próximo presidente y, trasladar más presupuesto al MP, a pesar de que la población exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Otro de los objetivos, añadió, es insistir en la renuncia de estos personajes “que han hecho tanto daño a Guatemala”.
Este 30 de noviembre, en la última sesión ordinaria del Congreso, una mayoría de diputados aprobó el Presupuesto 2024, que reduce asignaciones para la salud, seguridad, alimentación y desarrollo social al tiempo que servirá para el pago de favores políticos.
El levantamiento de los pueblos indígenas
El levantamiento de las autoridades indígenas y ancestrales ha sido un suceso en la historia reciente de Guatemala que solo se había registrado en 1944 y 1839, según el arqueólogo Diego Vásquez Monterroso quien señala que esta irrupción de las autoridades tiene un alcance nacional y ha tenido el apoyo de sectores ladinos y urbanos.
Se trata de un movimiento con debilidades y fortalezas. Entre las fortalezas, el académico Demetrio Cojtí enumera que son actores políticos moderados y con experiencia en movilizaciones sociales que cuentan con el respaldo de sus comunidades y el haber abanderado la defensa de los resultados de las elecciones.
También señala la metodología de lucha como una fortaleza, que se manifiesta por convicción y no por conveniencia y la modalidad pacifica de las movilizaciones.
Por otro lado, algunas personas ven una división entre las autoridades a raíz de algunos desencuentros suscitados, división que Juárez niega.
“Ellos saben que vamos a establecer resistencia en cualquier parte del país, (…) están encargándose de mantener la resistencia en el MP y vienen a acompañar, igual como ocurre en el interior del país, cuando las autoridades visitan una comunidad, acá somos las autoridades (ancestrales de Iximulew) que estamos frente a esta nueva comunidad, y en Gerona son otras, pero no hay ninguna diferencia”, señala al explicar el motivo del segundo plantón.
Las autoridades ancestrales que están en Gerona pertenecen a Sololá, Totonicapán, el pueblo Xinka, Ixil y de Quiché, quienes también llegaron varias veces al lugar, cercano al Congreso, para expresar su apoyo.
El lunes 27 de noviembre fue notoria la presencia de las autoridades ancestrales del plantón de Gerona, quienes llegaron a la toma de la 7ª Avenida. Ahí Juárez y otras autoridades de Iximulew los recibieron.
El 29 de noviembre, Misrahí Xoquic, de la Alcaldía Indígena de Sololá llegó junto a los demás miembros de la corporación municipal y expresó que no se han dividido y que trabajan en conjunto desde el 2 de octubre. “Hoy más que nunca Guatemala está más unida, el pacto de corruptos intentó dividirnos pero jamás lo logró, no lo ha logrado, lo intentó con 48 Cantones, Sololá y otros”, reveló.
Rufino López Lorenzo, asesor del Consejo de Ancianos de la Alcaldía Indígena de Sacapulas, quien llegó desde el 21 de noviembre, manifestó que Guatemala ya despertó y que se está viviendo una unión grande en todo el país, ya no solo del pueblo Maya sino también el pueblo Xinka, Garífuna y mestizo.
“Que quede ante la historia que no nos quedamos con los brazos cruzados”
A sus 73 años, María Toj Medrano, una dirigente histórica del CUC, una organización que surgió a finales de los años 70, es una de las asistentes en el plantón el día 29 de noviembre. Por muchos años, decir su primer apellido, “Toj” fue un peligro para ella. Uno de sus hermanos, Baltazar, fue asesinado en Santa Cruz del Quiché, en 1980; un segundo, Francisco, fue desaparecido en 1983; y uno más, Emeterio Toj, fue secuestrado por el ejército en 1981 pero logró escapar.
Toj, una mujer bajita, que viste la ropa tradicional de las mujeres K’iche’, cuenta que antes de venir a la toma les dijo a sus hijos que asistiría aunque los diputados no tuvieran la voluntad política de trabajar para el pueblo, “por lo menos que quede ante la historia que nos no quedamos en la casa, con los brazos cruzados, lamentando, así como dice la canción, no basta rezar”.
También hizo un llamado a los diferentes sectores para hacer fuerzas, porque el beneficio que se logrará será para los hijos, nietos y tataranietos. La dirigente consideró que el llamado “Pacto de Corruptos”, como se le conoce a la alianza dominante en el país, está unido pero en contraposición las autoridades indígenas que están frente a la sede central del MP y han levantado la voz para rescatar la frágil democracia que hay en Guatemala.
María fue una de las personas que acudió a acuerpar la protesta, el 30 de noviembre, en los alrededores del Congreso, mientras los diputados estaban por conocer el informe de la Pesquisidora de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para retirarles el antejuicio. Durante la madrugada de este 1 de diciembre, con el voto de 108 diputados, se les retiró la inmunidad a Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco.
Represión y solidaridad
Al igual que en el plantón del MP, en la comunidad 9-7 se vieron numerosos gestos de solidaridad hacia los manifestantes que provienen de diversos puntos del país.
El martes 28 de noviembre, una familia de vendedores de alimentos, proveniente de San Andrés Iztapa, cocinó un cerdo en el nuevo plantón que se abrió sobre la 8ª Avenida y 8ª calle. Los vendedores, que no quisieron dar su nombre, indicaron que repartirían los platos a las personas que apoyaban a la protesta y que no compartirían con los corruptos.
“Guatemala está pasando una crisis democrática, estamos solidarizándonos con los compañeros porque sabemos que están exponiendo su vida, han dejado su tierra, sus siembras por luchar por la justicia, contra la corrupción que se vive en el país”, refirió una de las vendedoras sobre su colaboración.
Desde el norte del país, pobladores del área del Valle de Polochic, Alta Verapaz e Izabal, se han organizado en turnos de 24 horas para protestar, donaron 90 quintales de víveres, como arroz, frijol, Maseca, azúcar y sal, que dejaron en la cocina, informaron los organizadores.
Matilde Caal, originaria de Panzós, Alta Verapaz, de la organización Mamá Maquín, que lleva el nombre de Adelina Caal, quien fue masacrada en Panzós, en mayo de 1978 llegó a la resistencia desde el 21 de noviembre y desde entonces se integró a la cocina. Ella también forma parte de la directiva del CUC y, en 2012, su familia sufrió un desalojo de la comunidad donde vivía en el Valle del Polochic.
Antes de regresar a su comunidad, el 29 de noviembre, la mujer se despidió de las personas presentes y expresó que para ella fue una satisfacción haber contribuido en la cocina para preparar los alimentos para los manifestantes.
“El martes me integré a la cocina a preparar los alimentos de mis compañeros en resistencia, me siento contenta por eso, iré a visitar a mi familia, porque ya llevo 11 días acá”, contó.
En un espacio improvisado preparó alimentos para los tres tiempos de comida como fríjol y arroz. Como en la cocina de la resistencia que funciona en el MP, recibieron todo tipo de donaciones como huevos, azúcar y maíz, que es lo que más se consume.
Una familia proveniente de la zona 7, de apellidos Osorio Montúfar, de la colonia San Martín, llevó una donación de 100 refacciones al plantón, “para los compañeros que están luchando por la democracia”, señalaron.
En oposición a las muestras de solidaridad de la población, la Junta Directiva del Congreso solicitó el despliegue de cientos de agentes de la Policía que resguardan las calles aledañas al edificio. Los bloqueos de la PNC han causado enojo en los comerciantes de las cuadras anexas al Congreso, incluso en contra de los manifestantes.
Rufino López, asesor del Consejo de Ancianos de la Alcaldía Indígena de Sacapulas, Quiché, indicó que el martes 28 de noviembre, los propietarios de negocios se acercaron a ellos para preguntarles sobre una solución porque perdían clientes. “Nosotros respondimos, el bloqueo lo tiene la policía, no nosotros”, indicó López.
Ese día, las autoridades realizaron un recorrido por las cuadras donde estaban los agentes y se dieron cuenta que los congresistas entraban por la 8ª Avenida y la 8ª calle, razón por la que decidieron tapar esa ruta.
El exalcalde indígena de Sacapulas señaló que no pasó mucho tiempo para que llegaran antimotines a amenazarlos con desalojarlos, pero indicó que se defendieron y posteriormente llegaron delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y los ánimos se calmaron.
“Hemos estado aquí desde siempre”
Mientras a una cuadra de la segunda toma pacífica cientos de personas se divierten en el Paseo de la Sexta, instalado en la plaza de la Constitución, las autoridades indígenas de Iximulew reflexionan sobre el legado que esta lucha dejará y lo que hasta ahora han conseguido.
Santos Estuardo Alvarado, del consejo de Autoridades de Chuarrancho, quien se unió desde los 23 años en la lucha comunitaria para la recuperación de sus tierras comunales. Durante 13 años fue representante legal de su comunidad y ahora, a sus 37 años, pertenece al Consejo, un cargo vitalicio, por su trayectoria.
Alvarado consideró que lo que han logrado los pueblos indígenas hasta ahora ha sido una articulación y el apoyo de sus bases que los han acuerpado en estas luchas, sumado al interés de otros guatemaltecos que han venido a mostrar su solidaridad con ellos. “Es una acción histórica, hemos logrado la articulación de los pueblos que sí estamos a favor de la democracia”, señaló.
María Toj, del CUC, se refiere a los 48 Cantones de Totonicapán y las autoridades indígenas de Sololá como “la voz de vanguardia” a los que se unieron los K’iche’ y otros departamentos como San Marcos, Chimaltenango y Huehuetenango que han contribuido al despertar público.
Es la unidad que tanto esperábamos, no veíamos la luz en el túnel, con este levantamiento de la sagrada vara que hicieron, nos unieron y se han ganado el gran respeto de todos, indicó Toj, quien se refiere a ellas como “las máximas autoridades”.
Para Rigoberto Juárez, el liderazgo de las autoridades indígenas que se está observando no es nuevo. “Nuestros pueblos, las comunidades, las nacionalidades originarias hemos estado aquí desde siempre y la organización ancestral ha sido permanente y no es casual, hoy se suma a la ciudad, quizás lo novedoso es que son las autoridades indígenas las que convocan para permanecer aquí y ese ejercicio se traslada a la ciudad”, dijo.
Juárez también refiere que las autoridades indígenas han sido interlocutoras en sus comunidades. “El problema es que el racismo estructural ha dañado tanto a Guatemala y eso no ha sido capaz de visibilizar la labor importante de las autoridades y su aporte a este sistema, ¿Quién mantiene la armonía en la convivencia en las comunidades? Este Estado no tiene presencia”, dijo.
La autoridad indígena hizo notar que en la ciudad no existe la gobernabilidad, “lo único que hacen es reprimir, tienen la represión en su cabeza, eso no es gobernabilidad, en cambio en nuestras comunidades hay gobernanza y gobernabilidad”, concluyó.
