El audio de la audiencia en la que el Ministerio Público criminalizó a estudiantes, profesionales, trabajadores de la resistencia universitaria y personas ajenas a la USAC confirma que el juez analizó de manera exprés la documentación que le entregó la fiscalía para girar las detenciones y los embargos de sus cuentas.
Por Alexander Valdéz
El juez décimo penal “A”, Víctor Cruz, necesitó únicamente 30 minutos para autorizar las 27 órdenes de detención contra seis de los estudiantes, trabajadores y profesionales que fueron detenidos el pasado 16 de noviembre, señalados de diferentes delitos por haberse pronunciado o haber participado en el movimiento universitario que rechazó la imposición de Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Lo anterior se acredita en el audio de la audiencia unilateral entre el fiscal Saúl Sanchez y el juez Cruz. En la diligencia, el fiscal expuso por lo menos 317 medios de investigación, que fueron “analizados” de manera exprés por el juzgador al momento de autorizar la solicitud del fiscal.
Según el audio al que tuvo acceso Prensa Comunitaria, se confirma que en esa audiencia la fiscalía explicó al juez los motivos por los que inició el expediente y contra quiénes iba dirigida la investigación. Además, de pedir las autorizaciones judiciales.
“El objeto es solicitar 27 órdenes de captura señor juez, y también solicitar siete órdenes de allanamiento, en síntesis es solicitar órdenes de aprehensión, órdenes de arraigo, diligencias de allanamiento, inspección y registro y secuestro evidencia en el presente caso, también el embargo de productos financieros en el sistema financiero guatemalteco”, dijo el fiscal al juez del Cruz en audiencia del 14 de noviembre.
Así se desarrolló la audiencia:
En la diligencia, el fiscal asegura que confirmó que las personas mencionadas en la investigación sí eran parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala; profesores alumnos, sindicalistas, además de personas ajenas a la universidad como el de los integrantes del partido Movimiento Semilla. Y que el Ministerio Público (MP) había llegado a una conclusión, que la USAC fue tomada hasta días antes de las elecciones y que la intención era catapultar candidaturas a presidente y vicepresidente, alcaldes y diputados y otros cargos de elección popular de los partidos Movimiento Semilla, Winaq, VOS y MLP. Aspectos ya mencionados en la audiencia de primera declaración.
Escuche el audio de la audiencia acá:
El MP presentó este caso el 16 de noviembre. De las 27 órdenes de detención únicamente se ejecutaron seis. El caso USAC ha llamado la atención nacional e internacional por ser una muestra de la judicialización de quienes se oponen al fraude en la elección a rector y que además va dirigido en contra del proceso electoral por parte de Consuelo Porras, ya que la investigación también está dirigida contra el binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, excandidatos y diputados del Movimiento Semilla.
Juez ligó a proceso a los detenidos
El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz, incluido en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos, ligó a proceso a las seis personas por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada y usurpación agravada en forma continuada y dictó falta de mérito por asociación ilícita y sedición.
Asimismo, les concedió medidas sustitutivas ya que sus abogados desvanecieron la posibilidad de que hubiese peligro de fuga u obstaculización de la investigación, mediante la presentación de cartas de recomendación, recibos de servicios que acrediten el lugar de la residencia y antecedentes penales y policíacos.
Tres días después de ese fallo, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural apeló la falta de mérito que el juez dictó en los delitos de asociación ilícita y sedición a favor de las seis personas que están siendo procesadas en el caso “Toma de la Usac: Botín Político”, así como las medidas sustitutivas de las que gozan.
Con ese recurso legal la fiscalía no solo busca agregar delitos a los sindicados, sino que Marcela Blanco, Javier de León, los profesores Eduardo Velásquez y Alfredo Beber, el sindicalista Jorge Macario y el decano Rodolfo Chang vuelvan a prisión preventiva, esto pese a que estuvieron 11 días encarcelados, tras ser detenidos el 16 de noviembre.
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Tras binomio presidencial electo
Después de haber anunciado el caso, la fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, así como de los diputados Samuel Pérez y Raúl Amílcar Barrera Robles, del partido Semilla; Carlos Barreda, de VOS; y Adán Pérez y Pérez, del partido Winaq.
La solicitud para investigar a los funcionarios se fundamenta únicamente en publicaciones de redes sociales, en las que los señalados se pronuncian a favor de la toma de la USAC, que surgió a raíz del fraude en la elección de la autoridad universitaria.
Dicha acción solo buscaría impedir que el binomio presidencial electo asuma la dirección del Organismo Ejecutivo el próximo 14 de enero.
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El MP pide retirar la inmunidad a Bernardo Arévalo y Karin Herrera
Testigo acusó a estudiante por su trabajo como periodista
El Diario La Hora publicó que en la declaración que rindió el director general administrativo de la USAC, Luis Pedro Ortiz, en calidad de testigo, señaló a Engelberth Blanco, reportero de ese medio y que tiene orden de detención vigente, por su trabajo como periodista y no por ser estudiante de esa casa de estudios.
La publicación destaca que Ortiz dijo a la fiscalía que el estudiante y periodista de ese medio de comunicación, escribió dos notas sobre la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ortiz es un excandidato de la UNE.
