La exmandataria de la CICIG ha estado detenida en Mariscal Zavala desde el pasado 28 de agosto. La persecución en su contra inició por haber estado al frente de la investigación por tráfico de influencias contra la magistrada Blanca Stalling.
Por Alexander Valdéz
La Sala Primera de Apelaciones envió al Juzgado Décimo Penal el expediente con la orden para liberar a la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, quien cumple más de 70 días en prisión preventiva por un caso que el Ministerio Público (MP) inició en su contra por haber dirigido el proceso de supuesto tráfico de influencias contra la magistrada, Blanca Stalling.
La resolución fue notificada el viernes de la semana pasada y solo estaba pendiente que el expediente regresara con el juez Jimi Bremer para que el fallo de los magistrados fuera acatado. Ahora el juzgador tiene un plazo de tres días para programar la audiencia donde deberá conceder arresto domiciliario a la abogada anticorrupción.
“A partir de hoy, el juzgado décimo, tiene tres días para cumplir con lo ordenado por la Sala de Apelaciones y otorgar libertad a Claudia González”, escribió en la red social “X”, Flor Gálvez, abogada que apoya en la defensa de su excompañera.
A partir de hoy, el juzgado décimo, tiene 3 días para cumplir con lo ordenado por la Sala de Apelaciones y otorgar libertad a Claudia González. #NosQueremosLibres#LibertadParaClaudia pic.twitter.com/iyT4cPVviy
— Flor Gálvez (@FlordeMariaGalv) November 15, 2023
Las medidas sustitutivas otorgadas a la abogada fueron las siguientes: a) arresto domiciliario sin vigilancia alguna; b) la obligación de presentarse cada quince días al Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala a firmar el libro respectivo y c) la prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado.
Sala revocó la prisión preventiva
La abogada González fue detenida el pasado 28 de agosto, pero la audiencia de primera declaración finalizó casi un mes después. La incomparecencia del Ministerio Público y de la representación de Stalling retrasó la conclusión de esta primera etapa penal. Desde entonces ha permanecido detenida en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala.
La semana pasada los magistrados aceptaron el recurso de apelación que presentó la defensa de la abogada y ordenaron concederle medidas sustitutivas a la prisión preventiva decretada por el juez Jimi Bremer, considerado por Estados Unidos como un actor que socavó procesos o instituciones democráticas.
“Por cumplirse con los requisitos de ley para la aplicación de otra medida menos grave para la sindicada Claudia González Orellana, tal y como se analizó anteriormente, y que el delito por el cual se le procesa no se encuentra dentro de las prohibiciones que la ley establece para beneficiarla con el otorgamiento de medidas sustitutivas este Tribunal de Alzada en uso de las facultades que la ley le confiere, revoca el auto impugnado y, otorga las medidas sustitutivas…”, dice la resolución de la Sala a favor de González.
Entérese más aquí:
Sala concede libertad condicional a la abogada anticorrupción Claudia González
Un mes de criminalización
El MP señala a la abogada del delito de abuso de autoridad, y el juez Jimi Bremer, sancionado por el Departamento de Estado, de EE.UU., decidió ligarla a proceso el 22 de septiembre, pese a que es un delito que supuestamente cometió cuando investigaba a la citada magistrada.
Según los abogados defensores, ese delito sólo se le puede imputar a funcionarios o empleados públicos. Al momento en el que la abogada participaba en la investigación no gozaba de esa calidad, porque trabajaba para la extinta CICIG.
La denuncia de Stalling, además de González, incrimina a los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Siomara Sosa, y al exjuez Carlos Ruano, quien fue presionado por la magistrada para que favoreciera a su hijo en un caso de corrupción.
A partir de la denuncia del juez Ruano surgió la investigación en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el caso fue cerrado por el juez Víctor Cruz, quien también es considerado (al igual que Stalling) un actor antidemocrático y corrupto por el gobierno de Estados Unidos.
